Variables como el lugar de origen y su inherente cultura, las posibilidades económicas, el nivel educativo, el género y hasta la situación laboral son factores determinantes
Carlos Moreno, académico del ITESO, colaboró con investigadores de El Colegio de México en el estudio “Cáncer y desigualdades sociales en México 2020”. Las repercusiones económicas de la enfermedad ascienden a una quinta parte del presupuesto de 2020 para el Insabi.
Vivir en una zona rural y de bajo desarrollo socioeconómico trae consigo menores probabilidades de desarrollar cáncer, “pero la probabilidad de que una persona sobreviva en los estados más pobres es inferior a 50 por ciento, cuando en las entidades desarrolladas es superior a 60 por ciento”, dice Carlos Moreno Jaimes, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos (Dsoj) del ITESO.
En México, las desigualdades sociales juegan un papel fundamental en el ciclo de atención integral del cáncer. Variables como el lugar de origen y su inherente cultura, las posibilidades económicas, el nivel educativo, el género y hasta la situación laboral son factores determinantes en el acceso que tienen las personas en las etapas de prevención, detección, tratamiento y rehabilitación del cáncer, así como a los cuidados paliativos.
Esta es una de las conclusiones a las cuales llegó el estudio “Cáncer y desigualdades sociales en México 2020”, realizado por la Red de Estudios sobre Desigualdades de El Colegio de México y cuyo objetivo es visibilizar al cáncer “como un problema primordial de política pública, que mantiene vínculos estrechos con las desigualdades sociales”, dice el también coordinador del Doctorado Internacional en Bienestar Social del ITESO.
Si bien la pandemia por Covid-19 acapara toda la atención y recursos del gobierno, el investigador insiste en recordar que el cáncer continúa siendo la tercera causa de muerte en México, dando una esperanza de vida de 63 años a quienes lo padecen. “Por esta enfermedad fallecen 14 de cada 100 personas. Además, la mortalidad por cáncer se duplicó en 30 años, para pasar de 41 mil a 89 mil personas fallecidas al año”, dice Moreno.
El académico del ITESO trabajó como coautor de este estudio al lado de Laura Flamand Gómez y Rafael Arriaga Carrasco, ambos investigadores de El Colegio de México. El informe se trabajó a solicitud del Frente Unido por el Cáncer de Pulmón, que congrega a las fundaciones Respirando con Valor, Rebecca de Alba y Salvati. Se utilizó el método de análisis de política pública, el cual consiste en formular un problema público “de manera que pueda diseñarse una intervención deliberada para atacar sus causas a partir de un conjunto de criterios socialmente pertinentes”.
Pobreza y cáncer no se llevan bien
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuatro de cada 10 muertes provocadas por el cáncer se pueden prevenir. Sin embargo en México son siete de cada 10 casos de cáncer los que se detectan en etapas avanzadas.
“Esto es evidencia de cómo las personas, especialmente en zonas vulnerables, tienen menos acceso. Los recursos para atender el cáncer, como oncólogos y mastógrafos, están terriblemente mal distribuidos en el país. Las grandes metrópolis concentran la mayor parte”, dice el coautor.
El cáncer es una enfermedad que lleva al empobrecimiento, ya que “genera costos directos e indirectos de entre 23 mil y 30 mil millones de pesos al año, equivalente a la quinta parte del presupuesto que tuvo el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) en 2020”.
El estudio afirma que la respuesta institucional no ha sido buena. “Hay una fragmentación institucional del sistema de salud en México que afecta el tratamiento no sólo del cáncer, sino de cualquier enfermedad. Cada subsistema (IMSS, ISSSTE, Insabi) tiene sus propios protocolos de atención al cáncer y el equipamiento y especialistas disponibles también varían”, añade Moreno.
A ello se suma la ausencia de un programa integral para el control del cáncer, que, junto con la consolidación de la Red Nacional de Registros de Cáncer creada recién en 2017, deberían ser prioridad del gobierno federal.
El estudio urge a las autoridades a coordinarse con la sociedad civil y la iniciativa privada para diseñar soluciones que atiendan esta problemática, a fin de que los ciudadanos puedan acceder a atención oportuna, eficiente y de calidad.
