La falta de coherencia entre el discurso y las políticas públicas ponen en riesgo al sector educativo
Sin contestación. La educación superior pública en el país no pasa por su mejor momento. Desde hace años el deterioro financiero es evidente y, a pesar de las limitaciones, no ha impactado de lleno en el quehacer académico. Sin embargo, lo saben los expertos, los funcionarios y los propios universitarios, el escenario se ajusta cada vez más y con mayor riesgo. Y en buena medida, gran parte de todo este asunto tiene que ver con la falta de coherencia entre el discurso y las políticas públicas. La voluntad y la intención de quienes asumen la responsabilidad de gobernar ha quedado muy lejos de las expectativas y las necesidades de este sector educativo. Y mucho daño le hace aún más, la simulación. De eso han tratado mucho estos dos últimos años. En la educación superior se habla de alcanzar la obligatoriedad, de satisfacer el derecho de todos los jóvenes a ingresar a los estudios profesionales y de construir más opciones educativas que en cualquier otra administración. Y de eso, teniendo las cifras de su lado, las universidades públicas, no han querido hablar ni mucho menos debatir.
Peligrosa dinámica. Hace unos días, durante una gira por Guerrero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la construcción ya de 140 universidades públicas. Obviamente se refería a los planteles “Benito Juárez”. Ni son universidades como tal, ni han dado los resultados, hasta ahora, prometidos y presumidos. Se trata de escuelas que están muy lejos de convertirse en una alternativa de calidad y viabilidad para miles de jóvenes. Es una realidad que los rectores y directores de las instituciones de educación superior no pueden negar. Y cuando debieran colocarlo en la agenda nacional, en las mesas de análisis, no hacen mucho por ofrecer la versión de la realidad. Entre el silencio y las posturas vagas se pierden y se van los días. Y lamentablemente, de seguir esta tendencia, el riesgo de abandono para las universidades será más inminente.
No hay visos de cambio. Lo de las 140 “universidades” es parte de una política que no le apuesta a la calidad, a la pertinencia ni a la evaluación. La excelencia por la que han luchado las verdaderas instituciones del país no es carta de presentación de este modelo que presume de 140 planteles, obvio, sin la capacidad instalada de las universidades públicas estatales. Bajo el pretexto de la corrupción, se coloca a las instituciones de educación superior en el cadalso y las prioridades financieras apuntan en otra dirección. Con tintes mucho más marcados que en otros sexenios. Con ideologías que nada favorecen el desarrollo del nivel superior en México. Pero la voz de quienes están al frente no se levanta. Por precaución, por evitar roces, o por simple condescendencia, son pocas las excepciones que han confrontado la versión oficial construida en el imaginario colectivo, mas no sustentada en datos fehacientes y duros. Al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) lo asediaron por meses. Pocos hablaron de los inconvenientes de echar atrás esta encomiable institución. Y al final, lo dejaron morir solo y el desenlace ya lo sabemos. Si las universidades públicas del país no adoptan una postura más incisiva, al final pueden aislarse y nadar en terrenos demasiado inestables. Si ellas no defienden su propia viabilidad, a larga pueden lamentarlo.
Un botón. Y para muestra, los ataques que, desde los poderes locales, han enfrentado las universidades públicas del país. Por eso debe tomarse en cuenta lo dicho por el rector de la Universidad de Colima, José Eduardo Hernández Nava, durante el cuarto informe de su segundo periodo al frente de la institución. En la máxima tribuna universitaria, agradeció a los legisladores haber frenado la reforma a la Ley Orgánica de la UdeC que desde el grupo parlamentario de Morena se quiso impulsar. Por el bien de la sociedad del estado, asumió el rector, se quedó en intentona. Pero no será el último y muchas instituciones ya lo experimentaron y lo seguirán haciendo. Porque no encuentran aliados suficientes que respalden esta vulnerabilidad. Porque ellas mismas optan por hacerse a un lado, a reserva que desde el gobierno federal llegue una reprimenda o una amenaza mucho más directa a la autonomía y sus capacidades de autogestión.
