La autonomía universitaria hoy: ¿un mundo raro?

Tres situaciones de conflicto suscitadas en los últimos ocho meses, en otras tantas universidades estatales, revelan la situación precaria que el régimen de autonomía, protegido constitucionalmente, vive hoy en esas instituciones. Lo que nació para que las casas de estudio se gobiernen a sí mismas, sin interferencias del poder público (federación y estado), pareciera estar en crisis en las universidades de Campeche, Veracruzana y del Estado de México. Paradójicamente, las acciones anti-autonomía, se han originado por las propias autoridades universitarias. Lo acontecido en estas instituciones se sitúa en acciones que pugnan con la legalidad presente en el respectivo orden jurídico de cada institución.

El caso más reciente es el de la Universidad Autónoma de Campeche. Su rector, José Alberto Abud, fue detenido por la policía estatal el lunes 12 y acusado por posesión de drogas. En las 48 horas que estuvo detenido, emisarios del gobierno de la entidad consiguieron reunir al Consejo Universitario, obteniendo de éste dos decisiones: la destitución del rector y el nombramiento de un reemplazo. Todo esto al margen de la ley universitaria, y con consecuencias inmediatas muy claras: un rector sometido a un proceso penal y que, por ello, no tiene posibilidad de concurrir al inminente proceso de designación de un nuevo período.

La información difundida hasta ahora hace hincapié en las desavenencias entre rector y gobernadora. Particularmente, cuando en recientes fechas se opuso al proselitismo partidario impulsado por Morena en los espacios universitarios. Ya considerado como opositor, se le sometió a la marca de la casa: policías, investigación, escarnio público y proceso, tal como es ahora su condición.

El segundo caso es el de la Universidad Veracruzana. Su rector, Martín Aguilar, a cuatro meses de concluir su mandato, y sin posibilidad de presentarse a un segundo período (ya que rebasaba la edad reglamentaria), le presenta a la Junta de Gobierno (encargada de convocar y operar el proceso para una nueva rectoría) una propuesta que resultaba histórica e ilegal: prorrogar su mandato sin que se emitiera convocatoria alguna. Lo primero no tiene precedente en los anales de la autonomía universitaria de las universidades del país: ilegal, puesto que la junta no tiene facultades para ello, debiendo apegarse a lo marcado por la Constitución Política del Estado, la Ley de Autonomía y la Ley Orgánica. Además, con ello se cancelaba la posibilidad de participación de los varios aspirantes que ya estaban a la vista de la comunidad.

Resultado: La Junta accedió a la propuesta y eligió o (en sus términos) “prorrogó el mandato por cuatro años más”. El rector está ahora cumpliendo cinco meses de gestión, avalado por un tribunal colegiado.

Finalmente, el caso de la Universidad Autónoma del Estado de México. Con un proceso de renovación en la rectoría ya en marcha, el rector en funciones dirige su apoyo de modo muy evidente a una candidata, en detrimento de las otras candidaturas en juego y rompiendo con algunas de las reglas de la Ley Orgánica. Esto fue el detonante para que en la institución, particularmente los estudiantes, se emprendiese un prolongadísimo paro de actividades, se tomase el edificio de la rectoría y la institución parase durante 90 días.

Después de ese tiempo, un principio de solución fue que se verificase la llamada auscultación cuantitativa, una parte intermedia del proceso de designación ya interrumpido. Esto se lleva a cabo obteniendo el triunfo Martha Patricia Zarza. Aunque el proceso marcado por la Ley Orgánica indica que la designación la debe hacer el Consejo Universitario, la labor de diálogo y de acuerdos emprendida por Zarza, la expresión de muchos medios de comunicación y un apoyo fino de las autoridades estatales, permiten que se le reconozca la calidad de rectora y que ejerza la autoridad correspondiente. Actualmente, se vive una situación de hecho, jurídicamente ilegítima, pero políticamente de reconocimiento a la investidura rectoral. La disyuntiva actual es evidente: a) acogerse a la Ley Orgánica y reponer el proceso; b) modificar aquella para legitimar lo ya realizado. Por lo pronto, Zarza no es la autoridad legal en términos estrictos, y los efectos, si no se convalida todo ese proceso, podrían ser devastadores e la gestión universitaria.

Conclusión: A semejanza de lo sucedido con el juicio de amparo (concebido para defender a la ciudadanía de los abusos del poder público), en que las cosas se han vuelto al revés, ahora sucede con las universidades: sus autoridades “usan” la autonomía en su propio provecho. Un mundo raro, en el cual pareciera que “es preciso decir una mentira”.