La investigadora María Eugenia Suárez y la profesora Ana Sofía Torres dialogaron sobre la resolución de la Corte IDH que reconoce el cuidado como un derecho humano autónomo. Señalaron que para que este derecho se vuelva una realidad se requiere también coordinación institucional, profesionalización y, sobre todo, “un cambio de mentalidad”.
“Todos hemos sido cuidados, todos vamos a cuidar y todos vamos a necesitar que, en algún momento de la vida, alguien nos cuide”, señaló María Eugenia Suárez.
En cambio, las leyes nacieron para repartir bienes, fijar fronteras y organizar el poder, “pero en el centro no estaba pensada la vida”, explicó Ana Sofía Torres, profesora del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos (Dsoj) del Iteso, durante la conferencia “Del cuidado vivido al derecho habitado: el reto de la OC31/2025”. Tuvieron que pasar siglos para que las personas y las labores que sostienen su bienestar fueran reconocidas como parte esencial del derecho.
El 12 de junio de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió la Opinión Consultiva OC31/2025 que sostiene que el cuidado es un derecho humano autónomo e interdependiente con tres facultades: ser cuidado, cuidar y el autocuidado. Con ello ordenó a los Estados diseñar sistemas integrales, con políticas contra los estereotipos de género y medidas de protección reforzada para la niñez, adultos mayores y personas con discapacidad, así como para quienes viven con enfermedades crónicas y personas cuidadoras.
Para Suárez, investigadora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), de la Universidad de Guadalajara (UDG), la resolución es más que necesaria ante un contexto confuso y violento, en el que “parece que la vulnerabilidad es sobre todo un defecto y la interdependencia un peso”.
Sin embargo advirtió que “las leyes no cambian la realidad por decreto”. Los cambios deben hacerse desde el conocimiento de la diversidad de los territorios y las biografías sin despachar soluciones desde un escritorio. “No es un asunto meramente de infraestructura, es un cambio de mentalidad”, añadió.
“Imagínense en este modelo económico de hiperproductividad, ¿a qué empresa, a qué gobierno le interesa que la gente se detenga a cuidar la vida?”, complementó Torres. De ahí la importancia de que el Estado se haga responsable y que el cuidado deje de ser un asunto privado y femenino para convertirse en tarea compartida. De acuerdo con la profesora, la clave es la corresponsabilidad entre individuos, familia, comunidad y Estado. No basta el autocuidado si las condiciones sociales y laborales bloquean la posibilidad de cuidar y de ser cuidado con dignidad.
Suárez expuso hallazgos de una investigación cualitativa reciente para explicar la complejidad de este derecho. Para las infancias, el cuidado no es solo techo, comida o útiles: es vínculo y validación. Mientras que para los adultos mayores no solo implica disponer de los recursos que les devuelven su autonomía, sino también la compañía.
De acuerdo con la resolución de la Corte IDH, en América Latina entre 69 y 86 por ciento del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado recae en las mujeres. Esto limita su autonomía económica y su tiempo para educación, participación política y autocuidado. “Estas mujeres están subsidiando al Estado y al sistema de salud”, advirtió Suárez, por lo que insistió en que es “un trabajo esencial que merece remuneración y, sobre todo, una seguridad social propia”. Las ponentes invitaron a los asistentes a reconocer qué aspectos de su día implican un cuidado y quiénes son las personas que los sostienen.
