Uno de los pilares de la plataforma político-ideológica de la 4T, proclamada desde 2018, fue el anuncio de un nuevo modelo educativo, sustentado en una reforma radical al artículo 3º de la Constitución que desmanteló, sin importar el costo, la “mal-llamada reforma educativa” del Gobierno de EPN.
En 2018 el diagnóstico de la educación superior en México no dejaba duda del sentido de urgencia de una profunda transformación: 1) En los albores de la segunda década del siglo XXI, en la legislación mexicana no existía el derecho a la educación superior; 2) El acceso a la educación superior es un privilegio de los sectores de población de mayores ingresos y escolaridad, principalmente residente en zonas urbanas; 3) La mayoría de las entidades federativas enfrentan amplias brechas de desigualdad y limitadas capacidades institucionales y financieras para formar a las y los profesionistas de alto nivel -y científicos- que requiere el desarrollo nacional equitativo, soberano y autosostenible; 4) México está desperdiciando el llamado “bono demográfico”, ya que sólo un bajísimo porcentaje de población joven (uno de cada cuatro) tiene acceso efectivo a la educación superior.
Para enfrentar tales desafíos, la coalición gobernante, con la anuencia de la mayoría de fuerzas políticas del país, avalaron en 2019 la incorporación del derecho humano a la educación superior en el artículo 3º de la Constitución. Se precisó la obligación para el Estado mexicano, en sus tres órdenes de gobierno, de garantizar la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior.
Para hacer viable el cumplimiento del mandato constitucional en los transitorios de la reforma se estableció la obligación del Ejecutivo y del Legislativo de crear un Fondo Federal Especial para asignar los recursos necesarios para hacer efectiva la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior. En su artículo 64 y en los transitorios de la Ley General de Educación Superior, promulgada en abril de 2021, se precisó que el Fondo Federal Especial para la Obligatoriedad y Gratuidad de la Educación Superior debería incluirse en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2022. Sin embargo, ello no ocurrió.
A pesar de las gestiones y propuestas técnicas realizadas cada año, el Ejecutivo y el Legislativo de la Federación, sistemáticamente han incumplido el mandato constitucional de crear un instrumento presupuestal que resulta estratégico para hacer efectivo -más allá del discurso- el derecho humano a la educación superior. Hoy, por sexto año consecutivo, en el PEF 2026 nuevamente se incurrió en esta grave omisión.
Llama la atención que el Dictamen del PEF 2026 aprobado por la Cámara de Diputados incluyó en el texto del Decreto una nota al pie del cuadro de la distribución del gasto neto total por ramo presupuestal, que señala que en el Ramo 11 EDUCACIÓN “Incluye recursos para el Fondo Federal Especial que asegure los recursos económicos necesarios para garantizar la obligatoriedad de los servicios de educación superior, de conformidad con la reforma del artículo 3º Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de mayo de 2019”.
Tal señalamiento falta a la verdad, ya que en la estructura programática del PEF 2026, enviada por la SHCP a la Cámara de Diputados no existe como tal un Fondo Federal Especial para la Obligatoriedad y Gratuidad de la Educación Superior, es decir el que mandata la Constitución. Es importante, señalar que, ante la negativa de la SHCP para crear dicho Fondo, la SEP optó por un paliativo: utilizando el Programa U079 “Expansión de los Servicios de Educación Media Superior y Superior”, (creado en 2015 por el gobierno de Enrique Peña Nieto) para financiar algunos proyectos de infraestructura educativa y, posteriormente, de apoyo a la eliminación de cuotas escolares en algunos planteles de las Universidades Interculturales y Escuelas Normales Públicas. En términos financieros, la escala de los proyectos apoyados por la SEP con dicho programa resulta ínfimo frente a los retos del país para hacer efectivo el derecho constitucional a la educación superior.
El “Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030” estableció el compromiso sexenal de alcanzar una tasa bruta de cobertura en educación superior del 55%, lo que plantea el enorme reto de incrementar la matrícula en programas de formación profesional (técnico superior universitario y licenciaturas) en 1 millón 198 mil 580 estudiantes. Suponiendo que la participación de las IES públicas vs IES particulares se mantiene en el promedio actual de 65% y 35% respectivamente, ello significa que las IES públicas deberán incrementar su matrícula en alrededor de 700 mil estudiantes en el periodo 2025-2030.
Diversos estudios realizados por el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior, la Anuies y por especialistas en educación superior, demuestran que el modelo de planeación y financiamiento para la educación superior pública está agotado. En efecto, los principales instrumentos presupuestarios del Ramo 11 SEP están restringidos a la asignación de subsidios a las IES públicas federales y estatales (con montos que año tras año son decrecientes en términos reales); o para apoyar las Becas del Programa “Jóvenes Escribiendo el Futuro”, cuyo enfoque focalizado sobre las sedes del sistema de Universidades para el Bienestar Benito Juárez y en un número limitado de escuelas normales y universidades tecnológicas, cubre menos del 15% de los estudiantes inscritos en programas escolarizados de las IES públicas. Tal distorsión contribuye con elevados niveles de abandono escolar en la mayoría de las IES públicas, principalmente estatales.
A ello se agrega que, no obstante la oferta gubernamental proclamada desde 2018 en el sentido que se eliminarían las cuotas económicas en el sistema público de educación superior, la gran mayoría de las universidades, instituciones tecnológicas, escuelas normales y universidades pedagógicas mantienen requisitos de pago para inscripción y colegiaturas.
De persistir en la omisión, el segundo gobierno de la 4T no solo incurrirá en el incumplimiento del mandato constitucional, sino incumplirá las metas comprometidas en los instrumentos de planeación nacional. Los disciplinados legisladores que están por aprobar el Dictamen del PEF 2026, ¿lo saben?
Roberto Rodríguez Gómez
