Los niveles de pobreza y desigualdad son mayores en hogares donde viven personas con discapacidad, lo que implica ingresos bajos e inestables, carencia de cuidados, de apoyo y asistencia para su autonomía, indicó Daniela González Ollino, especialista del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía División de Población CEPAL.
La experta en políticas públicas sobre envejecimiento, personas mayores y sus derechos, destacó que al menos 6.5 por ciento de habitantes de América Latina y el Caribe tiene algún tipo de discapacidad. “Según datos de los censos más recientes, Chile presenta una de las cifras más altas hasta ahora, con 11 por ciento”.
Al dictar la conferencia “Importancia de la medición de la discapacidad”, como parte del Segundo Seminario de Procesos Institucionales con Perspectiva de Discapacidad en la UNAM, inaugurado por Claudia Peña Testa, titular de la Unidad de Personas con Discapacidad de esta casa de estudios y Joshimar Mendivil Luna, jefe del Departamento de Protección Civil y Seguridad, de la Facultad de Ingeniería, refirió:
Es importante tener en cuenta que cada una de las naciones de la región atraviesa por una transición demográfica diferente. En consecuencia, aquellas con más sociedad envejecida registrarán mayor proporción de personas con capacidades diferentes.
Existen brechas de desigualdad interseccionales, toda vez que en algunos casos hay mayor presencia en zonas rurales como sucede en México, Colombia, Ecuador y Panamá, por ejemplo, dijo.
A mayor edad es más probable que presenten alguna discapacidad, principalmente en mujeres debido a la elevada esperanza de vida y, por tanto, con más necesidades de asistencia y cuidados de largo plazo, prosiguió en el encuentro organizado por la Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria.
Daniela González comentó que ellas y ellos presentan niveles educativos más bajos según su condición, en tanto que menos de 40 por ciento forman parte de la fuerza laboral con salarios bajos y tasas de desempleo mayores. Las mujeres tienen menor probabilidad de estar empleadas.
En el encuentro planteó que los censos de población y vivienda, además de encuestas de hogares en la región son una de las fuentes de datos principales para medir la discapacidad en América Latina, “en ausencia de registros sectoriales de educación y salud”.
Por ejemplo, aun no contamos con información robusta y masiva relacionada con la salud sexual y reproductiva de ellas y ellos. Es un tema que no está incorporado en este tipo de ejercicios y en lo cual deberíamos avanzar -porque es un derecho del que desconocemos si se está garantizado- al igual que en la eliminación de las situaciones de discriminación, estigma, violencia y barrera en el plano comunitario.
En su participación a distancia pormenorizó que en el ámbito educativo entran a la enseñanza formal, pero hay deserciones, lo mismo ocurre con la educación superior.
Tienen niveles de dependencia que se traducen en necesidades de apoyo, asistencia y cuidados, pero también se debe garantizar su autonomía y vida independiente.
Es crucial ubicarnos en el enfoque social y de derechos de las políticas públicas en los marcos jurídicos y normativos, así como en los sistemas de protección social en la región, porque en numerosos casos no están siempre insertas en esos sistemas al estar fuera del ámbito laboral.
