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Regla de tres 891

La recta final. En la Universidad de Sonora (Unison) se viven los días decisivos para elegir a quien será el rector para el periodo 2021-2025.

La Junta Universitaria apostó por tres de los cinco aspirantes que se registraron. Joel Enrique Espejel Blanco, María Rita Plancarte Martínez y Ezequiel Rodríguez Jáuregui, son los candidatos que llegan. Se prevé que esta semana entreguen lo que será el Plan de Desarrollo Institucional. A más tardar, el 19 de marzo se conocerá la decisión. Si no hay sorpresas, todo se está alineando para que Rodríguez Jáuregui reciba el voto de confianza del máximo órgano colegiado universitario. La comunidad parece que va a caminar en ese rumbo. Capacidad y experiencia en el terreno académico y administrativo hay en cualquiera de los casos. Pero es Rodríguez Jáuregui quien suma simpatías al interior de la Unison.

Perfil demasiado obvio.  En Zacatecas, la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) se ha convertido, en los últimos años, en un semillero que nutre a partidos políticos a nivel local. A diferencia de otros casos, de los que hemos hablado en semanas anteriores aquí mismo en este espacio, los vínculos con las fuerzas que compiten por las preferencias de los ciudadanos pueden más que la capacidad y los logros que se obtuvieron durante la gestión universitaria. Alfredo Femat Bañuelos, ex rector de la UAZ y actual diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), es una de los casos más recientes. Ahora se le suma otra ex rector también de esta institución, y parte del mismo grupo al interior de la universidad zacatecana. Antonio Guzmán Fernández, quien hasta hace unos meses ocupaba la rectoría de esta institución, se registró como candidato del mismo partido para participar en las próximas elecciones por la diputación local del Distrito 3, que corresponde al municipio de Guadalupe. Ahora podemos deducir cuáles eran sus verdaderas aspiraciones mientras era parte de la UAZ.

No hay interés.  Aunque el discurso y los funcionarios digan lo contrario, la ciencia y la investigación en el país no son prioridad. Ni siquiera en un escenario como el actual, cuando la clave y la solución frente a una pandemia obligan a mirar hacia la comunidad científica del país. El desarrollo de vacunas, que en otros países les da un bálsamo mucho mayor y más sólido en esta contingencia sanitaria aquí se encuentra a años luz de distancia. Se desaprovechan así la iniciativa y las propuestas de comunidades académicas que ponen su talento sobre la mesa. Y es que la investigación y el desarrollo de cinco vacunas mexicanas en contra de el covid-19 están detenidas por la falta de recurso e interés por parte del gobierno mexicano. Lo dice claro la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gazca, quien ha estado muy de cerca en estos proyectos. Lamentable por donde quiera que se le vea. La capacidad de los científicos mexicanos a la deriva y sin el respaldo que demanda una labor de suma importancia para el país.

Contrastes marcados. El pasado martes, la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 400 votos a favor, 47 en contra y dos abstenciones, el dictamen que expide la Ley General de Educación Superior, con lo que se abroga la Ley para la Coordinación de la Educación Superior de 1978. Una legislación necesaria, cierto. Y una legislación que entraña una muy buena intención. Al menos en el papel no se le puede regatear nada. El problema es que lo que se encuentra ahí plasmado va a chocar de frente con una realidad cargada de limitaciones presupuestales. Aunque la ley ordena un incremento gradual de los recursos para cubrir aspectos como la gratuidad y la obligatoriedad de este nivel educativo, las proyecciones financieras que dicta la Secretaría de Hacienda no toman en cuenta este nuevo marco jurídico.

Lejos de la realidad.  Desde que el tema se colocó en la agenda nacional, más por determinación presidencial que por iniciativa de los legisladores, o por el debate abierto de especialistas e investigadores, se advirtió de la complejidad de cumplir con los plazos y los montos necesarios para llevarla al pie de la letra. Ahí está la obligatoriedad de la educación preescolar y de la educación media superior. Dos intentos que no terminaron de cuajar al 100 por ciento debido a la falta de fondos económicos que acompañen legislaciones de gran calado y largo alcance. Al menos en uno o dos años la puesta en marcha de lo que marca y dicta la Ley General de Educación Superior se hará con pasos muy lentos. No hay forma, al menos, por ahora, de acelerar las metas planteadas para la aprobación de esta legislación.

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