Ley general: ¿humanismo, Sedena y Marina a la junta de gobierno?

Quedaba el Congreso para discutir y disipar dudas sobre la inclusión. Pero no, ya se sabe que los legisladores tuvieron sesiones muy cuestionadas y ni debate hubo. Una última oportunidad para aclarar las cosas la tuvo la directora del organismo, la doctora Elena Álvarez Buylla, a la semana siguiente de aprobada la ley, cuando participó en la conferencia de prensa del presidente López Obrador.

Sin embargo, la presentación de la doctora Álvarez solo reiteró el diagnóstico general e impreciso que ha repetido una y otra vez: grandes transferencias de recursos públicos a instituciones particulares, el dispendio de los fideicomisos, el descenso en innovación y por ahí se siguió. Ni una palabra sobre la participación de Sedena y Marina en la junta de gobierno.

La composición y responsabilidades de la junta de gobierno es clave en el nuevo marco normativo. Porque es, prácticamente, el órgano que concentra todas las decisiones estratégicas para el funcionamiento no solamente del Conahcyt, sino de todo el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación.

Ahí se decidirá qué programas de posgrado se pueden crear, cómo integrar el posgrado, quiénes pueden recibir beca, cuáles normas regularán el Sistema Nacional de Investigadores (artículo 38 y ss), los proyectos y temas de investigación conforme la agenda nacional y, por supuesto, el financiamiento y operación del organismo rector, entre otros aspectos.

Por cierto, aunque se entiende que el Conahcyt y su junta de gobierno ocupan el lugar central en el sistema nacional de ciencia y tecnología, no deja de sorprender que la nueva ley general, cuyo principal cometido es distribuir responsabilidades y facultades concurrentes entre diferentes órdenes de gobierno, incluya la personalidad jurídica y funciones del Conahcyt, un organismo federal. Aunque tal vez es la mejor forma de ilustrar la fuerza centrípeta de la nueva organización del sistema.

El caso es que, según la nueva ley, la junta de gobierno la presidirá la directora del Conahcyt y se integrará por representantes de 13 secretarías y un Instituto: Agricultura y Desarrollo Rural; Bienestar; Comunicaciones y Transportes; Cultura; Economía; Educación Pública; Energía; Hacienda y Crédito Público; Defensa Nacional; Marina; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Relaciones Exteriores; Salud; y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

A los representantes anteriores, se suman ocho personas más de la comunidad y de los sectores social y privado, todas ellas a invitación de la persona titular del Conacyt, previa propuesta de la coordinación del Órgano Interno Consultivo. Esa coordinación, en un reforzamiento circular, es presidido por la persona que propone el mismo Consejo y funcionará conforme un nuevo estatuto orgánico del mismo Conahcyt.

Las 14 personas del servicio público y las otras ocho que representan a otros sectores, participan con voz y voto junta de gobierno. O sea, una mayoría de la administración pública. También puede haber otros participantes a invitación expresa de la junta de gobierno, pero todas ellas solamente tendrán voz, incluyendo la representación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

¿Y cómo era antes? La máxima autoridad no era la junta de gobierno del Conahcyt, era un Consejo General, separado del organismo, presidido por el ejecutivo federal que tenía un número similar de integrantes: los titulares de nueve secretarías, la dirección del Conacyt y diez representantes de los sectores académico, social y productivo. Es decir, eran mayoría los representantes de la administración pública, pero la diferencia era menor y no tenía control total sobre los otros participantes. El problema es que ese Consejo General no se reunía e incumplía con sus responsabilidades.

Ahora la junta de gobierno se convirtió en la máxima autoridad, ya no está el ejecutivo federal y los representantes de las secretarías no necesariamente deben ser las personas titulares. ¿Y por qué sumar cuatro secretarías más? La autoridad no dio ninguna explicación, pero cabría suponer que fue para ampliar su control y disminuir la participación relativa de otros sectores. Incluso la propuesta inicial solamente incluía a seis representantes de otros sectores y en el ajuste final en la cámara de diputados se sumaron dos más.

¿Qué motivó la selección de las cuatro secretarías adicionales? Tampoco hubo argumentos. La administración pública tiene 19 secretarías y no parecía razonable incluir a Función Pública, Gobernación, Turismo o Trabajo y Previsión Social, pero todavía menos a la Sedena y Marina y así fue.

La autoridad no ha dado ninguna explicación, a pesar de la fuerte polémica que levantó y el rechazo casi generalizado a la inclusión de representantes de las fuerzas armadas. La directora del Conahcyt dio una respuesta informal a través de su cuenta personal de Twitter: “La ciencia se está humanizando con criterios profundos y sustantivos” y la Defensa y Marina, dijo, son secretarías que atienden necesidades públicas y tienen proyectos de investigación “que nada tienen que ver con fines bélicos, sino más bien con una visión humanística” (@ElenaBuylla 11.05.2023). Eso dijo.

El caso es que mucho humanismo y cooperación no parece haber. Seguramente usted recuerda los documentos filtrados de Guacamaya Leaks el año pasado y entre ellos se reveló que la Sedena se negó a que su personal participará en la fase dos de la vacuna Patria. O sea que proyectos y colaboración tampoco explicarían su participación en el Conahcyt.

No hay argumentos para que el máximo órgano de decisión del sistema nacional de ciencia y tecnología se localice en el mismo Conahcyt y menos para la inclusión de Sedena y Marina. Aunque no es la primera vez que se busca incluirlos y un factor adicional son los recursos financieros, como veremos en la próxima entrega.

Pie de página: Tal vez, por fin, haya precisión en el proceso y los datos sobre transferencia de recursos para innovación. // Muy merecido el Premio Nacional de Ciencia a Annie Pardo y muy mal timing para otorgárselo.// Las acusaciones en contra de científicos y exfuncionarios del Conacyt son insostenibles y los tribunales lo siguen ratificando. Pendientes.