Con las medidas de deportación tomadas por Donald Trump, se prevé que parte de los mexicanos víctimas de retorno forzado y los migrantes inmovilizados solicitarán ingresar al sistema nacional de educación superior
Cuando el presidente Donald Trump manifestó, en enero 2025, su decisión de aumentar los aranceles a los productos mexicanos, canadienses y chinos, las reacciones fueron inmediatas. En México, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Veracruzana y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) manifestaron su solidaridad con el gobierno de la presidenta Sheinbaum e invitaron a las demás instituciones a sumarse a sus declaratorias. La prensa y las fuentes oficiales de comunicación anunciaron, días después, que el gobierno mexicano había negociado que Estados Unidos aplazara, por un mes, la entrada en vigor de esa medida proteccionista. La noticia desactivó, temporalmente, un eventual movimiento solidario, aunque el desenlace de las negociaciones se mantiene todavía incierto.
Pese a ese respiro, designado jubilosamente como la “pausa” y celebrado como un triunfo, no conviene ahorrarse una reflexión prospectiva sobre probables repercusiones negativas de la política trumpista en la educación superior mexicana. Esa, ya castigada por las políticas públicas de austeridad implementadas en los pasados seis años a escala nacional, está a un paso de volverse un territorio devastado. Además de los efectos indeseables que padecerá, al igual que otros muchos sectores, si se encarecen los precios finales de los productos y servicios, estará específicamente afectada por otras medidas del gobierno de Estados Unidos, aplicadas sin visos de una eventual reconsideración: primero, el control de los flujos de migración procedentes de México, Centroamérica, Suramérica y el Caribe y la deportación de los ciudadanos oriundos de esas regiones y residentes ilegales en Estados Unidos. Segundo, la suspensión, el 2 de febrero 2025, de los fondos otorgados por el Organismo de Ayuda internacional manejados por la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID), con la clausura de sus actividades en el extranjero. Aunque, supuestamente, la vigencia de esa decisión es temporal, y permitirá evaluar costos y desempeños, desorganizó de inmediato las labores de las Organizaciones No Gubernamentales receptoras de recursos, en todos los países y ámbitos apoyados.
Ante ese escenario, las universidades mexicanas tendrán que definir prospectivamente cómo reaccionar ante los retornos forzados de los mexicanos asentados, pero no regularizados, en Estados Unidos y las estancias prolongadas de migrantes de países terceros, inmovilizados en México, a causa del refzrzamiento de las trabas que obstaculizan su entrada a Estados Unidos. Aunque no sean mayoría, parte de esas poblaciones solicitará ingresar al sistema nacional de educación superior y constituirá colectivos adicionales de primo-ingresantes vulnerables en la matricula.
Los establecimientos tendrán entonces que replantear su cooperación internacional, principalmente en términos de movilidad estudiantil y académica. Habrán de diseñar estrategias para conseguir dotaciones financieras sustitutivas a las de los organismos de apoyo, radicados en Estados Unidos. En un escenario nacional, caracterizado por dificultades para incrementar y diversificar, social y espacialmente, la movilidad, habrán de improvisar sobre la marcha su redespliegue hacia otros países y la incorporación de nuevos actores.
Respecto de la cooperación, por cercanía geográfica y por el número de población mexicana o de origen mexicano que habita en su territorio, Estados-Unidos es el principal socio de México. En educación superior, en 2023-2024, 15474 estudiantes mexicanos hicieron una movilidad a Estados Unidos, país que a su vez envió un contingente significativo de alumnos entrantes a México para obtener un grado, hacer una estancia corta/mediana o aprender español. Ese entramado de cooperación bilateral sitúa a México en una dependencia asimétrica y, por ende, en una condición de fragilidad, pese a recurrentes llamados (siempre desoídos) de los organismos internacionales y de los asociativos a fortalecer cooperaciones alternas, principalmente con América Latina.
Cuando, durante su primer periodo de gobierno, Donald Trump decidió poner fin al programa Dreamers instalado en referencia a la Acción diferida para los llegados en la Infancia, vigente desde 2012 (DACA, por las siglas en inglés) México buscó sortear los riesgos de la situación. Simplificó, mediante el decreto 286, los trámites de revalidación de materias o títulos extranjeros, facilitó el ingreso de estudiantes en situación de retorno obligado y prometió resolver ágilmente los obstáculos burocráticos con los que se topaban los migrantes académicos. Con esos propósitos, implementó, con el concurso de la Anuies, el programa Puentes para regular su acogida, independientemente de su nacionalidad de origen y se comprometió a monitorear resultados. Si bien esas propuestas eran significativas en sí, se esperaba, además, que propicien la adopción de mejores esquemas de gestión de la alteridad y de sus implicancias en los proyectos pedagógicos y en los modelos organizacionales de establecimientos, poco preparados para atender a estudiantes formados en otras tradiciones de aprendizaje.
Pero, con la progresiva marcha atrás en la aplicación de las medidas en contra de los Dreamers, las intervenciones para hacer frente a un regreso masivo de indocumentados y de migrantes de paso perdieron relevancia en México. Las medidas contempladas fueron formalizadas más que operadas y no se aprendió ninguna lección. Hoy estamos a un paso de que se repita un escenario antiinmigración similar al de 2017. ¿Hemos capitalizado experiencias anteriores y estamos listos para reaccionar ante el creciente aislacionismo de Estados Unidos?
