Presupuesto 2026: en vísperas / I

El 8 de septiembre “a más tardar”, como lo prevé la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, deberá presentarse ante el Congreso de la Unión el Paquete Económico 2026, mismo que debe contener: los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Difícil, muy difícil se vislumbra desde ahora que los sectores de educación, ciencia y cultura puedan tener una recuperación financiera a las sensibles bajas que experimentaron en el sexenio pasado. Las correcciones derivadas de la consolidación fiscal, medida en la cual está empeñada el gobierno federal; el crecimiento natural de las cantidades para los programas sociales ya establecidos, más los nuevos de este sexenio; los apremios de Pemex (en su adeudo histórico de alrededor de 100 mil millones de dólares, el incumplimiento de pagos a proveedores y las pérdidas en la actividad de refinación), más el dinero para las pensiones, contributivas y distributivas, dejan poco margen para que, en cualquiera de esos sectores pueda haber una corrección a lo asignado en los últimos seis años. Aquí me refiero, por ahora y principalmente, a las perspectivas en materia de educación y su nivel superior.

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El sector educativo en general, en el sexenio pasado, tuvo un retroceso en las asignaciones respectivas. Se volvió a los niveles de 2015. Por lo que toca al gasto programable, mismo que había seguido creciendo desde el año 2000, en el periodo 2018-2024 pasó de 24 a 13.9 por ciento en 2024. Tales proporciones están en contradicción con lo previsto en la propia legislación mexicana y en algunas de las recomendaciones internacionales asumidas por el Estado. Por lo que se refiere a lo primero, la Ley General de Educación menciona que el 8 por ciento del PIB del Estado mexicano debe dedicarse, precisamente, a educación. Por lo que corresponde a lo internacional, las Metas del Milenio indican que debe destinarse una proporción del 15 al 20 por ciento del gasto público, quedando lo vigente por debajo de esa proporción. El efecto que se está produciendo en este año, frente a esa retrospectiva, es el de: a) la insuficiencia presupuestaria; b) la incertidumbre por la escasez de recursos; c) el desapego a prioridades ya marcadas en la Constitución, tal como lo indica Alejandro Márquez (La educación en el sexenio 2018-2024, IISUE/UNAM).

Por lo que corresponde en específico a la educación superior, el gasto federal cayó un 30 por ciento, en términos reales, en ese periodo de seis años. Así, y a precios corrientes, en 2018 se había programado en el PEF un gasto de 184 mil millones, cifra que en 2024 se fijó en 175 mil. Tal disminución acarreó, inevitablemente, una baja sensible en el incremento de matrículas en el período citado: de los 2.77 millones de alumnos matriculados en IES públicas en 2018, se pasó a 2.87 millones en 2024, un incremento de 97 mil alumnos, igual a un 3.5 por ciento. Proporción muy diferente a lo sucedido durante los dos sexenios previos: 474 mil en el de Calderón (27 por ciento) y 436 mil con Peña (19 por ciento), (Ciro Murayama: “Populismo y castigo financiero en la educación superior”, octubre 19, 2024, El Financiero).

Los trabajos previos a la elaboración final del Paquete Económico 2026 ya se han iniciado en este agosto, con las reuniones de trabajo entre la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y con funcionarios de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP. Ya se tienen las orientaciones derivadas de los Pre-Criterios de Política Económica, documento que, presentado en abril, inicia todo el proceso de presupuestación y que, de seguirse, traerá aún mayores restricciones para los tres sectores ya mencionados, toda vez que en ese documento se hace de la “disciplina fiscal” un instrumento maestro para el próximo año. En 2025, ante protestas y reclamos por las asignaciones, esto significó que, para educación superior, y a unos cuantos días de que concluyera el periodo de sesiones del Congreso, se tuvieran que hacer correcciones y ampliaciones a algunas de las cifras presentadas en el proyecto inicial. Así, por ejemplo, cuatro de las instituciones de educación superior más importantes del país se beneficiaron de ciertos incrementos llegando a asignaciones totales de 52 mil millones a la UNAM, 22 mil al IPN, 22.4 mil al Tecnológico Nacional y 9,700 millones a la UAM. Esto significó, en su momento, incrementos de 7,100 millones, 2,900, 2,400 y 1,600 millones, respectivamente.

Así las cosas, el clima presupuestal para la educación en 2026 parece presagiar un tiempo tempestuoso. La próxima semana agregaré algunos elementos a todo esto.