Tal vez, estimada lectora, estimado lector, recordará que, al inicio de este mes, en este <, comentamos las dificultades con la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencia, Tecnologías e Innovación (Lgmhcti). Dificultades tanto por lo que prescribe como por lo que omite; grandes agujeros normativos (Campus 1125).
El caso es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), después de casi tres años, se percata de que tiene en sus cajones el expediente sobre la controversia constitucional de la ley de ciencia —digámosle así a esta última para evitar las siglas y ese nombre tan largo como inútil— y los juicios de amparo no se resolverán mientras no se pronuncie al respecto.
Sin embargo, la Corte todavía no analiza la acción de inconstitucionalidad que pesa sobre la ley de ciencia y tampoco tiene previsto cuándo hacerlo: la Corte se tomará su tiempo, probablemente un largo tiempo, los tribunales no resolverán sobre los amparos que tienen en el escritorio y, por lo pronto, los tribunales y los quejosos seguirán esperando.
Porque el pleno de la Corte, a través de un acuerdo general publicado en el Diario Oficial de la Federación, les informa a los Tribunales Colegiados de Circuito que aplacen sus sentencias sobre los amparos en curso, hasta que el “Alto Tribunal establezca el o los criterios respectivos, y se emita el Acuerdo General Plenario que corresponda” (DOF. 16.02.2026). Es decir, hasta que resuelva lo concerniente a la ley de ciencia.
No es el primer aplazamiento que realiza; más bien lo hace por segunda ocasión. La primera vez fue en septiembre de 2023, a los tres meses de presentada la controversia de acción de inconstitucionalidad sobre la ley de ciencia y cuando la presidencia de la Corte estaba encabezada por la ministra Norma Lucía Piña (DOF. 18.09.2023).
Como se recordará, los legisladores de oposición presentaron una acción de inconstitucionalidad por el procedimiento seguido en la aprobación de la ley de ciencia. Por su parte, investigadores y organizaciones de académicos se ampararon en contra de la aplicación de la ley de ciencia, principalmente por su exclusión del Sistema Nacional de Investigadores.
En julio del año pasado, seguramente por la presión de los afectados, la Corte levantó el aplazamiento que había acordado en 2023. Según su propia información, recibió un escrito de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (Fimpes), en el que se justificaba la importancia de resolver los juicios de amparo, lo valoró positivamente y determinó levantar el aplazamiento.
Sin embargo, medio año después, otra vez la Corte les indica a los tribunales que aplacen sus sentencias hasta que resuelva lo correspondiente (DOF 01.08.2025). Esto a pesar de que la misma Corte, en agosto de 2023, recibió de parte del entonces presidente de la mesa directiva de los diputados, una “Solicitud de Atención Prioritaria” al tema. En resumen, no hay una fecha próxima para que la Corte atienda el asunto.
Además, como lo hemos anotado en este Acelerador de Partículas, la Corte tiene enlistados, antes del turno de la ley de ciencia, más de dos centenares de expedientes sobre controversias constitucionales.
Todavía más complicado es que la nueva Corte cambió la organización de su trabajo; ahora solamente opera con el pleno de nueve ministros —ya no existen las dos salas anteriores de revisión—, así que su productividad en 2025, en comparación con la integración anterior, disminuyó a menos de la mitad.
No hay precisión en el número de amparos en contra de la ley de ciencia. Al inicio, tres meses después de que la norma entró en vigor, se indicaba que sumaban 683 amparos (SPR 21.08.2023). Sin embargo, información más reciente señala que la cifra actual no alcanza el centenar.
En fin, el caso es que el fondo del asunto, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma, sigue pendiente. El problema es que, aparte de la espera de los tribunales para darle trámite a los amparos, la actual ley de ciencia no es un marco de referencia para la organización y funcionamiento del sector.
Lo hemos dicho aquí mismo: la ley vigente se refiere al anterior Conahcyt, una entidad administrativa que ya no existe; la estructura que sigue no es la más apropiada para una ley de orden general; el modelo de organización que prevé tampoco es un referente para la operación de los principales programas del sector, ni para la relación con las entidades federativas.
Sin embargo, la Corte tiene otra organización, otros pendientes y un ritmo distinto, así que aplazó una vez más su resolución sobre la norma. Tampoco se advierte que el asunto sea una preocupación para los legisladores y que una eventual reforma esté en su agenda para el actual periodo, así que la solución tampoco saldrá por ese lado.
Total, lo más probable es que el problema no se resolverá en el corto plazo y tal vez ni siquiera en el mediano plazo. Los problemas seguirán filtrándose por los agujeros de la ley y los quejosos seguirán desamparados.
Pie de página: La información y las implicaciones siguen en curso sobre los recientes acontecimientos derivados de la muerte de uno de los principales narcotraficantes, pero sin duda ingresamos a una fase distinta en la estrategia de seguridad pública. Muy atentos. // También está en desarrollo la información de la Auditoría Superior de la Federación sobre las presuntas irregularidades de obra pública en la UAM. Pendientes.
