En una ciudad donde los edificios de departamentos forman parte del paisaje cotidiano, conseguir un espacio propio sigue siendo un sueño difícil de alcanzar para miles de jóvenes. Mientras nuevos desarrollos inmobiliarios transforman distintas zonas de la Ciudad de México, muchas personas deben buscar vivienda en lugares cada vez más alejados de sus centros de trabajo o estudio.
¿Cómo explicar que una ciudad tenga una intensa actividad inmobiliaria y, al mismo tiempo, tantas personas enfrenten dificultades para encontrar una vivienda que puedan pagar?
Para Anacláudia Rossbach, subsecretaria general de las Naciones Unidas y directora ejecutiva de ONU-Hábitat, la respuesta exige mirar más allá de los edificios que se construyen: implica analizar el precio del suelo, la manera en que opera el mercado inmobiliario y, sobre todo, la relación entre las políticas públicas y los intereses económicos que determinan el crecimiento de las ciudades.
Durante su visita a la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, la funcionaria brasileña explicó que la capital mexicana comparte una problemática con otras grandes metrópolis del planeta: el desarrollo urbano no siempre responde a las necesidades habitacionales de la población.
“Lo que pasa en Ciudad de México pasa en muchas otras metrópolis globales”, señaló.
Y aunque el fenómeno no es exclusivo de México, advirtió que la capital enfrenta presiones particulares relacionadas con su atractivo turístico y el elevado precio de los terrenos.
“El suelo es caro en Ciudad de México, así como es en otras grandes ciudades”, explicó, al reconocer que acceder a terrenos bien ubicados constituye una de las principales barreras para ampliar la oferta de vivienda social.
Construimos viviendas, pero, ¿para quién?
Durante la conferencia La crisis global de vivienda: caminos hacia la acción desde las juventudes, que ofreció posteriormente ante estudiantes y docentes de la Licenciatura en Arquitectura de la IBERO, Rossbach profundizó en una de las grandes contradicciones del mercado inmobiliario contemporáneo.
Las ciudades pueden experimentar transformaciones importantes en su infraestructura, desarrollar nuevos mecanismos de financiamiento y ampliar sus mercados de vivienda sin que eso signifique necesariamente una reducción del déficit habitacional.
De acuerdo con la especialista, América Latina ofrece ejemplos de este fenómeno: aunque su parque habitacional ha cambiado y sus sistemas financieros se han sofisticado, las necesidades de vivienda de millones de personas siguen sin resolverse.
El problema, sostuvo, es que el funcionamiento del mercado no siempre corresponde con la capacidad económica de la población.
En su exposición explicó que los precios inmobiliarios pueden mantenerse fuera del alcance de amplios sectores sociales, incluso cuando existen mecanismos para financiar su adquisición.
A ello se suma que la actividad inmobiliaria también puede tener efectos especulativos e incrementar el valor de los terrenos, especialmente en las grandes ciudades.
“El mercado no llega y las políticas no llegan”, resumió la funcionaria al describir las limitaciones de ambos mecanismos para responder a las necesidades habitacionales. Rossbach advirtió que ampliar el financiamiento inmobiliario puede generar inversión y empleos, pero cuando estas acciones no se acompañan de una adecuada regulación del suelo y planificación urbana, también pueden provocar distorsiones en los precios.
En otras palabras, construir más viviendas no garantiza que sean accesibles para quienes las necesitan.
Esta contradicción forma parte de un fenómeno internacional que ONU-Hábitat ha documentado en su Reporte Mundial de Ciudades 2026: La crisis global de la vivienda. Caminos hacia la acción.
El informe estima que hasta 3,400 millones de personas carecen de acceso a una vivienda adecuada, segura y protegida, mientras que el déficit habitacional mundial pasó de 251 millones de unidades en 2010 a 288 millones en 2023.
¿Es falta de voluntad o no sabemos cómo resolverlo?
Durante la conversación con Prensa IBERO, preguntamos a Rossbach por qué gobiernos, empresas y juventudes parecen tener tantas dificultades para ponerse de acuerdo sobre el futuro de la vivienda en ciudades como la capital mexicana. Su respuesta cuestionó una idea frecuente: que todavía no contamos con soluciones para enfrentar la crisis.
“Yo creo que hoy en día tenemos los instrumentos técnicos para ampliar la oferta de suelo a vivienda social”, aseguró.
La directora ejecutiva de ONU-Hábitat mencionó experiencias internacionales que permiten reservar terrenos para vivienda social, establecer zonas de interés social y generar condiciones para que los desarrolladores privados incorporen soluciones habitacionales destinadas a distintos sectores económicos.
Sin embargo, explicó que disponer de estas herramientas no significa que resulte sencillo ponerlas en práctica.
Uno de los principios que destacó fue la función social del suelo, reconocida en la Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas, que plantea la necesidad de considerar el interés colectivo en el aprovechamiento de la propiedad y el territorio.
Aunque existen instrumentos legales y de planificación, aplicarlos implica conciliar intereses que frecuentemente entran en tensión.
Por ello, Rossbach consideró indispensable construir acuerdos que permitan combinar la participación del mercado inmobiliario con políticas públicas que amplíen efectivamente el acceso a la vivienda.
El desafío, indicó, consiste en llevar las soluciones existentes a una escala suficiente para responder a las necesidades de la población.