Indignación en la Universidad de Guanajuato por homicidio de estudiante

Justicia. Instituciones de educación superior exigen una investigación exhaustiva del caso y mayor seguridad en todos los campus del país

Las instituciones de educación superior fueron sacudidas de nuevo, hace unos días, por la espiral de violencia que las ha hecho, como en otras ocasiones, víctimas secundarias de un entorno adversos que cobra vidas. Ahora tocó el turno a la Universidad de Guanajuato (UGto), cuya comunidad estudiantil alza la voz para exigir justicia. El ataque que sufrieron estudiantes de la Licenciatura en Agronomía del Campus Irapuato-Salamanca de esta institución, ocurrido el pasado 27 de abril, a manos de integrantes de la Guardia Nacional, cayó muy mal en el ánimo y la percepción de quienes integran esa institución pública. Un malestar que se ha extendido a otras casas de estudio y que ha encontrado eco en la propia ciudadanía.

El rector general de la UGto, Luis Felipe Guerrero Agripino, ha asumido los costos que entrañan la exigencia de justicia y el rechazo a la impunidad. Aun cuando el culpable de estos hechos sea castigado, plantea, la vulnerabilidad del sistema de justicia ha quedado expuesta. Y si las instituciones del país no hacen su labor, argumenta, entonces el país puede entrar en terrenos sumamente riesgosos. De ese tamaño es lo que se juega con este homicidio. La muerte de Ángel Yael Ignacio Rangel es una de miles que se han registrado producto de una lucha contra la delincuencia mal encauzada. Y eso ha sacado a las calles a alumnos, maestros, trabajadores, autoridades, académicos y ciudadanos. Las marchas se replican en Irapuato, donde ocurrió la agresión, y en otros municipios del estado.

Cuesta arriba

Si las autoridades a nivel federal no entienden la gravedad de este asunto, el panorama puede complicarse y enrarecerse más de la cuenta. Por eso, el Consejo General Universitario (CGU), máximo órgano colegiado de gobierno en la Universidad de Guanajuato, emitió un pronunciamiento para reafirmar la unidad institucional y la exigencia de justicia por el ataque a un grupo de estudiantes.

Tras una sesión urgente, el rector general cerró filas ante las circunstancias trágicas y lamentables que vive esta institución.

De manera unánime, el órgano de gobierno de mayor jerarquía de la UGto exigió a las autoridades correspondientes que se realice justicia por la agresión de fuerzas de seguridad a estudiantes de la División de Ciencias de la Vida del Campus Irapuato-Salamanca.

Y no es para menos, ya que el Consejo General Universitario está integrado por las principales autoridades ejecutivas, y representantes de la comunidad estudiantil, así como del personal académico y administrativo de los cuatro Campus Universitarios y el Colegio del Nivel Medio Superior de esta casa de estudios.

«Estamos convencidos de que la unidad institucional de nuestra querida Universidad de Guanajuato en estos difíciles momentos, desde su Consejo General, está firme y decidida para continuar con nuestro reclamo y nuestra lucha ante este nefasto acontecimiento», apunta el rector general.

En ese sentido, en solidaridad con el entorno que enfrenta la UGto, autoridades de diversas instituciones educativas del país se han sumado a la demanda de justicia por el ataque a estudiantes de esta casa de estudios, en el que fue asesinado el alumno Ángel Yael Ignacio Rangel, y Edith Alejandra Carrillo Franco, resultó lesionada.

Mediante un pronunciamiento conjunto, Enrique Graue Wiechers, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Enrique Fernández Fassnacht, Director General del Tecnológico Nacional de México (TecNM); Ricardo Villanueva Lomelí, Rector General de la Universidad de Guadalajara (UdeG); Dante Arturo Salgado González, Rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS); Jesús Salvador Hernández Vélez, Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC); Santos Guzmán López, Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UNAM); Alejandro Javier Zermeño Guerra, Rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), y José de Jesús Williams, Rector de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), se adhirieron a la exigencia para que el homicidio del estudiante no quede impune.

Malestar al alza

Aunado a esto, la UGto ha recibido numerosas muestras de apoyo de instituciones hermanas, asociaciones y organizaciones públicas y gubernamentales, así como de organizaciones estudiantiles de diversas instituciones.

En ese contexto, la universidad guanajuatense mantiene la exigencia de justicia para las víctimas y sus familias; que se dé seguimiento a las acciones que realicen las autoridades correspondientes para que estos hechos sean castigados.

Por eso la exigencia del rector general Guerrero Agripino, en el sentido de investigar a cada uno de los elementos de la Guardia nacional relacionados con el incidente. La exigencia es profundizar en las investigaciones para no dejar cabos sueltos.

Por eso nuestra exigencia, que el hecho se investigue con el mayor rigor, con mayor exhaustividad, que no puede tomarse a la ligera”, dice el rector general.
Al mismo tiempo, plantea que personal jurídico de esa casa de estudios mantendrá estricta vigilancia de las indagatorias, como ocurrió durante la primera audiencia, en contra del acusado que quedó en libertad hace unos días.

El otro elemento de la Guardia Nacional enfrentara mañana la audiencia en la que se espera que sea vinculado a proceso por  homicidio calificado en contra de Ángel Yael y de tentativa de homicidio en contra de tres jóvenes más.

Lo cierto, es que independientemente del desenlace de esta fatalidad, la UdeGto, como lo advierte el rector general, seguirá manteniendo su exigencia a las autoridades para lograr condiciones de seguridad en ese estado y en todo el país.

“Lo que nosotros pedimos es que las instancias se coordinen y lo que nosotros pedimos es que se revise este modelo, porque lo que está pasando aquí es muestra de lo que está pasando en el país y exigimos, no pedimos favor, es una exigencia de una comunidad universitaria que quiere y merece mejores condiciones de seguridad.

“Lo hemos dicho en diferentes foros dese el ámbito académico y profesional y aquí lo reiteramos, se tiene que revisar la política criminal de nuestro país y lo que ha sucedido fue un caso extremo”, lamenta Guerrero Agripino.

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