Las instituciones de educación superior deben responder cada vez de manera más eficaz a la exigencia social de transparencia.
En un contexto en el que los ciudadanos cuentan con mecanismos para acceder a la información, es fundamental que las universidades públicas ajusten sus marcos legales para dar cumplimiento a estas demandas.
Así lo sostiene Dolly Espínola Fraustro, académica del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Xochimilco.
En entrevista con /i>Campus, señala que existe una “necesidad de actualización permanente de las legislaciones o de los marcos jurídicos con que operan las instituciones, eso tiene que ser un trabajo mucho más rápido”, comenta.
Y es que, en la actualidad, “la sociedad exige que seamos más proactivos y rápidos en actualizar los marcos regulatorios internos, esa es una parte, una dimensión que tiene que ver con una exigencia mayor de actualizar los marcos de acción”.
Al mismo tiempo, detalla Espínola Fraustro, quien coordina el libro Transparencia y acceso a la información en instituciones de educación superior¸ aún existe un desconocimiento de los procesos institucionales que operan para cumplir con el derecho a la información.
“Creo que cuando no se conocen de manera certera o cercana las normativas internas, se les reclama a las instituciones hacer las cosas de distinta forma, que no se actualice de manera mucho más rápida, mucho más expedita, hace que se hagan estos reclamos sobre ciertas formas de actuar.
“Son procesos que tienen que darse de manera permanente, y de cara a las exigencias sociales que hoy son más, cada vez resulta fundamental rendir cuentas de lo que se hace, la ciudadanía tiene a la mano mayores mecanismos para exigirle a las instituciones que rindan cuentas”, asume.
Adaptación al cambio
De acuerdo con la investigadora, las solicitudes de información que se hacen a las universidades públicas del país emanan de varios sectores de la sociedad que buscan conocer sobre los procesos de toma de decisiones y el ejercicio de los recursos presupuestales.
“Nosotros consideramos que era importante hacer un libro que abordara el problema de la transparencia y del acceso a la información de las instituciones, y eso también es un ámbito del cual se debe dar cuenta a la sociedad.
“En el libro se relata, en un capítulo en particular, el que yo escribo, el trabajo que la UAM ha venido haciendo en los últimos 20 años para estar acorde con la necesidad de rendición de cuentas”, comenta.
Y es que, una vez que desaparece el INAI, “hace un par de meses, nuestra universidad se adapta, igual que otras en el país, rápidamente a crear sus propios órganos garantes, a integrar los propios comités de expertos para garantizar la rendición de cuentas y el acceso a la información”, apunta.
En ese sentido, dice la especialista, quien fue profesora en la Universidad Iberoamericana (UIA), “las universidades nos hemos adaptado, no sin dificultad, a este nuevo marco jurídico que la legislación actual nos impone”.
“La mejor ruta era que actualizáramos y reorientáramos el desarrollo de organismos como el INAI, creo que su desaparición es más desafortunada que afortunada, pero, efectivamente, cualquier régimen está obligado a hacer evaluación y hacer modificaciones y transformaciones estructurales, que es lo que estamos viendo ahora en el país, pero creo también que, en ese proceso de transformación, eliminando organismos autónomos, se pierde experiencia”, cuestiona.
Ante este panorama, enfatiza Espínola Fraustro, “las instituciones educativas como la UNAM, como la UAM, nos pudimos adaptar rápidamente, primero, porque ya veníamos de una experiencia.
“Hoy la legislación hace mucho más clara la necesidad de formar órganos garantes dentro de las instituciones y eso da mayor certidumbre institucional, entonces, yo creo que no hay retroceso, en todo caso, es una transformación que obligó a las universidades a ser mucho más proactivas”, explica.
Al final, puntualiza, “sí, fue un cambio obligado, pero creo que eso siempre ayuda en la transformación institucional, porque, a veces, las universidades hacemos transformaciones de manera muy lenta, y hoy tuvo que hacerse de manera muy rápida, y creo que sí se aprovechó bien la experiencia que ya teníamos en este terreno”.
“Para las universidades resulta fundamental organizar, sistematizar la información y garantizar el acceso a la información que da cuenta de las decisiones que se van tomando, y al mismo tiempo, podremos ir avanzando con mayor certeza para cumplir con ese derecho, tanto de la comunidad universitaria como de cualquier persona que no sea parte de las instituciones”, enfatiza.
