Tres años después

El recuento de lo realizado en materia científica y tecnológica no ha sido ni es parte de la narrativa de logros en los resonantes informes de gobierno. Sí, ahí están las repetidas menciones sobre la entrega de becas y… nada más. Pero ni eso se sostiene. El panorama en el sector muestra que, en realidad, hoy tenemos menos de lo que habíamos alcanzado y problemas donde no los había.

Al cumplir su primer año de gobierno, el 1 de diciembre de 2019, el presidente López Obrador dijo: “avanzamos en apoyar con recursos a universidades y centros públicos de investigación. Este año el Conacyt ha destinado 2 mil 253 millones de pesos a ciencia básica o de frontera; además, se otorgaron 24 mil 453 becas nuevas a estudiantes de posgrado”.

El mensaje de AMLO, en este año, en su reciente tercer informe de gobierno, a la mitad de su gobierno, volvió a repetir: “hemos aumentado en nueve mil 370 las becas de posgrado e investigadores para llegar a un total de 125 mil 816 y recientemente se amplió al doble el número de médicos que recibirán una beca para cursar una especialidad en el país o en el extranjero…”.

Sin embargo, ni para la educación superior ni para ciencia y tecnología tenemos más recursos financieros. A pesar de que el presidente, antes de comenzar su periodo de gobierno, se comprometió a incrementar los recursos a las instituciones de educación superior o que, en el peor de los casos, conservarían su nivel porque nunca tendrían un presupuesto por abajo de la inflación, lo cierto es que ha incumplido su promesa.

La reforma del artículo 3º de mayo de 2019 estableció la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior, pero no hay recursos para garantizarlas. El gasto federal por alumno en educación superior sigue cayendo: hace una década era de poco más de 70 mil pesos, actualmente es de alrededor de 50 mil pesos.

El panorama no es mejor en el sector de ciencia y tecnología, el ramo 38 el que ejerce centralmente el Conacyt disminuyó sistemáticamente en los tres años anteriores y apenas parece repuntar. En 2018, en términos nominales, tenía 32 mil millones de pesos, este año alcanzó 30 mil millones y para el año 2022 se tienen previsto 34 mil millones de pesos. Obviamente si se considera el efecto de la inflación no hay tal aumento.

Las cifras con las becas de posgrado tampoco están para festejar. Hoy, ni forzando los datos, tenemos un mayor volumen. Los datos más recientes muestran que en 2018 el Conacyt administraba 55 mil 962 becas para estudios de posgrado (52 mil 649 nacionales y 3 mil 313 para el extranjero). Para 2021 administra 54 mil 227 (51 mil 706 nacionales y 2 mil 521 para el extranjero). No solamente se otorgan menos becas, también debemos considerar que cada año aumenta el número de jóvenes que buscan cursar un posgrado.

Ni hablar de los aplazamientos en las convocatorias de becas regionales o para el extranjero. O bien, de los retrasos en la entrega de los apoyos para becas de movilidad, para los becarios de fondos especiales o para algunos de los grupos vulnerables que se han inconformado públicamente al respecto.

Solamente los miembros del Sistema Nacional de Investigadores aumentaron: se añadieron 6 mil 500 investigadores más, respecto de los que había en 2018. Una tendencia que es similar a la observada en la última década. Sin embargo, como ha sido público, los cambios en el reglamento de ese sistema, la integración de sus comisiones dictaminadoras y la ambivalencia con los investigadores de instituciones particulares, han sido lo sobresaliente.

A la fecha, aunque normativamente debió ser publicado en enero del año 2020, tampoco existe el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación que debe regir las acciones en el sector. Una situación similar ha ocurrido con la Ley General del sector, la cual debió promulgarse hace casi un año y pues todavía no hay nada.

Los estragos que causó y sigue causando la desaparición de fideicomisos públicos en el sector han sido inocultables. La gestión en Centros Públicos de investigación se ha visto trastocada y los proyectos de investigación que dependían de fondos mixtos, sectoriales e institucionales simplemente quedaron en el aire. Las ministraciones se suspendieron sin mayor miramiento ni consideración.

En estas circunstancias no son de extrañar los problemas en el sector ni los desencuentros entre autoridades, académicos, estudiantes y científicos en los pasados tres años. La reactivación de sindicatos en los Centros Públicos de Investigación, la formación de nuevas organizaciones gremiales (como Siintracatedras), la intervención de la Fiscalía General de la República, los amparos, los pleitos en los tribunales o el movimiento estudiantil en el CIDE, forman un inventario de problemas donde no los había. ¿Continuará lo mismo en la siguiente mitad? Todo parece indicar que sí.

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Pie de página: La directora del Conacyt anunció que a partir del año próximo se cancelarán las colegiaturas y cuotas que pagan los estudiantes de todos los Centros Públicos de Investigación (CPI). Nada mal para atemperar el conflicto con el movimiento estudiantil. El problema es que no aumentarán los recursos de los CPI que compense lo que dejarán de percibir, así que el presupuesto por alumno seguirá cayendo y ya sabemos el deterioro que producirá.