No son casos aislados. Una década de investigación sobre la criminalización de personas migrantes extranjeras revela patrones sistémicos de injusticia dentro del sistema penal mexicano, particularmente contra mujeres y personas indígenas centroamericanas, quienes han llegado a ser imputadas y condenadas por delitos graves como secuestro y trata de personas, aun cuando en sus procesos carecieron de intérpretes e información cabal, o enfrentaron declaraciones obtenidas bajo tortura, señalamientos sin sustento, acompañamiento consular y representación legal insuficientes.
La investigación, liderada por la Dra. Andrea Margarita Núñez Chaim, Coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios (PRAMI) de la Universidad Iberoamericana, documenta cómo personas que pueden ser inocentes terminan privadas de su libertad con penas que pueden superar los 20 años de prisión, mientras son tratadas como delincuentes pese a que, en distintos casos, son víctimas de violencia de género, racismo, xenofobia y desigualdad.
El problema, advierte la investigación, permanece prácticamente invisible frente a una narrativa pública dominada por imágenes y noticias sobre la victimización de las personas migrantes (desapariciones, masacres y otros hechos de violencia), que deja en segundo plano otra forma de victimización: la criminalización de quienes migran.
Ante la ausencia de un diagnóstico sobre la magnitud del fenómeno, el equipo de investigación del PRAMI recurrió, entre otras fuentes, a la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL). Sus datos permitieron identificar patrones diferenciados de injusticia entre personas mexicanas y no mexicanas privadas de la libertad.
Entre los hallazgos destaca que las personas no mexicanas manifiestan haber sido confundidas o inculpadas por delitos que no cometieron hasta con 14 puntos porcentuales arriba respecto de las respuestas dadas por mexicanos. La evidencia apunta a una problemática en la que género, racialización, nacionalidad y movilidad no operan como variables independientes, sino que se interrelacionan dentro de los procesos de criminalización.
De investigar el problema a acompañar casos concretos
La investigación no se quedó en el diagnóstico. Bajo un enfoque de investigación-acción, el trabajo académico incorporó acompañamiento directo de personas migrantes privadas de la libertad y articuló a organizaciones sociales, autoridades, defensorías y organismos internacionales.
El resultado más tangible: ocho personas fueron excarceladas durante el proceso de investigación y acompañamiento. Entre ellas se encuentran Ángel Amílcar Colón Quevedo (2013-2014), Juana Alonzo Santizo (2022) y seis mujeres centroamericanas criminalizadas por trata de personas en Tapachula, Chiapas (2013-2017).
Para lograrlo fue necesaria una red de colaboración que involucró, entre otros actores, al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Colectivo Cultura Migrante, Centro de Dignificación Humana A.C., Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, Movimiento Migrante Mesoamericano, Promotores de la Liberación Migrante de Guatemala y Data Cívica.
Este trabajo estableció vínculos con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), incluido su Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, así como con las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, el Instituto Federal de Defensoría Pública, fiscalías y poderes judiciales estatales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, representaciones consulares y autoridades penitenciarias.
La criminalización vista desde adentro
También generó un corpus etnográfico inédito sobre mujeres centroamericanas privadas de la libertad en el penal de Tapachula, evidencia empírica original sobre patrones diferenciados de criminalización por género y nacionalidad, y un diagnóstico nacional actualizado a 2024, después de una década de estudio, cuyo monitoreo continúa.
La investigación combinó datos estadísticos con revisión de expedientes penales, entrevistas a autoridades, defensorías y organizaciones, trabajo etnográfico en centros penitenciarios, relatos de vida, entrevistas semiestructuradas, observación participante en audiencias judiciales y encuestas.
El objetivo fue pasar “de los datos fríos a conocer a las personas”, y después regresar del caso individual a la comprensión sistémica: la criminalización de migrantes, sostiene la investigación, es el efecto de un dispositivo penal que puede operar en función del perfil social, racial, étnico y migratorio de las personas imputadas, dentro de políticas de contención migratoria bajo una perspectiva de seguridad nacional.
Cuando migrar se convierte en un factor de riesgo penal
El trabajo identifica una intersección entre políticas migratorias con enfoque de seguridad nacional y una política criminal de carácter punitivo. En este entorno, las personas migrantes enfrentan mayores riesgos de criminalización e injusticia.
Uno de los problemas identificados es la percepción arraigada en fuerzas encargadas de combatir el delito (policías, Guardia Nacional, Ejército y Marina, entre otras) de que las personas migrantes representan una amenaza. Esto puede provocar que el combate al crimen se enfoque desproporcionadamente en esta población, pese a que la evidencia científica muestra que, en muchos casos, no son responsables de un delito e incluso son víctimas de los mismos entornos de violencia.
Para la Dra. Núñez, liberar a ocho personas representa un resultado concreto, pero no debería ser el punto final. El desafío es evitar que las personas migrantes tengan que llegar a un proceso penal para que sus derechos sean reconocidos. La apuesta de fondo es transformar las políticas migratorias y de seguridad nacional para prevenir las injusticias en lugar de intentar corregirlas cuando ya se encuentran dentro de los tribunales o las cárceles.
La investigación plantea así una pregunta incómoda para el sistema de justicia mexicano: ¿cuántas personas migrantes están cumpliendo condenas por delitos que no cometieron y cuya historia nunca llegó a convertirse en noticia?
El diagnóstico generado por el PRAMI busca que esa pregunta deje de ser invisible y se convierta en evidencia para el diseño de políticas públicas que garanticen los derechos de las personas migrantes.
