Universidad Veracruzana: Entre lo Insólito y la Legitimidad / II

La UV vive días aciagos. Su autonomía ha sido violentada por sus propias autoridades. Se interrumpe un proceso de desarrollo institucional en todos sus ámbitos, mismo que está próximo a cumplir tres décadas de vida, cuando los poderes ejecutivo y legislativo de esa entidad federativa le confirieron a la comunidad de esa institución ser los “arquitectos de su propio destino”. Como se mostró aquí la semana pasada, una estratagema de procedimiento, disfrazada con ropajes jurídicos, pretende ser el vehículo para apoderarse de la Universidad. Dicho “procedimiento” no tiene antecedente en toda la historia de la autonomía universitaria del país. Aún se está a tiempo para que, en esa secuencia: a) el propio gobierno universitario y su máximo órgano colegiado corrijan o se desistan de continuar en ese obtuso camino; b) el Poder Judicial de la Federación otorgue la protección constitucional correspondiente.

La esencia de la legalidad.
Lo expresado aquí la semana pasada sobre esa situación (la falsa disyuntiva entre designación versus prórroga) en torno a la legalidad del procedimiento aceptado por la Junta de Gobierno, puede resumirse en una regla básica del orden jurídico nacional: el Estado mexicano basa la actuación de sus distintos órdenes de gobierno (federal, estatal, municipal) y poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) en el principio de facultadas expresas. Esto se refiere a un sistema establecido en la Constitución de la República en el cual los órganos de gobierno, y todas sus autoridades, solamente pueden actuar dentro del límite de las atribuciones y facultades que, expresamente, les han sido conferidas.

La Constitución del estado de Veracruz, la Ley de Autonomía, la Ley Orgánica, e inclusive el Reglamento de la Junta de Gobierno, no contemplan un procedimiento como el que se ha aplicado ahora: no designar rector sino prorrogar su mandato; y no realizar una consulta directa a la comunidad sobre las preferencias en torno a la designación del rector. Los tres aspirantes al puesto, ahora relegados por la Junta de Gobierno, han señalado ese desatino con claridad: a) se está utilizando “un procedimiento que no existe en la legislación…”; b) “la Junta actúa fuera del marco legal y realizó una interpretación a modo y sesgada…”. En función de estos elementos, dos de los aspirantes han interpuesto amparos ante jueces de distrito, precisamente, por un procedimiento que no tiene sustento expreso en la legislación aplicable.

Legislación, tradición y gobernabilidad. Un paréntesis que puede ayudar a entender lo anterior es el que ahora se expone. La autonomía universitaria de la UV, implantada en 1996, siguió el modelo de la Ley Orgánica de la UNAM de 1945. Una Junta de Gobierno, integrada por personas de reconocida capacidad académica y solvencia moral (la de la UV dice, en la Ley de Autonomía, que sus miembros deben reunir requisitos como los siguientes: ser persona honorable y de reconocido prestigio; miembro destacado de la comunidad académica, estatal o nacional; haberse distinguido en su especialidad) fue la solución para la enorme inestabilidad que en ese cargo tuvo la Máxima Casa de Estudios entre 1929 y 1944 (se sucedieron 10 rectores en ese lapso). La UV adoptó esa misma figura medio siglo después y sus tres primeros rectorados se postularon para un segundo periodo, siendo designados una vez que comparecieron ante la Junta, al igual que lo hicieron otros candidatos. Así ha sido el procedimiento en una y media docena de universidades (federales o estatales) en que existe la posibilidad de un segundo periodo de gestión y cuya designación recae en una Junta de Gobierno o equivalente.

Prestigio y peligro institucionales. La UV es una institución de prestigio. Desde hace años está situada en un quinto o sexto lugar nacional, según varios de los rankings de mayor reconocimiento. Dispone de una oferta académica enorme, aún mayor que la de la UNAM: 372 programas de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, con un reconocimiento a su personal académico. De ahí que, ante esa importancia, la idea de que todavía se está en tiempo de desistir del precipitado camino adoptado para renovar la rectoría de la institución, resulte plausible.

Una referencia personal: participé desde los momentos previos de la autonomía, invitado por el rector Emilio Gidi, con conferencias y escritos que pusieron de relieve la importancia de adoptar esa personalidad jurídica, cuando el gobierno estatal había dado bandera verde para ello. Fue el propio cuerpo de gobierno de la Universidad el encargado de elaborar los borradores de la nueva normatividad, antes que el Ejecutivo estatal los convirtiera en Iniciativa para que fueran discutidos y aprobados por el Congreso del Estado.

