Ata manos al INE para evitar designación de candidatos que no cumplan regla 3 de 3 contra la violencia
La reforma electoral podría afectar la integridad electoral –entendida como el proceso de elecciones limpias y competitivas que garantizan la voluntad de la ciudadanía– y limitar a la autoridad para intervenir en la vida y decisiones de los partidos para cumplir con el marco normativo, afirmó la doctora Esperanza Palma Cabrera, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Las modificaciones aprobadas hoy a la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE), cuya reorganización y reducción de recursos ha sido, desde el año pasado, un objetivo del presidente de la República, tendrán repercusiones presupuestales e implica una restructuración administrativa, cuyos efectos tendrán que evaluarse con calma, abundó la investigadora.
Un aspecto preocupante es la eliminación del funcionamiento permanente de las 300 juntas distritales para hacerlas eventuales y que funcionen sólo en tiempo electoral, pues podría implicar el despido del personal que había ganado una plaza por concurso, pero además representa un riesgo en la capacidad operativa y genera dudas en torno al reclutamiento de personal.
Todo ello se agrega a la reducción del servicio profesional electoral que garantizaba una estructura con un cuerpo de funcionarios y funcionarias especializadas que ocupaban las plazas a partir de concursos y avalaban la neutralidad política, explicó la especialista en temas electorales y de género.
La profesora del Departamento de Sociología de la Unidad Azcapotzalco dijo que está en duda la capacidad operativa del Instituto por la reducción de recursos y la compactación de la estructura del órgano electoral.
“La austeridad no es mala, recortar gastos innecesarios es bueno, es deseable, pero quitar recursos que afecten la buena realización de las elecciones no es algo positivo para la democracia, sobre todo considerando que en nuestro país la transición a la democracia consistió en la creación de una autoridad electoral neutral que garantizara procesos limpios y competitivos”.
El denominado plan B “preocupa porque no garantiza la neutralidad del personal a cargo del proceso electoral ni la capacidad operativa, pues sin recursos se complica la organización de las elecciones”, argumentó Palma Cabrera.
Otro aspecto preocupante, que se ha discutido poco y que ratifica lo aprobado por la Cámara de Diputados, es la limitación de la intervención de la autoridad electoral en la vida de los partidos, que si bien “parece ser bueno, pero no es así”, aclaró la investigadora.
En materia de paridad de género y en las candidaturas que no cumplan con la regla 3 de 3 contra la violencia –que tengan deudas de pensión alimentaria, acusaciones de violencia y acoso sexual probadas o denuncias– ahora el INE ya no va a poder intervenir para prohibirlas.
“Ese punto tiene una dedicatoria al caso de Félix Salgado Macedonio, según comentó Pablo Gómez, redactor de la iniciativa constitucional de reforma electoral que no pasó en la Cámara de Diputados, quien subrayó en entrevistas que esa propuesta es para que no vuelvan a quitar candidaturas como lo hicieron con el ex candidato al gobierno del estado de Guerrero, lo cual es un grave retroceso”,.
Esa situación va a permitir que las directivas de los partidos puedan proponer candidatos con una dudosa reputación o casuados de violencia de género.
Sobre el trasvase de votos a los partidos pequeños, la denominada cláusula de vida eterna, que ya no existía en la legislación electoral, “ahora bajo la figura de coalición los votos se van a sumar para los aspirantes y con el convenio de colación los partidos determinarán cómo distribuyen los votos”.
Así los partidos Verde y del Trabajo condicionaron su apoyo a la aprobación de la Reforma, para poder sobrevivir aunque no obtengan el tres por ciento de los sufragios a nivel nacional, como lo exige la Constitución.
“Seguramente habrá una controversia constitucional y ya veremos qué decide el tribunal electoral, pero efectivamente es inconstitucional; para aprobar esto tendrían que cambiar la Constitución primero”, aseguró.
El Plan B es una reforma que no ha pasado por consenso, “no ha incorporado las demandas y propuestas de los partidos de oposición, a pesar de la realización de foros académicos y un foro abierto parlamentario, la reforma no incorporó aportaciones de especialistas o partidos de oposición y está pasando sin deliberación y mayoriteando”, concluyó la investigadora.
