Ante este regreso a clases será esencial contar con estadísticas confiables y transparentes
En octubre 2021, Ciudad de México y varios estados del país regresaron al semáforo epidemiológico verde. Si no resurge una ola de contagios, pronto, alumnos, docentes y administrativos reocuparán sus espacios laborales, después de un cierre de casi 20 meses. Pero, retornar no les será fácil, tras tan dilatado alejamiento. Por ello, saber cuántos volverán (sobre todo, entre los estudiantes) es importante.
Durante la pandemia, muchos debates sobre las problemáticas del después fueron teóricos o hipotetices antes que fundamentados en información. Un solo ejemplo: el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la encuesta denominada ECOVID-2020, identificó la deserción como una repercusión grave de la pandemia. Por lo menos en educación superior, falta apuntalar esa conclusión. Por ello, cualquier información sobre la matricula es bienvenida, tal la provista por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), al actualizar, como cada otoño, sus Anuarios Estadísticos sobre los totales de estudiantes, los de primer ingreso, los egresados y los titulados.
A inicios del ciclo escolar 2020-2021, las consecuencias numéricas de la covid-19 apenas eran perceptibles. El tránsito de las instituciones de educación superior de una enseñanza presencial a una a distancia sólo había provocado una reducción de la tasa de incremento anual de la matricula total. Entre 2019-2020 y 2020- 2021, esa fue de 1.05 por ciento, una proporción tres veces inferior a la constatada en el bienio inmediatamente anterior (4.79 por ciento) y al promedio durante la pasada década. Ahora ¿Qué ocurrió en 2021-2022? No lo sabemos y tendremos que esperar 11 meses para averiguarlo.
Por lo pronto, dicho incremento pausado de la matricula total encubre diferencias por nivel escolar. En Técnico Superior Universitario, la matricula disminuyó (-5.4 por ciento) respecto del año anterior. Esa contracción es potencialmente problemática en instituciones que amarraron su oferta a ese nivel, como lo hicieron varios establecimientos del sector tecnológico de la educación superior. La matrícula de especialización creció mínimamente y la de licenciatura levemente (+0.68 por ciento). La de las escuelas normales consolidó su repunte pre-pandémico (+13.84 por ciento), después del bajón constatado a mitades de la década. La de posgrado mantuvo su ritmo de expansión, siendo superior el de la maestría (+6.26 por ciento) al del doctorado (+2.85). Tanto la disponibilidad de becas (del Conacyt o de redes, empresas y agencias) como la madurez intelectual y afectiva de los jóvenes adultos explican su resiliencia ante los embates de la covid-19 y sus capacidades para superar la ruptura de una relación cara a cara con los docentes.
Poner alzas y descensos en la perspectiva de las solicitudes de nuevo ingreso y de la retención seguramente ofrecerá elementos adicionales para especificar las dinámicas de la demanda y de la atención en la educación superior, en función de los orígenes socioculturales de los estudiantes y de la naturaleza de sus establecimientos de inscripción. Analizar su comportamiento por nivel permitirá entender reacomodos en los componentes sectoriales del sistema nacional de educación superior, en las escales locales e institucionales. Identificar a los estudiantes más perjudicados mejorará el diseño de estrategias orientadas a propiciar mayor equidad en el acceso y el egreso.
Ante los desafíos planteados por la agravación de la pobreza en México, los datos sobre los grados de inclusión de las personas en desventaja refrendan la necesidad de conocer mejor las modalidades de inserción institucional de alumnos pertenecientes a grupos vulnerables (con discapacidad, hablantes de lenguas indígenas y mujeres) y/o inscritos en establecimientos ubicados en zonas marginales/de acceso complicado (universidades interculturales, institutos tecnológicos, universidades politécnicas y tecnológicas, universidades de apoyo solidario y el sistema Benito Juárez para el Bienestar). Por otra parte, la covid-19 evidenció la necesidad de detectar en el país como la pandemia afectó diferencialmente la permanencia de los colectivos estudiantiles en función de su estatuto y de sus recursos técnicos y cognitivos.
Sistematizar una información focalizada y completarla por indagaciones cualitativas será cuanto más relevante que investigadores, autoridades y tomadores de decisión advirtieron que los índices de no asistencia allí donde se combinaban altos grados de marginalidad con bajos promedios de cobertura de TIC eran superiores a los registrados en espacios dotados de mejores servicios públicos y poblados por habitantes más prósperos. Urge incorporar de lleno la educación superior a esos análisis de la iniquidad y detectar sus eventuales peculiaridades respecto de los ciclos anteriores.
Dicho eso, el que los organismos a cargo de producir estadísticas hayan sido relativamente inerciales ante el desafío de generar rápida y extensivamente información para entender los retos a encarar no es sólo un desafortunado problema técnico. Es un error que sería preciso remediar lo antes posible, debido a las tensiones múltiples que recorren el sistema nacional de educación superior.
Una pregunta que formular es, en consecuencia, quién centralizará la producción de reportes sectoriales, la actualización de la estadística y el monitoreo de los focos rojos, en 2021-2022 y, probablemente, durante algunos años más. Otra es ¿porqué, en una coyuntura de urgencia como la presente, la Secretaria de Educación Pública (SEP) no valida y distribuye expeditamente, en acceso abierto y en una plataforma de uso sencillo, los contenidos de su formato 911? Muchos datos se pierden, si es que las instituciones los suministran, o no llegan a ser del dominio público. Es una lástima para quienes se interesan en desmontar los funcionamientos de los subsistemas de educación superior. Priva a todos de una herramienta esencial para echar a andar de nueva cuenta el sistema de educación superior, con visos de recuperación y mejoramiento. Para esa reanudación, la rendición de cuentas, la puesta en circulación de datos confiables y oportunos y la transparencia no son obligaciones burocrático-reglamentarias; son indispensables.
