Acapulco: el largo camino de la reconstrucción educativa

El problema se agudiza cuando se analiza el estado de la educación en esa entidad, que históricamente encuentra en los niveles más bajos del país en prácticamente todos los rubros: tasas de cobertura, eficiencia terminal, escolaridad promedio de la población, aprendizajes efectivos, acceso a la educación media y superior. En un contexto de pobreza extendida y precariedad laboral, Acapulco es el símbolo de la desigualdad que caracteriza a Guerrero y al país. Como otros grandes centros turísticos del país (Cancún, Puerto Vallarta, Los Cabos), el turismo de alto consumo internacional y nacional coexiste con una población empobrecida, sobreviviendo permanentemente entre la precariedad y la falta de oportunidades educativas y laborales.

El impacto del huracán ha vuelto a colocar en perspectiva las dimensiones económicas, sociales y políticas de una población que se ha adaptado a una economía basada principalmente en el turismo, donde consumidores de alta gama mantienen un mercado de círculos excluyentes, privados, configurando una periferia que genera sus propias lógicas de adaptación y supervivencia en los márgenes del gran turismo dominado por yates, restaurantes y bares sofisticados, regularmente clasificados entre los mejores del mundo, departamentos y residencias de lujo, hoteles gran turismo y hoteles boutique de consumo exclusivo.

En ese contexto, configurado lentamente desde hace décadas a través de distintos oficialismos políticos, el sistema educativo acapulqueño experimenta los impactos dramáticos de la devastación de decenas de escuelas, desactivando instantáneamente los circuitos de la formación básica y profesional. Frente al enorme desafío que implica la urgente reconstrucción de infraestructuras y procesos productivos (que se estima durará por lo menos dos años), es posible afirmar que la educación sufrirá un recrudecimiento de sus problemas crónicos, y con ello se incrementarán las brechas de desigualdad en relación a otras regiones del país.

La magnitud y complejidad de la reconstrucción contiene múltiples dimensiones. Pero todas ellas tienen que ver con la elaboración y gestión de políticas públicas que implican inteligencia, capacidad, eficacia y pertinencia gubernamental y social. La experiencia de la gestión de la crisis pandémica del gobierno federal fue duramente criticada por sus yerros, insuficiencias e ineficiencias. La gestión de las implicaciones del desastre en Acapulco corre el riesgo de padecer de las mismas características. En el caso de la educación, la SEP y las autoridades educativas federales, estatales y muncipales tienen una enorme responsabilidad para reconstruir en el menor tiempo y en las mejores condiciones posibles el sistema educativo en Acapulco y las regiones más afectadas por los efectos destructivos de Otis. Ese es el gran desafío de corto plazo no solo para el gobierno nacional o el estatal, sino para el Estado mexicano en su conjunto.

Pero el otro componente de la gestión de la crisis educativa es no sólo el desafío reconstructivo de aulas, escuelas y rutinas académicas, sino también la oportunidad de la re-hechura sistémica de la educación guerrerense, de sus estructuras, actores, procesos y relaciones. Como lo muestran las experiencias de guerras, desastres naturales y conflictos políticos en muchas regiones del mundo, el histórico rezago educativo guerrerense puede comenzar a revertirse como consecuencia de la devastación si se logran intervenciones públicas con una visión de mediano y largo plazo. Las urgencias y las prisas gubernamentales, acosadas por los calendarios y relojes de la coyuntura política, pueden estropear la gran oportunidad de rehacer un sistema educativo local que ha sido abandonado a su suerte desde hace décadas.

Desde esa perspectiva, la acción gubernamental está condenada al fracaso si sólo se piensa en términos de la militarización de la gestión del desastre, que por su propia naturaleza es un recurso excepcional, coyuntural y de corta duración. La acción pública organizada, donde gobiernos, empresas y sociedad interactúan para enfrentar lo urgente pero colocando la atención en el futuro, puede dar mejores resultados que el aislamiento gubernamental. Claramente, hay prioridades: electrificación, comunicaciones, hospitales, agua, abastecimiento de víveres, reactivación del empleo, son la agenda inmediata del desastre. Pero la educación también ocupa un lugar central en las políticas de gestión multidimensional de la crisis.

La realización de un diagnóstico puntual de las carencias, restricciones y oportunidades de la educación en la escala regional afectada por el huracán, puede ser el mecanismo de disparo que la política educativa necesita para revisar a fondo las causas y condiciones que explican la crónica pobreza educativa guerrerense. Es decir, se trata no sólo de “levantar Acapulco” —como señala la frase presidencial como emblema de sus estrategias reconstructivas—, a través de la electrificación y la reparación de los baños, ventiladores, puertas y ventanas de las escuelas, sino de reformar el proceso educativo y del papel de sus actores principales. Es un enorme esfuerzo público por revisar los problemas estratégicos de la docencia y los aprendizajes escolares para diseñar otra forma de gestionar un mejor futuro para la educación en Guerrero.