Reforma en la UNAM/ V: Protesta y Gobernabilidad

Reforma en la UNAM/ I: pasado y futuro

Reforma en la UNAM/ II: lecciones del pasado

Reforma en la UNAM/ III: el rector Barros Sierra

Reforma en la UNAM/ IV: el rector Carpizo

La máxima casa de estudios ha iniciado un proceso de reforma universitaria. Esa tarea, calificada como monumental por el suscrito, tiene un aspecto esencial: se está realizando “sin desconocer las aportaciones de las gestiones anteriores”… y [o] ignorar las lecciones que dejaron los ejercicios fallidos|”. En las entregas II y III de esta serie se abordaron las reformas o modificaciones que fueron positivas para el avance de la UNAM: la Ley Orgánica de 1945, con la creación de la Junta de Gobierno, y la gestión del rector Barros Sierra, pródiga en realizaciones; pero también la reforma promovida por el rector Carpizo, a partir del documento Fortaleza y Debilidad, el mismo que, reflejando un diagnóstico sobre 30 aspectos preocupantes de la institución, fue calificado, inicialmente, como un exceso o ataque a lo que diversos grupos estudiantiles consideraban como puntos o aspectos inmodificables. Corresponde ahora hacer referencia a las reacciones generadas por ese documento.

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Como se afirmó al final de la parte III, después de 104 días de auscultación en torno a los puntos señalados en el diagnóstico, fueron presentadas 1760 ponencias u opiniones provenientes de los distintos ámbitos y sectores de la comunidad universitaria. Con ello en consideración, el Consejo Universitario aprobó lo que se llamó un primer paquete de 26 propuestas en torno a los diferentes aspectos contenidos en el diagnóstico, el 11 de septiembre de 1986.

El país vivía, en ese septiembre, una situación que se calificaba como crítica. El gobierno del presidente De la Madrid, después de cuatro años de gestión, no levantaba vuelo. El crecimiento económico fue de 0.3 por ciento en ese lapso. Con ello, los problemas del empleo, una política salarial sumamente restrictiva, un incremento en los números de la pobreza y una inflación de 4,000 por ciento en todo el sexenio. De ahí la denominación que, extendiéndose a la primera parte del presidente López Portillo, e le denominó la década perdida. A esto se sumaban las cicatrices sociales y políticas dejadas por una deficiente gestión pública ocasionada por el terremoto del año anterior en el todavía Distrito Federal. El contexto era, por consiguiente, poco propicio; aunque, tomando en cuenta las siempre perennes y sabias palabras de Roger Díaz de Cossío: “Nuestras actuales universidades son los organismos más difíciles de cambiar”. Muestra de ello, en el terreno de la educación superior, son los datos del financiamiento. Como se resumía la situación reinante: “Entre 1982 y 1988, el presupuesto federal para las universidades públicas se redujo 43 por ciento, mientras que en la UNAM, entre 1981 y 1986, la disminución fue del 40 por ciento” (Argel Gómez).

Las 26 propuestas provocaron de inmediato una reacción estudiantil. Algunas de esas resultaban lesivas para ese sector. Ahí se identificaba, principalmente, o relativo al pase automático a la licenciatura, la limitación de los exámenes extraordinarios y, con ello, la modificación en tres de los reglamentos: inscripción, exámenes y pagos. Pero lo anterior fue sólo un prólogo de lo que vendría nueve días después de la decisión del Consejo Universitario: la exigencia de derogar todo lo ya aprobado, momento que fue el banderazo de salida para un conflicto que, en una primera fase, se extendió a todo el rectorado del Dr. Carpizo y después, en una segunda, hasta junio de XX, en pleno rectorado del Dr. José Sarukhán, en que se clausura el Congreso Universitario, posiblemente la más representativa de las demandas de todo el movimiento. Habían pasado ya cuatro años.

A la repulsa estudiantil se fueron sumando distintos sectores y grupos de la Universidad. Una muy significativa fue la del STUNAM. En ese mes de septiembre de 1986, el Sindicato descalificó el diagnóstico y las propuestas aprobadas por el Consejo Universitario, afirmando que “no se trata de una consulta verdadera”. Con mayor ímpetu en octubre, una manifestación estudiantil insiste en la derogación de todo lo aprobado por el Consejo Universitario. Luego, cuatro días después, y con ese impulso, el 31 se constituye el Consejo Estudiantil Universitario (CEU), organización que sería el principal antagonista de la reforma de Carpizo y que marcaría el paso en materia de la gobernabilidad institucional.

A lo largo de cuatro años, la Universidad va a transitar por una situación extraña. Por un lado, el gobierno universitario va a estar en vilo, concentrado en volver las cosas a la normalidad, pero, en muchos aspectos, casi a remolque del CEU. Por otro, las funciones sustantivas (docencia, investigación, cultura) se van a seguir desarrollando con regularidad, salvo la huelga mayor de 21 días a principio de 1987 y múltiples paros en algunas facultades y escuelas.

Durante todo ese periodo, hubo momentos significativos: a) el acuerdo del Consejo Universitario para suspender la vigencia de los reglamentos, discutir y aprobar la convocatoria para un Congreso, el Consejo Universitario asumiría los acuerdos de dicho Congreso; b) el acuerdo Rectoría- CEU para la integración de la Comisión Organizadora del Congreso Universitario (COCU); c) celebración de un Foro Universitario, representativo de las diversas corrientes en torno al conflicto; d) “debate plural por televisión, con la presencia del propio rector Carpizo y de Roger Bartra, Heberto Castillo, Rolando Cordera, Olac Fuentes, Carlos Tello y Humberto Muñoz, todos ellos presencias distinguidas de la vida política y académica; e) primer comunicado conjunto entre el CEU y la Rectoría para crear una Comisión Especial (10 representantes por cada grupo) para estudiar las reformas”; f) diálogo público transmitido por Radio Universidad, mismo que produjo la adopción de dos decisiones importantes: retirar el reglamento de pago y bajar a siete el promedio para el pase automático; h) el rector Carpizo confirma lo que había anunciado desde su toma de posesión, no buscaría la reelección; i) toma posesión como nuevo rector el Dr. José Sarukhán (enero de 1989).

Epílogo:
El Congreso se clausuró, como estaba previsto, el 15 de junio de 1989, ya con el Dr. Sarukhán como rector. A casi cuatro décadas de distancia, puede decirse que no hubo un perdedor o un ganador absoluto: ganó la Universidad. Un rector que prometió desde el primer día de su mandato que “… la Universidad no puede ser sólo crítica, sino fundamentalmente propositiva”, cumplió plenamente con ello. De ahí su insólita actitud, en comparación con otras autoridades universitarias de cualquier época, al concurrir a un debate televisado como el que ya se mencionó.

Pero tampoco un perdedor absoluto: la gran demanda del movimiento, la de cambiar el gobierno universitario, no se adoptó, dada la norma acordada para que cualquier modificación a la Ley Orgánica sólo fuese aprobada por las dos terceras partes de representantes en dicho Congreso. No obstante la mayoría de estos últimos, proclives al movimiento, prevaleció la sensatez. Así, una propuesta radical, como la de designar autoridades a partir de una votación de toda la comunidad, no prosperó. El corporativismo se había roto. Ganó la Universidad en su conjunto.