Partidos políticos, elecciones intermedias y propuestas en educación superior

Sin duda los comicios electorales del próximo 6 de junio revisten aspectos de suma relevancia que lo tornan un suceso político único en el periodo de la alternancia democrática, inaugurada hace poco más de dos décadas en México. Además de tratarse de las elecciones más grandes por el número de cargos de elección popular en juego, alrededor de 20,000 cargos entre presidencias municipales, alcaldías, gubernaturas, cámaras legislativas estatales y federal, la singularidad de este proceso electoral también está marcada por los efectos devastadores de la pandemia del covid-19 en la salud pública del país, que ha cobrado la vida de una cantidad aún no determinada de conciudadanos, que para algunas fuentes internacionales (University of Washington School of Medicine) es tres veces la cantidad de muertes reportadas por las autoridades oficiales en México.

Pero más allá de los probables efectos que el desafortunado manejo de la contingencia sanitaria pueda tener en la percepción de los votantes y en su respaldo o rechazo a Morena, el partido mayoritario en el poder, llama la atención que ninguno los 10 partidos y 2 coaliciones enfrentados en esta jornada electoral hayan incorporado propuestas para enfrentar de forma sistemática los escenarios post pandemia, que serán indispensables para resarcir los efectos devastadores de la crisis sanitaria en los diversos ámbitos económicos, sociales, culturales y educativos del país. En estas líneas quisiera abordar en particular el impacto de la emergencia sanitaria sobre las actividades relacionadas con la educación superior y la ausencia de propuestas de los partidos a este respecto que pareciera tornar invisible la situación crítica de las instituciones de educación superior (IES) para reconstruir sus actividades fundamentales (enseñanza, investigación, extensión y difusión del conocimiento).

Como es del conocimiento público, la totalidad de las IES debieron cancelar de forma súbita sus actividades presenciales y tratar de recuperar parte de sus actividades esenciales de enseñanza e investigación por medio de la educación a distancia y el uso de plataformas digitales. De la noche a la mañana, poco más de 4 millones de estudiantes y alrededor de 394,189 docentes que dan vida a las clases presenciales de 5,716 escuelas públicas y privadas (SEP, Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2019-2020), tuvieron que arreglárselas para no interrumpir la continuidad de los programas de enseñanza y evitar la pérdida de los ciclos escolares. Pese a los esfuerzos de la mayoría de las universidades para adaptarse a las nuevas circunstancias, la contingencia sanitaria exacerbó las desigualdades sociales entre aquellos estudiantes con acceso a los recursos y medios digitales y los

de aquellas familias que, a causa de las precariedades económicas, no dispusieron de las condiciones para adaptarse a las nuevas circunstancias que exigía la educación en línea.

Al tratarse de una emergencia sanitaria que aún prevalece en el territorio nacional, es difícil tener un registro preciso que determine cuántos estudiantes tuvieron que abandonar sus estudios para integrarse al trabajo y apoyar a la economía de sus familias; o bien aquéllos que decidieron aplazar los estudios hasta la conclusión de la pandemia, o tantos otros que a causa de la cancelación de los programas por parte de sus instituciones forzosamente se quedaron sin oportunidad de educación superior. A estos efectos inmediatos, deben añadirse también aquéllos que tienen que ver con los daños al mercado laboral de los egresados de las universidades. El desplome de sectores cruciales de la economía, de las actividades comerciales y de la provisión de servicios, han comprometido seriamente la capacidad del país para brindar oportunidades laborales a los egresados de las universidades.

Entonces, con estos antecedentes es difícil concebir la parálisis de los 10 partidos políticos y las 2 coaliciones electorales para dejar fuera de sus propuestas electorales las medidas necesarias y urgentes para paliar el sombrío panorama que enfrentan las universidades y los profesionistas que pese a los obstáculos logren concluir su formación, ante un mercado de trabajo seriamente comprometido. En los meses recientes, las cámaras legislativas aprobaron la Ley General de Educación Superior que ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Sin duda, es de celebrarse que la mencionada ley, que reforma los artículos 3o, 31 y 73 de la Constitución, busque garantizar la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior. Pero no es extraño que las autoridades y los políticos confundan la normatividad con la realidad. A este respecto, el principio de la realpolitik y las limitaciones para implementar esta ley se hacen presentes ante un país con insuficientes recursos fiscales y los acuciantes saldos de la pandemia a la vista.

Entre otras preguntas obligadas surge la de ¿cómo se piensa pasar del actual 0.54% al 1% del PIB que establece la referida ley para abrir paso a su implementación? Ante el panorama de la actual crisis de las universidades a causa del covid-19 ¿no sería indispensable que la mayoría de los partidos que aprobaron esta ley en plena pandemia, repararán también en las difíciles condiciones para impulsarla ante la devastación de la economía? Es urgente que los partidos políticos se auxilien de expertos para proponer políticas públicas que mitiguen las difíciles circunstancias que enfrentan actualmente las universidades. Pero, regresando al punto central de este artículo, los partidos políticos parecen adolecer de ceguera para proponer en sus plataformas medidas efectivas que contengan el actual desastre de la educación superior en México.

Un punto central ausente en las plataformas de los partidos políticos es el incremento al financiamiento de las universidades públicas y privadas del país. Este es un punto que las administraciones federales de distintos signos políticos han desestimado en las últimas dos décadas, aunque se hayan ufanado de respaldar sin reservas el financiamiento de la educación terciaria. Situación que en lo más mínimo se ha modificado en la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando varias de sus acciones de gobierno atacan directamente al corazón de las actividades académicas; entre otras, la desaparición indiscriminada de múltiples fideicomisos que respaldaban las actividades científicas de las universidades públicas y el progresivo recorte del presupuesto del Conacyt hacia las universidades privadas, que afecta entre otros rubros el acceso a los estímulos del SNI por parte de los investigadores de estas instituciones.

En resumen, si los partidos políticos que el próximo 6 de junio se enfrentarán en los comicios electorales—incluido Morena el actual partido mayoritario en el poder—reparasen en la importancia de los problemas agravados por la pandemia en las universidades, y si además cobrasen conciencia del gran potencial de los votos de una población cercana a los 5 millones (entre estudiantes y docentes), quizá entonces es factible suponer que no seguirían dando la espalda a la inclusión en sus plataformas electorales de medidas efectivas para resarcir la situación que enfrentan en el presente y en la fase de la post pandemia las universidades públicas y privadas del país. Ya es tiempo de que los problemas de la educación superior dejen de formar parte de la retórica de los gobiernos federales en turno para convertirse en un verdadero motor de cambio de nuestra nación, como ha sucedido en otras naciones que sí han tomado en serio a sus máximas casas de estudios.