La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que obliga al Estado mexicano a anular el arraigo y acotar la prisión preventiva representa un fallo histórico sin precedente contra los tres poderes de la Unión, afirmó el doctor Antonio Salcedo Flores, especialista de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La decisión de la CIDH sobre el caso Tzompaxtle Tecpile incluye legislar para derogar el arraigo y delimitar la prisión preventiva, deber que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y condena también a los titulares del Ejecutivo Federal –desde Vicente Fox, pasando por Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y ahora Andrés Manuel López Obrador–, apuntó el investigador.

En entrevista, el profesor del Departamento de Derecho indicó que el gobierno actual multiplicó los delitos para la prisión preventiva oficiosa; “Felipe Calderón puso seis y ahora con la presente administración federal ya van más de 100; el jefe del Ejecutivo intimidó a los ministros de la SCJN cuando en septiembre pasado iban a fallar contra esa materia”.

En aquella ocasión la actual presidenta del máximo tribunal tenía un proyecto sobre la legitimidad de esa figura, al igual que afirmaba el ministro Luis María Aguilar Morales; sin embargo, en todos los espacios públicos, López Obrador amenazó a los jueces; “cuando su obligación es dar facilidades para que cumplan su función, él hizo todo lo contrario”, puntualizó Salcedo Flores.

Por ello, la condena es directa contra la actual administración por su forma de actuar, no hay soluciones a los problemas nacionales más que con aumentar penas y delitos e incrementar la acción del ejército, de las policías y los grupos contrarios a la sociedad.

“No nos hemos dado cuenta de los alcances de esa sentencia histórica”, ahora la Corte condena al Estado mexicano, pero ya lo había reprobado la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el grupo de jueces y magistrados independientes, el círculo de trabajo de detenciones arbitrarias de la ONU y la oficina en México de los derechos humanos de ese organismo; por tanto, el tribunal “no podía ignorar las resoluciones de otros juzgados sobre el arraigo y la prisión preventiva oficiosa”.

El especialista pronosticó que la senda a seguir será ardua, “tenemos el cimiento o punto de arranque que es el dictamen, se debe modificar la legislación y el sistema jurídico mexicano, empezando por el artículo 19 que autoriza la prisión preventiva oficiosa, el cual tendrá que dejarse sin efecto; a Felipe Calderón el tribunal le dijo que el arraigo era contrario a la Constitución y lo que hizo fue modificarla para establecerlo en ella”.

También ordena al Estado mexicano dejar sin efecto el arraigo, “el Poder Constituyente habrá de trabajar para desaparecerlo de nuestra Constitución y para la prisión preventiva habrá de adecuarse a los compromisos suscritos por nuestro país en los Tratados Internacionales para dejarla sin efecto”.

La SCJN clasifica la prisión preventiva en automática, justificada, oficiosa y forzosa, pero reconoce que esa medida es una violación flagrante a los derechos humanos, la cual “he hecho del conocimiento de la Corte Penal Internacional (CPI), que desde 2020 está investigando al Estado mexicano y me respondió que la denuncia que interpuse no es la única querella en el citado tribunal”, comentó.

La sentencia notificada “la haremos llegar a la CPI, pues la prisión preventiva oficiosa es un crimen de lesa humanidad y es de su competencia y ese camino lo tenemos que seguir. Ahora tendrán que reformarse los códigos penales, toda la práctica jurídica, porque al aceptar la competencia de la CIDH estamos obligados a ejecutar sus fallos”.

En el cumplimento de los estándares internacionales “estamos peor en la legislación nacional que hace cinco años, hoy tenemos una salida con el fallo, pero que confirma lo que apunté en 2011, 2013, 2015 y 2022 en artículos publicados en Alegatos de la UAM, en el Anuario de Derechos Humanos de la Universidad de Chile”.

Salcedo Flores recordó que “la UAM vio desde 2008 el peligro que representaba la prisión preventiva oficiosa en aquella reforma de seguridad, lo cual fue denunciado, hoy se confirma lo que la Casa abierta al tiempo anunció hace 15 años. Desde entonces sabíamos que México sería condenado y que tenía que modificar sus leyes o retirarse de los tratados internacionales”.

De cada diez detenciones en México, siete son irregulares y los arrestados sufren tortura y violaciones a sus derechos humanos; el camino y trabajo por delante es inmenso, pero esta sentencia representa una salida, un toque de arranque y se convierte en la piedra angular.

Con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fueron condenados los tres poderes del Estado mexicano, “con lo cual se convierte en la mayor sentencia y la mejor herramienta que nos ha dado el tribunal en al menos 70 años”, remarcó el doctor Salcedo Flores.