¿Nueva normalidad, nueva agenda? – Adrián Acosta

Adrián Acosta Silva

Adrián Acosta Silva

ESTACIÓN DE PASO
Investigador del Cucea de la Universidad de Guadalajara.

Adrián Acosta Silva ¿Nueva normalidad, nueva agenda?

¿Nueva normalidad, nueva agenda?

La muy promocionada pero poco explicada “nueva normalidad” a la que conducen las políticas del post-confinamiento sanitario añade mayor incertidumbre a los efectos de la pandemia en el campo de la educación superior. A pesar de su ambigüedad, la “nueva normalidad” se acompaña de la exigencia presidencial a favor/en contra de la 4T y de decisiones que el oficialismo ya ha tomado y que probablemente tendrán como efecto deliberado la traducción de los códigos de la neo-normalidad pública en acciones que afectarán directamente el presente y el futuro de la educación superior del país.

Esas acciones son de dos tipos: financieras y políticas. Las primeras ya las vemos con claridad, y se expresan en los condicionamientos y recortes presupuestales federales dirigidos a generar ahorros gubernamentales para enfrentar las secuelas económicas de la crisis. Las políticas de austeridad que han acompañado la retórica y las prácticas del obradorismo, se han reforzado durante la crisis epidémica y se alargarán durante los próximos años. En términos de la educación superior, eso significa menores recursos públicos a las instituciones federales y estatales, así como un estancamiento del financiamiento a las actividades científicas y tecnológicas que desarrollan los centros especializados de investigación.

En este tema, los conflictos y protestas no se han hecho esperar. La movilización promovida por un grupo de centros e instituciones científicas nacionales como el CIDE o el CINVESTAV impidió que el anuncio del recorte del 75 por ciento del gasto público de la dependencias de la administración federal de este año que anunció hace un par de semanas el propio Presidente, no se aplicara a rajatabla a los centros especializados de investigación. Si se agrega también la movilización de varios de estos mismos centros contra la propuesta de desaparición de los fideicomisos que lanzó un grupo de diputados de Morena a finales del mes pasado, el tono y los alcances de la nueva normalidad parecen tener un significado más claro.

En el terreno de la política educativa, la normalidad imaginaria se vuelve más confusa. La concentración del poder en el ejecutivo federal significa la centralidad y discrecionalidad de muchas decisiones políticas. La inexistencia del programa sectorial de educación 2019-2024 es un componente que añade incertidumbre a lo que el oficialismo plantea como política pública en educación superior. Hasta ahora, el programa brilla por su ausencia. En cualquier caso, se publicará prácticamente dos años después del arribo al poder de AMLO (suponiendo que ello suceda en el transcurso del segundo semestre de este año), por lo que el horizonte del análisis de los instrumentos y contenidos de las acciones y políticas federales quedará reducido no a un horizonte sexenal sino cuatrienal (2020-2024).

Propuestas como la expedición de una nueva Ley General de Educación Superior, el diseño y reglas de operación del Fondo Nacional de la  Educación Superior, las nuevas fórmulas del financiamiento público federal y estatales para las universidades públicas, el papel, contenidos y alcances de las “Universidades para el Bienestar Benito Juárez García” en los sistemas estatales de educación superior,  la implementación de acciones para universalizar el acceso a la educación terciaria eliminando los exámenes de selección en las universidades públicas, o los relacionados con las experiencias institucionales de virtualización y digitalización educativa instrumentadas durante la pandemia, son temas que requieren definiciones políticas y de políticas que no aparecen en las narrativas de la “nueva normalidad” en el campo de la educación superior.

La música metálica de la austeridad, los recortes presupuestales indiscriminados, la ambigüedad de las políticas públicas, la ausencia de explicaciones y definiciones claras de las reglas políticas de las políticas sexenales de la educación superior, configuran el espíritu de la “nueva normalidad”. Los llamados presidenciales a la solidaridad, la honestidad y el amor (palabras que forman parte del extraño idioma que suele utilizar el Presidente) son el paraguas discursivo que arropa las indefiniciones políticas en muchos campos de la acción pública. Por lo pronto, la vieja normalidad  —con la conocida  lógica de  incentivos y restricciones vigentes desde los años del salinismo, y las rutinas, hábitos burocráticos y reglas escritas y no escritas en las relaciones entre el gobierno y las instituciones de educación superior—, ocupa el centro de la vida burocrática de los SEP, la Secretaría de Hacienda, y la gestión de los gobernadores, diputados, senadores, rectores y directivos de la educación superior.

Desde esta perspectiva, la nueva normalidad no plantea ni promete una nueva agenda. En realidad, conserva las mismas rutinas del pasado reciente pero con menos recursos y apoyos federales. No hay cambio de régimen de políticas: es el mismo régimen experimentado desde hace treinta años en la educación terciaria, particularmente visible en las universidades públicas, pero en un contexto de austeridad salvaje, o ciega. Como en otros sexenios, las restricciones financieras y el control presupuestal dependen del poder público; lo distintivo está en el retorno del hiper-presidencialismo mexicano y sus poderes metaconstitucionales, su parafernalia, símbolos y prácticas. En esas condiciones, la retórica presidencial es la política verbalizada de un proyecto vacío, donde la neo-normalidad significa lo que cada quien quiera que signifique, como sentenciara sin ironía y con aplomo Humpty Dumpty en el país de las maravillas.

Adrián Acosta Silva
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