UAEMéx: conflicto, política y legislación/ I

El conflicto que durante más de 90 días paralizó a la Universidad Autónoma del Estado de México y que, por momentos, la puso en vilo, ha llegado a una solución parcial. Una especie de punto y seguido que permite la vuelta a las actividades, aunque todavía con problemas. De acuerdo con la propia normatividad institucional, lo que ahora se difunde como solución final (el nombramiento de la doctora Martha Patricia Zarza como nueva rectora) es sólo una etapa del proceso de designación (auscultación cuantitativa), misma que, para su plena validez legal, requerirá de su convalidación por el Consejo Universitario (art. 21 de la Ley Orgánica). Por lo pronto, desde la semana pasada, la doctora Zarza ha negociado con los estudiantes la eventual plena normalidad. A este último propósito contribuyó la toma de posesión del gabinete de trabajo de la rectoría, el pasado lunes 4. Esta primera parte se propone resumir los acontecimientos que enmarcan el conflicto, aún no concluido del todo. He aquí la historia.

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El rectorado de Carlos Eduardo Barrera llegaría a su fin el 14 de mayo y el Consejo Universitario convocó a la elección de un nuevo titular en ese puesto. El proceso avanzaba con regularidad desde marzo, no obstante algunos cuestionamientos y críticas provenientes de grupos de la comunidad, cuando dos chispas incendiaron la pradera. Una aspirante al puesto, en campaña en las unidades académicas, recibió atención especial por parte de los directivos de aquellas, provocando que grupos estudiantiles juzgaran desmesurado aquel acto, atribuyéndole a la aspirante el carácter de “candidata oficial” y señalándola como imposición del rector saliente. Además, un audio con la voz del rector, supuestamente amenazando a las aspirantes al cargo, fue develado en un medio nacional y difundido en redes sociales.

Ambos incidentes se propagaron con rapidez en toda la institución, suscitándose un movimiento estudiantil que, con señalamientos y demandas, incorporados en un pliego petitorio, interrumpieron el proceso ya en marcha. Se inició un paro de actividades, se tomó el edificio histórico de la Rectoría y el estudiantado empezó a marcarle el paso a las autoridades. Entre las principales demandas: a) falta de democracia en la universidad; b) reformas que permitan una mayor representación estudiantil; c) necesidad de una mayor transparencia en la vida institucional; d) una auditoría a la administración saliente.

El rector, severamente cuestionado, renunció al cargo un día antes del término de su mandato (14 de mayo). De inmediato se nombró a un encargado del despacho, quien, junto con la comisión especial del Consejo Universitario para la designación del nuevo rector, hicieron frente a las demandas ya para entonces desbordadas.

Difícil para un observador externo identificar cuál fue el punto de inflexión que permitió que el conflicto, que parecía interminable a corto plazo, e irresoluble por la cantidad y dimensión de las demandas, entrase en un camino de solución parcial. En la negociación entre autoridades y estudiantes se acordó que lo jurídico podría ser el elemento para una salida de lo que parecía infranqueable. Así, a la carrera (y mientras el proceso electoral estaba detenido), el Consejo Universitario convocó a una consulta para reformar el Estatuto Universitario, ordenamiento que regula aspectos de la organización y funcionamiento de la Universidad, presentes en la Ley Orgánica.

La consulta determinó que se modificara, entre otros, un artículo del Estatuto referente a la auscultación cuantitativa (basada en el voto directo de cada miembro de la comunidad), misma que duplica el valor del voto estudiantil en cada dependencia frente al de los sectores académico y administrativo. Cada unidad académica (de las 55 existentes) dispuso de cuatro votos en esa etapa de auscultación.

El 15 de julio se verificó la auscultación cuantitativa. De las cuatro candidatas, la ganadora fue la doctora Zarza con un estrecho margen (obtuvo 27 de las 50 Unidades Académicas que votaron). La participación de cada sector fue nutrida en el personal administrativo (88 por ciento), mediana en el académico (54 por ciento) y baja en el estudiantil (20 por ciento). De los 30 mil votos emitidos, en cinco mil de ellos hubo abstención. Sorprende, como ya se afirmó, que los medios hayan difundido el resultado de la auscultación como una designación. Posiblemente a este cronista se le perdió un eslabón de la historia, pero ahí está el artículo 21 de la Ley Orgánica. Por lo pronto, a tres semanas de la “toma de posesión” de la nueva rectora, 15 unidades académicas aún están en paro. Ya me referiré a todo esto la próxima semana.