Es preciso reconocer el papel y colaboración que pueden ofrecer los organismos intermedios en situaciones clave.
¿Ha sido desmedido el número y volumen de organismos creados para contribuir a resolver problemas de interés público? Probablemente sí en algunos casos y en ciertas áreas. Pero de ninguna manera podemos generalizar o subestimar su contribución en las tareas de gobierno. La tendencia en curso a la jerarquización y centralización de las decisiones no solamente puede dejar irresueltos los problemas, también los podría agravar.
Ni siquiera pensemos en organismos autónomos de control horizontal que ya no están –como el ex Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación– o aquellos otros que están en controversia o simplemente han dejado de ser convocados, como el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Nada de eso.
Tomemos como ejemplo el Consejo de Salubridad General (CSG) que viene muy al caso. Un organismo vigente, creado hace más de un siglo con el nombre que hoy tiene y cuyos rasgos principales quedaron asentados en la Constitución de 1917: “dependerá directamente del Presidente de la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país” (artículo 73, fracción XVI).
La Constitución actual conservó la misma redacción sobre el Consejo. Nótese que desde aquellas fechas colocaba la fuerza de las decisiones en el ejecutivo federal y así hasta hoy. Sin embargo, el reglamento y la composición del CSG –recuérdese que es el Consejo; no son las iniciales de ningún expresidente– es lo que ha cambiado a lo largo del tiempo. La última modificación importante fue en 2009, en el periodo de Felipe Calderón.
Según el reglamento vigente, al CSG se le reconoce como un organismo colegiado, presidido por el secretario de Salud e integrado por 13 vocales titulares: siete secretarios de Estado; tres directores de las instituciones de salud más importantes (IMSS, ISSSTE y DIF); los titulares de las academias Nacional de Medicina de México y Mexicana de Cirugía; y el rector de la UNAM. Todos ellos tienen voz y voto, su cargo es honorífico y son designados y removidos por el presidente de la República.
Además, el mismo Consejo cuenta con otros 23 vocales auxiliares de los sectores gubernamental, académico, social y empresarial, los cuales tienen voz, pero no tienen voto. Por ejemplo, están los directores de sanidad de la Defensa Nacional y de la Marina; representantes agrupados en cuatro regiones de la secretarías de Salud de las entidades federativas; las titulares del Conacyt y del Colmex; los directores del IPN y de Anuies; y representantes de la industria farmacéutica y de la Canacintra, entre otros.
En conjunto suman casi cuarenta integrantes en el Consejo. Seguramente no es nada fácil llegar a consensos o acuerdos satisfactorios con tal volumen de participantes. No obstante, cada integrante representa un sector, una visión distinta que puede alimentar el diseño global de soluciones satisfactorias.
Si el CSG estuviera en pleno funcionamiento ¿tendríamos mejores resultados en la gestión de la actual pandemia? ¿Habría un mayor involucramiento de los diferentes sectores y de los distintos niveles de gobierno? Seguramente. Porque reúne distintos perfiles técnicos y políticos. Las decisiones tendrían otro respaldo y otra fuerza.
Tampoco pensemos en lo que pudo ocurrir, veamos lo que ocurrió. La primera convocatoria al CSG no fue cuando apareció el coronavirus en China, ni cuando la amenaza de la pandemia creció en Europa, ni siquiera cuando quedó registrado el primer caso en México (fines de febrero de este año) o cuando los casos comenzaron a crecer en las semanas siguientes.
La primera convocatoria al CSG fue el 19 de marzo, cuando la presión pública creció y urgía convocarlo para tomar medidas extraordinarias. Un decreto presidencial de ese mismo mes daba cuenta de la sesión del Consejo y reconocía al Covid-19 como una “enfermedad grave de atención prioritaria”, pero dejó en manos de la Secretaría de Salud el establecimiento de las medidas necesarias para la prevención y control de la epidemia.
Tal vez es innecesario mantener al Consejo en sesión permanente o celebrar reuniones interminables, pero sí es importante su participación en momentos clave y en la definición de las líneas estratégicas. No ha ocurrido así. No lo fue para la selección del modelo de vigilancia epidemiológica ni para las acciones en marcha; tampoco para la elaboración de la “Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica” (¿Recuerda la discusión ocurrida en el mes de abril?).
Incluso el Consejo, a pesar de que cuenta con representantes de salud de las entidades federativas, no ha desempeñado ningún papel en las negociaciones y acuerdos con los gobernadores sobre el semáforo epidemiológico. No para las políticas. La política, la jerarquización y centralización de las decisiones ha sido la respuesta. Las disputas y los resultados los tenemos a la vista. Otros ejemplos se repiten en las estrategias de desarrollo económico y social, en las acciones desplegadas en el ámbito educativo o en las iniciativas en el campo científico y tecnológico.
En fin, tal vez es fundada la confianza depositada en la formación, sagacidad, honestidad, inteligencia, voluntad y sabiduría de los que llevan mano en las decisiones, pero no estaría nada mal reconocer el papel y colaboración que pueden ofrecer los organismos intermedios. Sí, los liderazgos unipersonales son falibles y efímeros.
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Pie de página: El próximo ciclo escolar comienza el 24 de agosto y a partir de septiembre llega al Congreso la discusión sobre las leyes generales de Educación Superior y de Ciencia, Tecnología e Innovación.
