Las universidades deben ser lugares de libre debate, de pensamiento crítico, de diálogo democrático de todas las ideas porque ese es el escenario que permite construir culturas de paz y derrotar la desaparición forzada, aseguró hoy la doctora María Clara Galvis Patiño, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Invitada por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) a través de la Unidad Cuajimalpa y la Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU), la abogada destacó que desde la educación puede darse batalla y hacer labores para erradicar este delito en países como México, donde existen contabilizadas más de 100 mil personas en esta condición.

La especialista en derecho constitucional de la Universidad Externado de Colombia hizo hincapié en que el primer papel de una institución de educación superior frente a la pérdida de alguien en el contexto colegial es comprometerse con la búsqueda inmediata y hacer las diligencias tempranas, de ahí que sea crucial que tenga una responsabilidad indiscutible con la indagación.

“La casa de estudios tiene que estar sintonizada con esas obligaciones del Estado de búsqueda inmediata de un estudiante o de un docente, e iniciar las acciones bajo la idea de que podemos estar ante un caso de desaparición forzada”, dijo al dictar de manera virtual la conferencia Las universidades ante los casos de desaparición forzada de su comunidad: reflexiones y agenda de trabajo.

Aunque es importante conocer y saber quiénes son los autores de la desaparición, los primeros días son fundamentales para hacer las labores correspondientes con la finalidad de incrementar las posibilidades de encontrar a las personas vivas.

De acuerdo con la doctora Galvis Patiño, este fenómeno impacta de una manera profunda y grave a la universidad como espacio de creatividad, de pensamiento y de construcción de futuros, porque afecta su esencia misma.

Si bien la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas habla de individuos reconocidos como los afectados, consideró que, con base en experiencias de su país de origen, la institución escolar incluso puede ser “víctima colectiva” cuando en su comunidad hay un miembro ausente.

Otro aspecto tiene que ver con el apoyo no sólo psicosocial a los familiares, sino también el legal, pues la mayoría se encuentra desprotegido cuando alguien cercano no aparece.

La profesora en Derecho Internacional de los Derechos Humanos manifestó la relevancia de construir un protocolo en la institución en el que la propia casa de estudios dé a conocer el contexto en el que se desenvolvía la persona que falta.

“En esa información de caracterizarla tanto en sus rasgos físicos como sociales y de comportamiento, qué hacía, qué actividades desempeñaba y toda esa elaboración del contexto que precede a la desaparición, la universidad tiene un rol privilegiado”.

Es indispensable que ese protocolo que se construya, se revise o se quiera poner en funcionamiento sea construido con la participación de su comunidad y las experienciales de familiares de estudiantes o de aquellos que han sido sometidos a desaparición forzada y se encuentran con vida, expresó.

“La participación es clave para que la escuela tenga un formulismo que debe estar articulado con el protocolo homologado para la búsqueda de personas que no aparecen”.

Como parte de la ponencia, la doctora también abordó aspectos conceptuales de la desaparición forzada, los autores y algunas vertientes legales que se sumaron al vínculo entre este fenómeno y las universidades.

Su presentación contó con los comentarios del doctor Édgar Chávez Hernández, coordinador del Proyecto sobre Desaparición Forzada en México y América Latina de la Unidad Cuajimalpa de la UAM, y el maestro Oscar Espino Vázquez, asesor jurídico de familiares de personas perdidas en el estado de Veracruz.

Ambos coincidieron en que la práctica iniciada por la Casa abierta al tiempo de sumar las voces de las víctimas, de reconocerlas y prestar su oído y corazón a los escenarios de sus experiencias puede ser una de las claves para que la Universidad pueda atender estas emergencias y convertirse en una aliada a partir de una acción social colaborativa.

Previo a la conferencia magistral, el maestro Octavio Mercado González, rector de la Unidad Cuajimalpa, sostuvo que, desde su fundación, la UAM se caracteriza por la importancia que le da al compromiso con la sociedad, el cual dicha sede académica ha buscado no sólo renovar, sino fortalecer aún más en temas relacionados con derechos humanos.

“Desde la gestión anterior de la Rectoría de Unidad, a cargo del doctor Rodolfo Suárez Molnar, tuvo lugar el inicio del proyecto sobre desaparición forzada en México y América Latina, hoy encabezado por el doctor Edgar Chávez Hernández y desde donde se iniciaron trabajos de acercamiento con familiares de víctimas, reconociendo que se trata de un problema grave y de larga tradición en distintas partes del mundo y particularmente en América Latina”.

A partir de esta experiencia, declaró que se ha ido tejiendo una red de aliadas y aliados en otras partes de Centro y Sudamérica para juntos construir una memoria en común y reflexionar sobre la gravedad y vigencia del problema, además de trabajar sobre otra vertiente asociada que es el de la prevención.

“Es un hecho indudable que todas y todos en mayor o menor medida podemos estar en riesgo de enfrentar de primera mano, ya sea por nosotros mismos o por algún contacto cercano, esta terrible situación, lo cual nos llevó el año pasado a editar La guía inmediata para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, elaborada por familiares buscadoras, coordinada por Chávez Hernández y Gabriel Montes de Oca”.

La doctora Guadalupe Huacuz Elías, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU), subrayó que en esta casa de estudios se construyó el proyecto LiberUAM de los Derechos Universitarios con la finalidad de mostrar la exigencia por dichos derechos y, en especial, levantar las voces por las peticiones enmarcadas en un contexto de violencia y represión.

“La iniciativa dirigida por la maestra Patricia López se denomina así porque uno de los derechos a destacar es la libertad, sin embargo, las garantías a la vida, a la dignidad, a la justicia, a la integridad personal, a la seguridad jurídica, a la memoria y a la reparación del daño son esenciales en este proyecto para construir una vida digna”.

La doctora Huacuz Elías explicó que el programa surge de la petición hecha por algunos miembros de la comunidad universitaria para la atención de los casos presentados ante la DDU.

“Esta dependencia está enfocada en visibilizar las dificultades a las que se enfrenta el alumnado, quienes necesitan que les sean respetados, protegidos y garantizados sus derechos por parte de la universidad, aunado a esto se considera que a partir de la educación es como puede lograrse un cambio sustancial a la protección y la dignidad de las personas en un país en el que existen más de 100 mil desaparecidas y desaparecidos contabilizados”, indicó.