La Máxima casa de estudios ha iniciado un proceso de reforma universitaria. Así lo da a conocer en un expresivo y amplio texto el Dr. Hugo Casanova, publicado el pasado viernes en La Jornada. Se trata, como ahí mismo se expresa, de “actualizar el legado histórico de la Universidad Nacional, perfilando un nuevo modelo institucional con un enfoque prospectivo”. La tarea, “compleja e intensa”, se concentrará en tres dimensiones: académica; institucional (“que abarca los grandes sistemas que sostienen la vida universitaria”); normativa y de gestión (lo jurídico y lo organizativo). Pocas palabras que resumen potencialmente lo que será un mundo de actividades y tareas. Además, ya se tienen definidas prioridades; en algunas de estas, según se informa, ya se cuenta con avances considerables.
A lo anterior, el Dr. Casanova agrega que esa tarea monumental de la reforma se está realizando “sin desconocer lo aportado por gestiones anteriores…” así como las “lecciones que dejaron los ejercicios fallidos”. Esto último remite a un tema esencial: la gobernabilidad.
Con o sin autonomía, en la historia de los 116 años de vida institucional, son muchos los casos en que los planteamientos de reforma, innovación o simples cambios han derivado en conflictos. Inclusive, en ese recuento pueden identificarse claramente momentos de pérdida de gobernabilidad institucional por muchas otras causas, inclusive baladíes, como la animadversión personal entre el presidente de la República y el rector (Díaz Ordaz- Ignacio Chávez). Véase también, por ejemplo, la poca permanencia (por no decir renuncias, ceses o movimientos para defenestrar a la autoridad) de un buen número de rectores en el puesto. Tal es el caso de los siete que ocuparon esa posición durante el primer decenio a partir de su fundación (1910-1920), o entre los diez más en el lapso comprendido entre la primera y segunda autonomía (1929-1944).
Las instituciones de educación superior públicas son parte integral del Estado mexicano, independientemente de su naturaleza jurídica específica, sea autónoma o dependiente de una estructura gubernamental. En ellas se ejerce poder político, tanto el que deviene de la propia normatividad institucional o gubernamental, como el originado en poderes fácticos o factores reales de poder.
La historia de la Universidad Nacional, a partir de su fundación en 1910, es simultáneamente la de la organización que intenta apegar su funcionamiento al contenido de la norma que le da vida; pero también, como la instancia en la cual se desarrollan conflictos propios u originados en el exterior, aparándola, por consiguiente, de las finalidades y objetivos que aquella tiene. En las universidades, especialmente en las autónomas, se tiene un poder político sui géneris que, a diferencia de otras instituciones de educación superior, carece de fuerza coactiva, la misma que en momentos de conflictos (huelgas, tomas, manifestaciones) impide el funcionamiento regular en las funciones que se tienen encomendadas. Así, una definición sintética del poder político (“la capacidad de imponer conductas a otras personas con y aun en contra de su voluntad”) resulta inoperativa en los conflictos que tienen algunas casas de estudio.
De este modo y bajo esas premisas, cohesión y conflicto conviven en el mismo espacio universitario, como sucede también en el territorio del país. En este, comunidades y regiones “gobernadas” por factores reales de poder, como el crimen organizado. Una institución universitaria prestigiada y que ha tenido cambios fundamentales en el último cuarto de siglo, como la UNAM, alberga en su espacio, protegido en la Ley Orgánica, otro donde aquella no rige, como es el caso del auditorio Justo Sierra/Che Guevara, ocupado desde la llamada huelga “de fin de siglo” (1999-2000), dirigida contra las reformas que pretendían elevar las cuotas de 120 pesos.
Con ello se repetía la historia, medio siglo después, de lo que fue el rectorado del Dr. Salvador Zubirán (1946-1948). Una rectoría eficaz, emanada ya de la nueva Ley Orgánica, logra ampliar el cuadro de dependencias académicas con escuelas e institutos. El mayor desafío de la época, los magros presupuestos, se supera uando consigue el más considerable subsidio federal de la historia institucional. No obstante, al pretender que el presupuesto también se fortaleciera con un incremento de 20 por ciento a la colegiatura anual del estudiantado (de 180 a 120 pesos), sobrevino la huelga y el ameritado rector tuvo que renunciar para preservar un bien mayor: el funcionamiento de la recién bautizada (legislativamente) UNAM.
De ahí la importancia señalada por el Dr. Casanova: tomar ejemplo de las iniciativas de reforma que resultaron fructíferas, pero también de “los ejercicios fallidos”. A esto me referiré la próxima semana.
