Nueva Ley de Ciencia y Tecnología: Visión General /I

Finalmente, la espera legislativa para abordar una ley en esa materia terminó el 13 de este mes, cuando la Cámara de Diputados recibió una Iniciativa presentada por el presidente de la República. Con el nombre oficial de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, el texto presentado conserva buena parte de los aspectos contenidos desde la ley de 1970 que creó el Conacyt, así como la reforma al Artículo 3º constitucional de 1993, la Ley de Ciencia y Tecnología de 2002, así como sus sucesivas reformas hasta el presente. Pero también, el documento introduce innovaciones, algunas de gran calado, reportándose también ausencias significativas, particularmente una relacionada con el financiamiento.

El proyecto, expuesto en 118 páginas (en la versión de la Gaceta Parlamentaria), está precedido de una amplia Exposición de Motivos en la cual, entre otro temas, se formula un diagnóstico sobre la ciencia y tecnología nacionales, centrado a partir de lo realizado en el 2000, de la presidencia de Vicente Fox hasta la situación encontrada en 2018. De acuerdo con ello, algunos elementos relevantes de ese diagnóstico son los siguientes:
• Enorme discrepancia entre los objetivos destacados y las acciones realizados, tendientes, la mayor parte de ellas, a favorecer al sector privado. Entre estas se resaltan, como ejemplo: a) el fomento a la vinculación en los centros públicos de investigación con ese tipo de empresas; b) el financiamiento público canalizado, vía fideicomisos y transferencias, hacia las mismas; c) otorgamiento de becas y financiamientos en posgrados de instituciones privadas.
• El gasto nacional público y privado, fijado por ley hasta ahora en 1.1 por ciento del PIB, sólo alcanzó su punto más alto en 2010 (0.49 por ciento), hasta llegar a 0.31 por ciento en 2018. Por su parte, el gasto privado descendió de 0.16 del PIB en 2010 a 0.05 en 2018.
• Los posgrados públicos se generaron por razones de mercado y las universidades y centros públicos de investigación “funcionaron como empresas públicas y comercializadoras, al servicio del sector privado”. Con ello, tales instituciones “dejaron de lado el sistema nacional y la consecución del bienestar social”.
• Entre 2002 y 2018 fueron creados 91 fideicomisos, 26 por los Centros Públicos de Investigación (CPI) y 65 directamente por el Conacyt. Como se menciona en el texto respecto a los primeros, y en la mayoría de ellos, la contratación de estos fideicomisos “se llevó a cabo al margen de las comunidades académicas y con “adquisiciones poco transparentes”. Respecto al Conacyt se critica que: en los llamados fondos mixtos y sectoriales “no definió las prioridades del gasto . . .a pesar de ser la coordinadora del sector y la institución que realizaba las aportaciones más significativas”; b) toleró la simulación en posgrados, al acreditar programas profesionalizantes “en particular en universidades privadas; c) alentó una política para incrementar los posgrados en instituciones privadas. Así, en los años noventa, los programas de ese nivel ascendían a 1,200, para dar un salto a 2,875 en 2020, siendo el 60 por ciento de ellos de instituciones privadas;
• Sistema Nacional de Investigadores. No se ofrecen datos sobre su crecimiento en los años previos a 2018, pero sí se formulan juicios sobre el conjunto. Así, se afirma que “permaneció desarticulado de los esfuerzos institucionales del sector y al margen de los problemas nacionales”. Algunos rasgos que ahí se identifican son: a) en su diseño prevalecieron “criterios elitistas y de evaluación productivista”; b) se simularon actividades relacionadas con ciencia, tecnología e innovación; c) se le dio una importancia enorme a las publicaciones científicas indexadas “sin valorar su incidencia efectiva en el avance del conocimiento universal o en la atención de los problemas nacionales”.

Ante ese muy resumido cúmulo de problemas encontrado por la Administración Pública Federal cuatro años atrás, la Exposición de Motivos consigna un autoanálisis de lo realizado en estos últimos tiempos. Así, se indica que: a) se ha dado un “giro radical” en esa política pública; b) ésta “va adquiriendo ya” un carácter integral, plural, participativo, incluyente y de largo plazo; c) todas las acciones de esta política pública están dirigidas a “poder contribuir al desarrollo integral de la nación”.

A partir de todo ello se identifican algunos de los principales logros obtenidos entre 2018 y 2022, para luego enunciar los principales puntos contenidos en la Ley. A todo esto me referiré en la siguientes entregas.

Comentarios:
• El término “finalmente”, aplicado a la presentación de la Iniciativa de Ley, responde a que se trata originalmente de un mandato contenido en la reforma del Artículo 3º de 2019, el cual prescribía en su sexto transitorio: el Congreso de la Unión deberá expedir la ley correspondiente “a más tardar en el año 2020” ¿Por qué no mencionar la razón o circunstancias por las cuales no se procedió en dos años completos?
• Desaparece el compromiso del Estado Mexicano fijado en la reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología de 2004 en los siguientes términos: “el monto anual que el Estado —federación, entidades federativas y municipios— destine a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, deberá ser tal que el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor al uno por ciento del Producto Interno Bruto del país, mediante los apoyos, mecanismos e instrumentos presentes en la presente ley”. Tal proporción, el uno por ciento del PIB, debería alcanzarse dos años más tarde, situación que tiene ya una demora de 16 años.
• De modo más específicos, las críticas al financiamiento del sector, previo al 2018, no han tenido un efecto positivo en los cuatro años de la actual gestión. En la propia exposición de motivos el dato sobre el gasto nacional (GIDE), que en 2018 ascendió a 0.31 por ciento del PIB, para 2019 descendió a 0.29 por ciento. Además y en comparaciones elaboradas por la Red ProCiencia Mx, respecto al proyecto presupuestal para 2022, se ofrecían los siguientes datos: a) el sector ciencia y tecnología tendrá sólo el 0.33 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación, el más bajo en 10 años; b) el Conacyt tendrá una asignación de 0.42 de ese mismo instrumento, el más bajo en 11 años (“gasto en ciencia en 2022; nada que presumir”, I. Sánchez, Reforma 24 de enero de 2022)