El derecho al agua de los territorios es uno de los asuntos más reclamados por el movimiento indígena mexicano y a nivel global, afirmó la licenciada Maira Olivo Paz durante el Foro de investigación Aguas Subterráneas. Haciendo visible lo invisible, organizado por la Dirección de Apoyo a la Investigación de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La integrante de la Red de Mujeres Indígenas Defensoras de la Vida y el Territorio recordó que 80 por ciento de la biodiversidad del planeta se encuentra en regiones resguardadas por los pueblos originarios, lo que muestra la relación especial que tienen con la madre tierra y con los bienes naturales, entre ellos el agua.

Esta lucha ha llevado a que hoy existan instrumentos jurídicos que los reconocen en el ámbito global y uno de los más importantes es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de 1989, ratificado por México en 1990, pues dentro de las obligaciones del Estado está cumplir con las medidas jurídicas necesarias para la protección efectiva de la garantía a la tierra y a los recursos naturales con pleno derecho a los sistemas normativos de los pueblos.

Paradójicamente “fue a partir de la década de 1990 que empezó una serie de reformas legales a nivel constitucional y de otras jurisdicciones específicas que van en sentido contrario respecto del ejercicio de las garantías colectivas de los pueblos indígenas”.

En México “vivimos una violación sistemática”, pues luego de la reforma constitucional para reconocer el derecho humano al agua, se mandató promover una ley general que por su carácter transversal “necesariamente debe reconocer las jurisprudencias geográficas y al recurso de estos pueblos”.

Olivo Paz consideró urgente una armonización legislativa en ese sentido, así como hacer enmiendas a otros estatutos que vulneran los derechos indígenas, como es el caso de la Ley Minera que da preferencia a empresas extractivistas respecto de bienes hídricos que se encuentran justamente en territorios indígenas.

El Congreso de la Unión debe atender este pendiente, hacer las modificaciones necesarias y “armonizar nuestro derecho interno con los diferentes instrumentos con los que el Estado Mexicano está obligado a cumplir”.