Una vez realizado esto, el Consejo Universitario designó a los miembros de la Junta de Gobierno que, a su vez, eligiría al nuevo rector. Ante las candidaturas presentadas, algunos miembros de la Junta manifestamos extrañeza, dado que el rector de ese tiempo (en amplia medida artífice e impulsor de la autonomía) no se presentaría como candidato a un segundo periodo. Inquirido al respecto (seguramente, su designación hubiese sido aprobada de manera unánime), y con toda seriedad, dijo algo como lo siguiente: me gustaría mucho quedarme, ha sido (la rectoría) una experiencia muy grata, seguramente la mejor de mi vida y trayectoria profesional, PERO SI USTEDES ME DESIGNAN, LA AUTONOMÍA NO SERÁ CREÍBLE.

El prestigio personal y su fragilidad. El actual rector, el Dr. Martín Aguilar, fue designado cuatro años atrás con base en una destacada trayectoria académica. Realizó estudios formales en la UV, UNAM, UAM, Universidad Pierre Méndez France (en Francia). Asimismo, participó en estancias y docencia como profesor invitado en distintas instituciones de Francia, España y Colombia. Igualmente ocupó puestos relevantes dentro de la propia UV. Su designación fue plenamente aceptada por la comunidad. Sorprendió enormemente, por tanto, su repentina decisión de postularse para un segundo periodo, eludiendo el requisito de la edad bajo una figura jurídica inexistente en la legislación. Pero, la sorpresa mayor ha sido la aceptación de ese procedimiento, el de la prórroga de mandato, por parte de la Junta de Gobierno.

Esa acción del rector, repentina y abusiva, suscitó de inmediato la protesta de distintos grupos de la comunidad. Actualmente la protesta ha asumido perfiles de repulsa. Por un lado, un buen número de antiguos y distinguidos miembros de la propia Junta; por otro, la creación de la Red Universitaria por la Legalidad, con el propósito de difundir y oponerse a la decisión ya adoptada con el procedimiento ilegal de prórroga de mandato.

Conclusión:
De todo lo expuesto, lo de la semana pasada y lo de ahora, pueden destacarse cuatro aspectos:

• La semana pasada se dijo que fue una sorpresa la muy tardía decisión del Dr. Aguilar para permanecer en el cargo. Propuso un procedimiento al margen de la normatividad, tratando de eludir el requisito de la edad. Este requisito está ampliamente superado por la realidad: a) cuando la UNAM adoptó los 70 años como límite, el término medio de vida en el país era de 45 años. En 1996 ya se había elevado a 71; b) el Artículo 1º de la Constitución considera como una violación a los derechos humanos la discriminación motivada por la edad y, según se indica: “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia indivisibilidad y progresividad”.

• En función de lo anterior, una eventual salida política al presente conflicto sería reconocer: a) el cambio radical de la esperanza de vida (75 años en 2025); b) la pertinencia de lo inscrito en ese dispositivo constitucional para promover una eventual reforma de la Ley Orgánica. Lo antes expresado supondría una renuncia del rector a lo ya resuelto por la Junta. Significaría canjear la cuestionadísima prórroga, posponiendo la expectativa de un nuevo mandato de cuatro años y sometiéndose a un procedimiento que le diese plena legitimidad. Todo esto a futuro y aplicando una buena dosis del “arte de lo posible”, como se define a veces a la política.

Independientemente de un destinatario específico, una característica esencial de la ley es su abstracción. Por ello una eventual reforma a la Ley Orgánica, modificando la edad límite, beneficiaría a varios potenciales candidatos, permitiendo dar vigencia a lo que también ya menciona ese Artículo Primero de la Constitución: “queda prohibida toda discriminación… que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas” .

• Los legisladores de la Ley Orgánica de la UNAM de 1945, que fueron los propios universitarios organizados en un Congreso Universitario Constituyente, nunca mencionaron un procedimiento como el que ahora, desafortunadamente, han inaugurado el rector y la Junta de Gobierno de la UV. De igual manera, entre los prolegómenos de lo que podría ser la autonomía de la UV (incluido los comentarios en el Consejo Universitario, las Iniciativas del gobernador Chirinos y las discusiones en el Congreso Estatal en torno a la Ley de Autonomía y a la ley Orgánica) la idea de prórroga nunca estuvo presente.

• Algunos aún tenemos la esperanza, o el deseo, para que el Dr. Aguilar tuviese ese gran gesto de renuncia, o no continuar, aquel que en su momento tuvo el rector Gidi. Es necesario ahora, más que nunca, para que la autonomía de la UV siga siendo creíble.

• La UV está en una situación parecida a la que, en aquellos tiempos difíciles de la Guerra Civil Española, el rector de la Universidad de Salamanca, don Miguel de Unamuno, le expresó al representante del gobierno golpista de Franco: “Venceréis… pero no convenceréis”