A cinco años de la promulgación de la Ley General de Educación Superior (LGES), las cosas han cambiado poco en la educación terciaria mexicana. Bien visto, lo que se observa es un campo sembrado de paradojas, es decir, una serie de hechos (comportamientos, tendencias, prácticas) que no corresponden a la lógica de las políticas públicas en educación superior.
Como se sabe, el lenguaje y la retórica de la 4T, que constituyen el sustrato ideológico de la ley, fueron acompañados por la fuerza política de la coalición gobernante del morenismo en el Congreso de la Unión, que dio por resultado una aprobación sin mayores complicaciones de la propuesta elaborada por el ejecutivo y cabildeada según los procedimientos correspondientes con las dos cámaras en abril del 2021.
El gobierno de la 4T había anticipado el color de su iniciativa con la creación de un nuevo conglomerado de universidades públicas (las Universidades del Bienestar Benito Juárez García, Ubbjg), ubicadas en los territorios de las poblaciones más vulnerables del país. Aunque nunca ha sido claro el sentido, los argumentos ni la pertinencia o factibilidad de las 214 sedes locales que tiene hoy esa institución en el país, se convirtió en los hechos en la principal prioridad de la política educativa del obradorismo. Con la continuación del proyecto de la 4T con la presidenta Sheinbaum, se agregó entre las prioridades federales la expansión de las sedes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), que hoy funcionan en 13 localidades (11 en CdMx, 1 en Chiapas y otra en Baja California), más otras 2 en construcción en el Estado de México y en San Luis Potosí. En ambos gobiernos morenistas, las universidades públicas autónomas federales y estatales no fueron consideradas prioritarias, y han sido castigadas sistemáticamente en términos presupuestales antes, durante y después de la aprobación de la LGES.
La retórica transformadora se basó en una lógica disruptiva, enfocada en la crítica de las políticas implementadas en los cinco sexenios previos. Sin un diagnóstico técnicamente preciso y racionalmente fundamentado, y entre las aguas revueltas de las descalificaciones políticas e ideológicas al viejo modelo “neoliberal” basado en la búsqueda de la calidad, la internacionalización y la competencia de las universidades por recursos públicos extraordinarios, se propuso un nuevo modelo basado en la justicia social, la austeridad, la gratuidad y la universalización de la educación superior.
El eje vertebral del modelo emergente es la búsqueda de la regulación y coordinación efectiva del sistema de educación superior, mediante la estructuración de una serie de agencias de planeación a nivel federal (el Conaces) y a nivel subnacional (Coepes). Se formuló el Programa Nacional de Educación Superior a finales del 2023 (con vigencia sólo hasta el 2024), se propuso un nuevo sistema de acreditación y evaluación federal, y entre 2021 y 2024 se impulsó, desde la Conaces, la “armonización” de las normativas estatales a la LGES (“leyes espejo”), la reactivación de las Coepes y la formulación de programas estatales de educación superior.
La implementación de la LGES ha sido un típico proceso de ordenamiento de arriba hacia abajo, en decisiones tomadas por un órgano federal (un Consejo Nacional) dominado por las autoridades federales y la participación minoritaria de autoridades universitarias públicas federales y estatales. Se han realizado un número importante de reuniones de Conaces y un número indeterminado de las Coepes a nivel subnacional. En esas reuniones se informa de acuerdos y avances de la ley en distintos rubros (acreditación, evaluación de programas, distribución de espacios escolares para las solicitudes de primer ingreso en las IES públicas), pero aún no se modifican dos de los aspectos críticos que padecen las universidades desde hace más de una década: el financiamiento público y el crecimiento lento pero inexorable de la educación superior privada.
Poco a poco, se nota un proceso de “colonización” de las IES privadas sobre el sistema de educación superior en términos de matrícula, profesorado y establecimientos. Hoy, 38 de cada 100 estudiantes están inscritos en programas ofrecidos por IES privadas, 50 de cada 100 profesores laboran en ese sector y 75 de cada 100 establecimientos de educación superior son particulares. Las ofertas públicas y privadas mantienen un crecimiento inercial desde hace por lo menos una década, y la LGES no ha logrado alterar ese comportamiento a favor del sector público.
Respecto del financiamiento, el gasto por alumno y el presupuesto público hacia la educación superior han disminuido en términos reales desde 2021. La cancelación de los programas de apoyos extraordinarios a las universidades que sustentaron las políticas del ciclo “neoliberal” no fueron sustituidas por el Fondo Nacional para la Gratuidad contemplado en la LGES desde hace un quinquenio, lo que ha significado un duro golpe a las universidades públicas. Aunque dicho fondo, de acuerdo con la propia ley, sería efectivo a partir de 2022, a la fecha no se ha contemplado en la distribución presupuestal federal.
La paradoja de las políticas federales es que un discurso centrado en el fortalecimiento de la coordinación sistémica y en la expansión del sector público ha abierto las puertas al sector privado. La otra es que las prioridades políticas del gobierno federal (Ubbjg y UNRC) no obedecen a la lógica de las políticas imaginadas en la LGES. La sobrerregulación financiera a las IES públicas ha significado un crecimiento lento pero persistente de las ofertas privadas. Pero la paradoja mayor en el campo de las universidades públicas es que se observa una cobertura mayor con un menor financiamiento público; es decir, aunque hay una contención presupuestal federal endurecida desde 2018, la matrícula, el profesorado y los programas de licenciatura y posgrado han crecido.
En estas circunstancias, el lenguaje de las políticas no se corresponde con el lenguaje de los hechos. No es nada nuevo bajo el sol mexicano (ha ocurrido antes con otros gobiernos y ciclos de políticas), pero lo que sorprende es cómo, bajo la música metálica de la austeridad financiera, las fuerzas duras de la continuidad se imponen a las intenciones de los cambios imaginarios de las políticas.
