Se ha perdido la oportunidad de contar con una Ley de consenso, incluyente, respetuosa de los derechos humanos y con visión de futuro
Mayo 1o, 2023
Carta a la opinión pública
Con la aprobación del dictamen y la votación en el Senado de la Ley General en materia de Ciencias, Humanidades, Tecnologías e Innovación, nuestro país se ha perdido la oportunidad de contar con una Ley de consenso, incluyente, respetuosa de los derechos humanos y con visión de futuro.
Para la ciencia y la tecnología se cerró el proceso legislativo con la violación del compromiso de las Comisiones involucradas de realizar un Parlamento Abierto, que hubiera permitido enriquecer la iniciativa con las propuestas de universidades, instituciones de educación superior, investigadores, academias de ciencias, jóvenes estudiando posgrado, los organismos relevantes de los estados, sindicatos, empresas de base tecnológica y organismos de derechos humanos de la sociedad civil. El mismo proceso legislativo lleva a cuestionar la legitimidad de la norma antes de su publicación por el Ejecutivo Federal.
La Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior manifiesta que, al hablar de la investigación científica y humanística, y de la innovación tecnológica, nadie sobra; que el país se puede beneficiar de incorporar las propuestas que han sido presentadas de buena fe al Conacyt, al Foro Científico y Tecnológico, a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y al Congreso durante los últimos años; y, que se deben respetar cabalmente los derechos humanos de investigadores y estudiantes de posgrado en igualdad de condiciones, sin importar si deciden desarrollarse en una institución pública o particular.
No obstante, el marco legal aprobado sin discusión y sin considerar todos los puntos de vista de la comunidad científica y educativa de México, centraliza la política científica en manos de un Consejo Nacional, cuyo órgano de gobierno estará constituido primordialmente por dependencias gubernamentales, incluyendo a las Secretarías de Defensa y Marina, excluyendo a instituciones de educación superior y líderes de la comunidad científica.
El texto aprobado por el Congreso también es contrario al principio de progresividad, al eliminar la obligación del Estado de invertir al menos el 1% del PIB en ciencia, tecnología e innovación.
Preocupan, de manera particular, las afectaciones directas a las y los estudiantes e investigadores que hacen ciencia en instituciones particulares de educación superior. Bajo la ley aprobada, las becas y los estímulos otorgados por el Estado en el marco del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) sólo serían reservados para aquellas personas adscritas a instituciones públicas. Ello resulta discriminatorio y violatorio de lo establecido en el artículo primero de la Constitución, pero también contradictorio del objetivo primordial perseguido por la norma, que constituye en garantizar a todas las personas el derecho humano a la ciencia.
La ley aprobada también afecta los derechos de las y los estudiantes de México que quieran realizar sus estudios de posgrado en una institución privada, excluyéndoles de los apoyos del Estado por concepto de becas. También excluye a las y los integrantes del SNI adscritos a instituciones privadas de recibir los estímulos que otorga el Estado para la producción científica.
En consecuencia, la redacción actual de la Ley niega los derechos humanos de estudiantes e investigadores de las instituciones particulares, y con esto dificulta el desarrollo de competencias científico-tecnológicas de cientos de miles de estudiantes de educación superior.
FIMPES refrenda su compromiso con:
El diálogo respetuoso y constructivo con el Congreso y las autoridades de los tres órdenes de gobierno; La calidad y la pertinencia académica;
La colaboración entre instituciones públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales, para la construcción de redes de investigación y desarrollo;
La aplicación de la ciencia y la tecnología y el impulso a las innovaciones para el avance de nuestra sociedad; y,
El respeto de la legalidad, las normas institucionales y a los derechos humanos.
Solicitamos:
1.Se continue el diálogo nacional a favor de las humanidades, la ciencia, la tecnología y la innovación para
fundar una política en la suma de voluntades y recursos; y,
2.Acuerde el Ejecutivo Federal con las dos Cámaras del Congreso de la Unión restituir el proceso de
diálogo con parlamento abierto en las dos Cámaras con el fin de alcanzar una ley de consenso por el bien del país.
