UdeG: lo que no mata, fortalece

La política siempre contiene cierto toque dramático, reforzado con luces intensas y sombras imprecisas. Coexisten en ese ambiente predicadores y profetas, bufones y ventrílocuos, ilusionistas, políticos profesionales y aspirantes a príncipes de temporada. En momentos de tensión, sus actores suelen dejar de lado los ropajes institucionales, los hábitos propios de la cortesía política, y emplean un lenguaje áspero para marcar intereses, fronteras y territorios. Las motivaciones difusas coexisten con descalificaciones francas contra los adversarios de ocasión, como recursos para fortalecer la identidad de sus respectivos agrupamientos de aliados y simpatizantes.

Eso ocurre también con el conflicto universitario jalisciense. Los capitales políticos de los grupos dirigentes de la UdeG y el gobierno de Jalisco se han colocado sobre el tablero de juegos del poder local, y la gigantesca marcha del pasado 26 de mayo por las calles del centro de Guadalajara en protesta por el recorte presupuestal del gobierno local a la universidad, confirmó las dimensiones y complejidad de las relaciones de conflicto que hoy predominan entre los liderazgos universitarios y el oficialismo estatal.

La ofensiva del gobernador ha implicado la movilización de sus activos políticos e institucionales. Diputados, magistrados, presidentes municipales aliados al alfarismo, se han unido al llamado del jefe del ejecutivo estatal contra la UdeG, colocando en un punto de máxima tensión política las relaciones entre los grupos dirigentes de la universidad y el gobierno estatal. Las cartas están echadas y el desarrollo de los juegos políticos coloca en perspectiva los intereses en disputa. También hay cartas bajo la mesa, esperando a ser usadas en el momento más oportuno.

En el fondo, ya no se trata solamente de un asunto de dineros públicos o de violaciones reales o imaginarias a la autonomía universitaria, sino de la disputa por la legitimidad entre los proyectos universitarios y los del alfarismo. Los hechos muestran que mientras que la UdeG ha construido desde hace 30 años un orden político articulado a un ambicioso proyecto institucional en el terreno educativo, cultural y social en Jalisco, el gobierno estatal no tiene un proyecto claro de qué hacer con la educación superior en un contexto donde la universidad tiene un peso estratégico en la composición y el comportamiento institucional del sector. Un dato revela la magnitud de la evidencia: la matrícula de la universidad absorbe a más de la mitad de la matrícula estatal, y a más del 80 por ciento de la matrícula del sector público jalisciense de la educación terciaria. Esto hace que los grupos dirigentes de la U.de G., como en el caso de otras universidades públicas estatales, jueguen un papel clave como actores políticos de la escena local.

La insistencia en que el ex rector Raúl Padilla (1989-1995) es la fuente de todos los males universitarios es un argumento que comparte Alfaro con un antecesor, el panista Emilio González Márquez (2007-2013). Y su objetivo es similar al de áquel: desplazar al padillismo de los centros de mando de la UdeG (“democratizar a la universidad”), a través del condicionamiento y restricción de los presupuestos públicos que hacen posible el ejercicio de la autonomía universitaria. Para las autoridades y liderazgos universitarios, el problema es que eso significa, bajo cualquier lectura o matiz, una amenaza al derecho de autogobierno y autoorganización; es decir, es una violación a su autonomía institucional.

El gobernador asume que un cambio en el orden politico en la universidad es una responsabilidad de su gestión y no sólo una decisión de la comunidad universitaria, a la que considera sujeta a la influencia de los grupos dirigentes de la universidad. Ese cambio no es una exigencia de grupos de ciudadanos o el fruto de movimientos sociales antipadillistas, sino una responsabilidad auto-asumida del gobernador y de su partido (Movimiento Ciudadano),que cada cada vez más está urgida por las ansiedades del poder, el agotamiento del tiempo político y los rápidos cambios en las circunstancias locales. En términos prácticos, el jefe del ejecutivo local tiene un año para alcanzar sus objetivos o rendirse ante la fuerza de las evidencias o los cambios en las circunstancias. Hay que recordar que el proceso electoral para la sucesión del actual gobierno estatal comenzará en octubre del 2023, donde coincidirá con la renovación a nivel federal de la presidencia de la república y la cámara de diputados y senadores, y a nivel local del ejecutivo, el congreso estatal, y los 125 ayuntamientos de Jalisco, todo de cara a las elecciones de julio del 2024.

Activados los relojes y calendarios del tiempo político, las urgencias y prioridades de las élites gobernantes se desbordan. Entre tanto, los riesgos de ruptura se multiplican y la apuesta del gobernador Alfaro se eleva. Su estrategia tiene como objetivo debilitar y desplazar al poder del padillismo en la UdeG y en la vida política jalisciense. Es una apuesta arriesgada, que supone altos costos y beneficios inciertos para los jugadores. Puede llevar a situaciones de ingobernabilidad en un contexto donde el horizonte preelectoral comienza a tomar fuerza como el dispositivo maestro de los juegos políticos locales y nacionales.

Ya se sabe que la política es un juego de ajedrecistas, no de ángeles, donde los cálculos, movimientos, ropajes institucionales, el lenguaje, son gobernados por el momento político, la experiencia de los jugadores, y las reacciones de corto plazo. Se trata de debilitar y obligar a los adversarios a negociar los asuntos bajo ciertas reglas y condiciones. Pero también en la política, parafraseando a Nietzsche, lo que no mata fortalece. Ese parece ser el supuesto que anima la resistencia de la universidad, las demandas presupustales, y la exigencia de respeto a su autonomía. En las próximas semanas, ese juego de presiones y resistencias puede recrudecerse y tener efectos no deseados o imprevistos en el contexto político local.