Desde finales del siglo XX, la economía mexicana padece una prolongada fase de lento crecimiento del PIB, cuyos efectos más perniciosos son la ampliación de las brechas de desigualdad entre las diversas regiones y actividades económicas del país; el crecimiento lento de la productividad y del empleo formal en la mayoría de las actividades económicas; la expansión de la economía informal, así como la persistencia de elevados niveles de concentración del ingreso y la riqueza. Los cambios en la política económica impulsados por la llamada “cuarta transformación”, no han logrado revertir el lento crecimiento de la economía mexicana -del orden de 2 por ciento, registrado en el periodo 1994-2018, sino que profundizaron el estancamiento económico, si se considera que en el periodo 2019-2025 el producto interno bruto creció, en promedio, a una tasa inferior al 1 por ciento anual.
Diversos organismos, nacionales e internacionales, así como especialistas en economía y finanzas -incluso la propia SHCP y el Banco de México- estiman que en 2026, debido a factores internos y externos, la economía mexicana mantendrá muy bajos niveles de crecimiento, de tal forma que es muy previsible que en sus primeros ocho años los gobiernos de la “cuarta transformación” reportarán una tasa promedio de crecimiento del producto interno bruto por habitante, cercano a cero, lo que significa que México se ubicará en el escenario de una nueva “década perdida”.
En ese contexto, debe aquilatarse como acierto la iniciativa lanzada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para escuchar la opinión de un grupo destacado de economistas -la mayoría formados en Universidades Públicas mexicanas- sobre las causas del lento crecimiento de la economía mexicana y pulsar las acciones que –a juicio de los especialistas- se deberían llevar a cabo para destrabar los factores que actualmente frenan la productividad, la inversión productiva, el empleo y el ingreso en el sector formal, con un enfoque regional.
Por la información circulada en medios de información, la mayoría de las opiniones de los economistas y especialistas fueron muy claras y contundentes: la insuficiencia de inversión pública y privada; el elevado tamaño de la deuda y déficit fiscal; los niveles insuficientes de ahorro interno, y el elevado costo del financiamiento; la falta de una política industrial nacional con visión de largo plazo y la incertidumbre provocada por la política arancelaria de EUA y la inminente revisión del TMEC, entre otros.
Sin embargo, según parece, se ha omitido profundizar en un tema crucial para México: las debilidades estructurales del sistema de educación, ciencia, tecnología e innovación. En particular, las distorsiones del sistema y del modelo educativo, que se expresan en elevados niveles de abandono escolar, sobre todo en el tránsito de la educación secundaria a la educación media superior; en el trayecto de la educación media superior y en el tránsito de ésta a la educación superior.
En fecha reciente, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) presentó su Programa Institucional 2025-2030, el cual incluye datos que confirman la magnitud del fracaso del sistema educativo mexicano. El INEA reporta la estimación oficial más reciente de la población mexicana en condición de rezago educativo: se calcula que en el año 2024, alrededor de 53 millones de mexicanas y mexicanos no sabían leer ni escribir (4.1 millones); no habían concluido los estudios de educación primaria o secundaria (23.5 millones), o no contaban con estudios, parciales o concluidos de educación media superior (25.4 millones). Es decir, actualmente poco más de 40 por ciento de la población mexicana no tiene posibilidades de ejercer su derecho constitucional a la educación. Tal condición restringe también sus posibilidades de acceder o de ejercer otros derechos sociales; como también de contribuir activamente al desarrollo nacional.
Eso significa que, al término del primer cuarto del siglo XXI, en plena era de la llamada “sociedad y economía del conocimiento”, México enfrenta graves problemas estructurales en su sistema educativo que lastran de manera severa el crecimiento sostenido y equilibrado de la economía mexicana y limitan las posibilidades de impulsar de manera sostenida el bienestar social y el desarrollo integral y sostenible del país.
Los indicadores educativos que publica la Secretaría de Educación Pública (SEP) muestran las limitaciones y distorsiones que el sector educativo impone al desarrollo nacional: en la más reciente generación (2008-2024), de cada 100 niñas y niños que ingresaron a educación primaria, sólo 32 lograron concluir la educación superior; asimismo, se estima que sólo una de cada cuatro personas en edad y condición de trabajar, tiene estudios, parciales o concluidos, de nivel superior.
Numerosos estudios confirman que la baja escolaridad de la población limita sus posibilidades de inserción laboral y, por lo tanto, de ingreso monetario digno; y de acceso a niveles mínimos de bienestar. Los estudios realizados por el INEGI, muestran la dramática realidad que vive la población mexicana en edad laboral: en el tercer trimestre de 2025, 37.5 por ciento de la población ocupada, es decir, 23 millones de personas laboran en condiciones de extrema precariedad, con ingresos inferiores al mínimo legal y sin prestaciones sociales; y se estima que 33.7 millones de personas; equivalente a 55 por ciento de la población ocupada labora en el sector informal de la economía. Ciertamente, México es uno de los países con menor desocupación –que no desempleo-, pero es también uno de los países con menores niveles de crecimiento de la productividad laboral; y en donde la población subsiste con los mayores niveles de subempleo; es decir, de empleo precario.
Los economistas consultados por la Presidenta CSP acertaron en sus diagnósticos, al identificar la baja tasa de inversión, privada y pública -respecto al PIB- como uno de los factores que explican la baja tasa de acumulación y, por tanto, los magros niveles de crecimiento de la producción y el empleo permanente en los sectores estratégicos de alta productividad. Sin embargo, seguramente en los siguientes encuentros completarán el diagnóstico, ya que una condición indispensable para el crecimiento económico con bienestar y desarrollo sostenible, consiste en incrementar la tasa de inversión en educación, ciencia, tecnología e innovación, que en la última década registran descensos incompatibles con las necesidades y aspiraciones de un proyecto de Nación democrático, justo y soberano.
Roberto Rodríguez Gómez
