Mientras comienza la sucesión rectoral en UAS y UANL, la violencia afecta a UABC y UdeG, y más.
Palabra empeñada. En la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), la carrera por la rectoría será abierta y con terreno parejo para los cuatro contendientes que se registraron para competir por el cargo que dejará en unos meses el actual rector Juan Eulogio Guerra Liera, quien comprometió, hace unos días, su palabra de no intervenir en el proceso ni cargar los dados para alguno de los aspirantes. Son cuatro los que se registraron, de manera preliminar, para dirigir la institución, y de ahí salió la lista definitiva. Gonzalo Armienta Hernández de la Facultad de Derecho Culiacán, Soila Maribel Gaxiola Camacho, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y también exdiputada local, Santiago Inzunza Cázarez de la Facultad de Informática Culiacán, y Jesús Madueña Molina de la Facultad de Medicina y también exsecretario general de la universidad.
Los pronósticos. Aunque es muy temprano aún para perfilar a alguno de los candidatos, al interior de la UAS comienza a crecer el respaldo a Jesús Madueña Molina, quien conoce esta universidad y ha trabajado en la administración universitaria. El proceso no está exento de sorpresas, pero con toda seguridad el exsecretario general de la UAS va a contender con mucha fuerza y va a ganar muchos adeptos conforme se acerque la fecha decisiva. Si la decisión se decanta por las otras opciones, seguramente estaremos presenciando un resultado inesperado. El camino aún es muy largo, así que no puede descartarse que algunos de ellos se hagan a un lado y se sumen a alguno de los otros aspirantes. La UAS sabe que la unidad es un gran aliciente para llegar con fuerza a la rectoría.
Más nombres. En la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) comienzan a desfilar también los nombres de quienes buscan el cargo para los próximos cuatro años, en sustitución del actual rector Rogelio Garza Rivera. Santos Guzmán López, Emilia Edith Vásquez Farías, Álvaro Antonio Ascary Aguillón Ramírez, Juan Manuel Luna Villarreal y Mario Humberto Rojo Flores son las cartas de la UANL. De inicio, Guzmán Lopez, quien funge como secretario general; Vásquez Farías, quien es secretaria Académica, despuntan entre el grupo para que en ellos recaiga la decisión. El próximo rector entrará en funciones el 28 de octubre del presente año y concluirá su periodo el 27 de octubre del 2024. La decisión debe ser muy certera y con apego a la legalidad universitaria. No hay que olvidar que la UANL, es una de las tres universidades de mayor tamaño en el país.
Poco esperanzador. El pasado viernes 7 de mayo, se realizó la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), en la que se abordaron los alcances y retos para la implementación de la Ley General de Educación Superior. Lo más destacado de este encuentro fue el compromiso, veremos qué tan efectivo, para que se haga un análisis de las necesidades económicas de las instituciones de educación superior con miras a cumplir cabalmente la implementación de esta legislación. El objetivo es que las universidades del país cuenten con herramientas suficientes y accedan a un presupuesto acorde con las necesidades que demandan. No están solas en el proceso, les aseguraron desde la Subsecretaría de Educación Superior. Y mientras se concretan y se hacen válidos estos pronunciamientos, el tiempo corre y con él la puesta en marcha de una ley que, si es bien apoyada e instrumentada, puede fortalecer en gran medida la enseñanza superior.
De nuevo la violencia. Como ha ocurrido en reiteradas ocasiones, la delincuencia golpea parejo a cualquier sector y las universidades públicas no han sido la excepción. Hoy fue en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y la Universidad de Guadalajara (UdeG), donde jóvenes de estas comunidades universitarias fueron alcanzados por la espiral de violencia que no ha parado desde hace muchos años. Mañana, lamentablemente, será en otras instituciones donde el crimen organizado cobre factura y afecte directamente a la educación superior. Los llamados de justicia no son nuevos y, mientras la autoridad asume su responsabilidad, las universidades del país siguen a merced de sujetos que no hacen ninguna distinción.
