La “Armonización de la propuesta de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana con la Ley General de Educación Superior” quitaría a la Junta de Gobierno atribuciones, lo que podría resultar en atropellos e impunidad
No son de importancia menor los comentarios publicados el pasado lunes 24 –por Miguel Casillas– en torno al contenido y forma de lo que se ha de discutir en el Consejo General Universitario(CUG) de la Universidad Veracruzana, convocado por las autoridades para celebrarse el próximo viernes 28; y en particular sobre lo que aparece en el último punto del orden del día –momento ese en que los consejeros, ya cansados y hambrientos, suelen votar como zombis cualquier cosa que se les proponga– titulado “Armonización de la propuesta de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana con la Ley General de Educación Superior”. También son de destacar las reflexiones publicadas ayer –por Jorge Manzo– en el mismo tenor.
Por el término “armonización” –infortunada metáfora musical dada la cacofonía académica y administrativa que padecemos desde hace 8 años en la UV–, el lector ha de entender, más bien, una “adecuación” jurídica entre el Anteproyecto de Ley Orgánica, ya en manos del Congreso Local, y las directrices de la novísima Ley General de Educación Superior. Pero la acción de adecuar sólo se justifica ante la existencia de inadecuaciones, de la misma manera que la acción de la justicia sólo se justifica ante la existencia de injusticias. Y he aquí un punto fundamental, ni los Consejeros Universitarios ni la autoridad han identificado tales inadecuaciones; tal vez porque éstas no existen, o tal vez porque sólo existen en la imaginación de quien puso el tema en el orden del día. Debe ser claro que si no se identifican inadecuaciones nada habría que adecuar, y ese punto del orden del día debería ser retirado.
Pero hay un tema más importante aún: las formas de llevar a cabo el trabajo universitario garantizadas por la Ley de Autonomía de 1996 vigente. Si entendemos por autonomía la capacidad para darnos nuestras propias leyes y conducirnos por ellas (¿y cómo podría entenderse otra cosa?), entonces cualquier “adecuación” –ante reales o imaginarias “inadecuaciones” de la Ley Orgánica– debería ser discutida por la comunidad universitaria, muy cuidadosamente y en extenso, y no presentarse ocurrentemente en el último punto del orden del día del último Consejo Universitario que presidirá la actual administración.
La UV, por supuesto, no es un Estado dentro de otro Estado. Sus leyes y reglamentos no pueden contravenir leyes y reglamentos de mayor rango jurídico. Y, en caso de que se incurriera en esto, habría que identificarlos antes de hacer las adecuaciones pertinentes. El anteproyecto de Ley Orgánica –enviado al Congreso Local desde hace 2 años– tendría, primero, que ser retirado de la Legislatura para ser discutido nuevamente por la comunidad universitaria; después, llevar a cabo las adecuaciones necesarias; más tarde, discutirlo para su aprobación o desaprobación en el CUG; y, finalmente, volverlo a enviar al Congreso Local para su votación y, en su caso, su publicación y entrada en vigor.
Pero ¿qué pretende la autoridad ejecutiva universitaria con ese último punto del orden del día en el Consejo Universitario General de este viernes? Creo que lo peor que podría ocurrir sería un intento de sacar, en fast track, esa presunta “armonización”, y cabildear entonces en el Congreso Local su aprobación y entrada en vigor antes de que la actual Junta de Gobierno emita la convocatoria para elegir al próximo rector o rectora. Y es que, de acuerdo con ese anteproyecto de Ley Orgánica, se aumentaría el número de integrantes de la Junta (de 9 a 11) y se le quitarían a ese órgano varias atribuciones, entre las que destaca la vigilancia, control y rendición de cuentas sobre el ejercicio presupuestal a través de la Contraloría, entidad ésta que pasaría a estar bajo las órdenes del rector o rectora.
El aumento del número de integrantes de la Junta de Gobierno daría la oportunidad a la actual administración de incorporar a dos miembros afines a sus intereses, e influir así sobre la designación de un próximo rector o rectora “a la carta”. Y la subordinación de la contraloría al nuevo rector o rectora que sea designado, garantizaría la impunidad de cualquier atropello que pudiera haberse cometido contra el patrimonio universitario durante el actual rectorado. Son buenos deseos de y para la actual administración. Falta ver si le alcanzan los tiempos políticos, dentro y fuera de la Universidad.
En cualquier caso, ya consiguieron algo: se ha dado como premio, por imperial decreto y a partir de septiembre, el máximo nivel de estímulos a la productividad para todo aquel funcionario que haya “servido” durante la actual administración. Digno broche de oro ¿no?
