Presupuesto 2026: en vísperas/ II

Presupuesto 2026: en vísperas/ I

1• El próximo lunes se presentará ante el Congreso de la Unión el Proyecto de Presupuesto Federal de Egresos para 2026 (PEF). Como se dijo en la primera parte, el panorama se vislumbra difícil para los sectores de educación, ciencia y cultura, toda vez que tuvieron una baja real en sus asignaciones durante el pasado sexenio. En el espacio de la educación superior, la reducción acumulada en ese lapso fue de 30 por ciento en términos reales (descontada la inflación). Cuatro rubros presupuestales que deben solventarse necesariamente dentro del gasto programable de la Administración Pública Federal (los programas sociales, los apremios de Pemex, las pensiones y la consolidación fiscal) limitan severamente la recuperación que debieran tener aquellos sectores. De manera significativa en la educación superior nacional, misma que de acuerdo con la trascendental reforma al artículo 3o. se considera un derecho social cuya obligatoriedad “corresponde al Estado”, debiendo éste garantizar la gratuidad de la misma para el estudiantado. A seis años del compromiso situado en la Carta Magna no hay avances.

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2. ¿Qué vendrá en el PEF del próximo año? Enrique Quintana indica que no se esperan grandes sorpresas al respecto (El Financiero, agosto 20). Los Precriterios de Política Económica, dados a conocer por la SHCP en abril, contienen ya elementos que previsiblemente se reiterarán en el PEF. Empero, algunos datos publicados en las dos últimas semanas pueden generar pequeñas variaciones que, la voluntad de la SHCP y los legisladores, pudieran priorizar con efectos positivos para los tres sectores. Entre los datos más importantes: a) la baja inflación, anualizada a julio pasado es de 4.32 por ciento, la menor en casi cinco años; b) el Banco de México anunció la semana pasada una mejoría en la estimación del crecimiento económico, el cual alcanzaría un 1.1 por ciento para este año, aunque distante del intervalo 1.5 – 2.3 por ciento; c) Los Requerimientos Financieros del Sector Público (lo que debe pagarse por los intereses de la deuda pública) tienen un incremento de 11.4 por ciento real al cierre de julio, respecto al año pasado (Comunicado 39 de SHCP), no obstante aún dentro de lo previsto para todo 2025: 1.22financiero billones; d) las cantidades previstas para las pensiones (en el primer semestre se elevan ya a un billón de pesos).

3. El día de su Toma de posesión la presidenta Sheinbaum, ante un Zócalo pletórico, dio a conocer las “Cien Acciones de Gobierno”, documento de compromiso para las políticas públicas del sexenio. Un buen número de aquellas quedaron ya fijadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, en este último no se incluyó mención alguna a la obligatoriedad del Estado y a la gratuidad para los estudiantes que cursen la educación superior pública. Dos artículos transitorios del 3o. Constitucional condicionaron su aplicación en dos aspectos: gradualidad y cumplimiento progresivo.

4. En campaña, la doctora Sheinbaum asumió un enorme reto: “garantizar todos los programas sociales del presidente López Obrador y todos los programas a que nos hemos comprometido”. Si esto se remite a los Precriterios 2026, se observa que en los 19 programas prioritarios del eje “Desarrollo con Bienestar” tampoco hay mención alguna a lo que fue la Reforma Constitucional al artículo 3º. en la educación superior (obligatoriedad para el Estado y gratuidad para los estudiantes).

5. Esa temática, obligatoriedad y gratuidad fue ampliamente debatida en el Senado al abordar la fracción X del Artículo 3o. Sorprendentemente, se dio una coincidencia de pareceres entre un legislador de Morena (Martí Batres) y varios del PAN. Esos pareceres siguen estando vigentes, lo que permite ilustrar una disyuntiva y debate perennes en torno a las prioridades en materia presupuestal: una atención principal a lo previsto en la Carta Magna, o a las políticas públicas de cada sexenio por trascendentes que sean. Así, el senador Batres insistió y propuso eliminar la frase que se repite en ese y otros artículos: “de conformidad con la disponibilidad presupuestaria”, ya que “el criterio general de derechos humanos, por lo que corresponde al alumnado, es no supeditar los derechos sociales a la disponibilidad presupuestaria, sino establecer los derechos y buscar los recursos para cumplir con los compromisos”. De igual manera, los legisladores del PAN coinciden: “¿qué sentido tiene establecer un derecho social, una garantía? si esta garantía va a demorar no se sabe cuándo”.

6. Todo lo anterior puede resumirse en un interrogante: ¿por séptima vez consecutiva el Congreso de la Unión asumirá como prioridad la Carta Magna o las políticas públicas del régimen? Ya lo veremos.