La Zona Metropolitana de San Luis Potosí enfrenta una situación que ya no puede leerse como un problema a largo plazo, sino como una alerta inmediata. Así lo plantea el doctor Renato Ramos Palacios, investigador de la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), quien desde hace varios años ha centrado su trabajo en el estudio de los espacios verdes urbanos y su relación con el clima, el agua y la calidad ambiental de la ciudad.
Con formación como biólogo por la Facultad de Ciencias y maestro en Ciencias por el Instituto de Ecología, ambos de la UNAM, así como doctor en Ciencias Ambientales por el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT), Ramos Palacios ha desarrollado una trayectoria enfocada en la ecología del paisaje, los estudios de microclima, la reforestación y el análisis del arbolado con fines de remediación ambiental. Desde esta perspectiva, advierte que la ciudad muestra síntomas claros de una emergencia ambiental vinculada directamente con la pérdida y el manejo inadecuado de sus áreas verdes.
El investigador explicó que existen indicadores climáticos y ambientales que ya funcionan como señales de alarma. Entre ellos destacan el aumento de las temperaturas urbanas, las variaciones cada vez más marcadas en los patrones de precipitación y la recurrencia de ondas de calor. En este contexto, uno de los cuestionamientos más frecuentes entre la población es cuál debería ser la cobertura vegetal adecuada para una ciudad con características semiáridas como San Luis Potosí.
La discusión, señaló, suele polarizarse entre quienes consideran que la ciudad debería limitarse a especies propias del semidesierto, como cactáceas, yucas o mezquites, y quienes apuestan por una ciudad ampliamente arbolada. La respuesta, desde la ciencia, no es excluyente. Si bien es fundamental conservar y promover vegetación regional, también es un hecho que las ciudades han transformado profundamente su entorno original y ya no cuentan con una vegetación completamente auténtica.
Esta transformación ha estado marcada, en muchos casos, por procesos de urbanización que implicaron la eliminación del arbolado existente para dar paso a nuevos desarrollos habitacionales, donde posteriormente se introdujeron especies que no corresponden al entorno local. Ejemplos visibles de ello son avenidas con palmeras o zonas residenciales con árboles ajenos a las condiciones climáticas y ecológicas de la región, lo que ha provocado el desplazamiento de la vegetación original.
Más allá de una discusión estética, Ramos Palacios subrayó que las áreas verdes cumplen funciones ambientales esenciales. Frente a los efectos combinados del cambio climático global y del clima urbano, estos espacios son recursos clave para mitigar temperaturas, mejorar la calidad del aire y regular procesos hidrológicos. En este sentido, advirtió que la cobertura vegetal ya no puede verse como un elemento ornamental o romántico, sino como una infraestructura ambiental indispensable.
Uno de los puntos más críticos tiene que ver con la suficiencia hídrica de la ciudad. La desaparición de áreas verdes, especialmente aquellas que funcionaban como zonas de recarga, ha tenido consecuencias directas en la disponibilidad de agua. El caso de Sierra de San Miguelito es ilustrativo: el crecimiento de la mancha urbana sobre espacios naturales ha reducido la capacidad de infiltración, obligando a buscar agua cada vez más lejos, a mayor profundidad y con costos más elevados.
A este panorama se suman los intereses asociados al uso del suelo urbano, que frecuentemente entran en conflicto con la conservación ambiental. No obstante, los estudios realizados por el equipo del investigador en parques urbanos de la ciudad muestran con claridad el potencial desaprovechado. En el parque Tangamanga I, por ejemplo, menos del 50 por ciento de su superficie cuenta con arbolado denso, mientras que el resto permanece con una cobertura insuficiente. Situaciones similares se han identificado en el Tangamanga II y en el parque Morales, este último con problemáticas adicionales relacionadas con su gestión.
Los resultados de estas investigaciones confirman que los parques urbanos sí ofrecen servicios ambientales, como la mitigación de la temperatura del aire y el secuestro de carbono. Sin embargo, su impacto es limitado debido a la falta de una reforestación integral. Tener sólo la mitad de la superficie arbolada implica desaprovechar una capacidad significativa para reducir contaminantes y mejorar las condiciones climáticas locales.
Desde el punto de vista institucional, el investigador señaló que la responsabilidad recae en los distintos niveles de gobierno, especialmente en una zona metropolitana donde las decisiones deben tomarse de manera coordinada entre municipios y el gobierno estatal. Si bien San Luis Potosí cuenta con un reglamento y una ley del árbol, reconoce que aún existen pendientes importantes en materia de vigilancia y aplicación efectiva de la normativa.
Para el investigador, se trata de una tarea compleja pero necesaria. La atención a los espacios verdes urbanos, concluye, es una responsabilidad colectiva que definirá en buena medida la calidad de vida y la viabilidad ambiental de San Luis Potosí en los próximos años.
