Evaluar y gobernar

A lo largo del siglo XXI, dos procesos estructurales han dominado el comportamiento institucional de la educación superior mexicana. De un lado, el proceso, o procesos, de evaluación de las universidades públicas. Del otro, los cambios en las formas y estilos de gobierno de dichas instituciones. Ambos procesos han contribuido a la comprensión de las transformaciones en los comportamientos políticos y organizacionales universitarios de las últimas tres décadas. Nuevos actores, arreglos y políticas reconfiguraron durante este período un régimen autonómico que obedece (entre contradicciones, tensiones y conflictos) tanto a la lógica de la evaluación como a la lógica de la gobernanza institucional.

La irrupción de ambos procesos cambiaron las reglas del juego institucional. Incentivos como el dinero y el prestigio modificaron con diversa intensidad y magnitud las percepciones y expectativas de las comunidades universitarias y de sus autoridades respecto a los desempeños individuales, grupales y colectivos. La evaluación, que primero fue vista como una amenaza o franca violación a la autonomía universitaria durante los primeros años noventa del siglo pasado, se convirtió con el paso del tiempo en un nuevo repertorio de rutinas, usos y costumbres entre funcionarios y académicos universitarios. Las exigencias gubernamentles de mayor eficiencia, coordinación y cooperación en las decisiones institucionales mezclaron el tradicional co-gobierno universitario al gerencialismo en la conducción de los asuntos universitarios. La música de fondo de estas transformaciones fue dominada por las tonalidades de la “Nueva Gestión Pública”, la búsqueda cuasi-obsesiva de la calidad, la aplicación pragmática de la teoría de los incentivos, y la competencia regular por recursos financieros extraordinarios.

Estas experiencias y procesos de evaluación y gobernanza de la educación superior son los temas de un par de libros recientemente públicados (2022), por Anuies, en su colección “Temas de Hoy”. Uno es Evaluación institucional de la educación superior. Definiciones, modelos y experiencias, cuyos autores son Mario Rueda y Angélica Buendía. El otro es El gobierno de la universidad desde la perspectiva de la Teoría de la Agencia, de la autoría de Mario Alarcón. Ambos textos ofrecen una mirada pertinente no solo a las teorías y enfoques sobre los temas señalados, sino también un examen empírico de algunos de sus efectos institucionales.

En el caso del texto de Rueda y Buendía —dos reconocidos estudiosos de la educación superior mexicana—, el foco de interés es revisar los modelos y políticas de evaluación de la educación terciaria aplicados a lo largo de las últimas tres décadas, vinculados fuertemente a la acreditación y aseguramiento de la calidad académica de las universidades públicas. Dirigido a lectores interesados en la investigación sobre el tema, pero también a los actores institucionales de los procesos de planeación y evaluación universitaria, el libro ofrece un panorama amplio y actualizado sobre los dilemas y tensiones de las teorías y experiencias evaluativas, especialmente en el caso de las universidades públicas autónomas.

Esta revisión incluye la discusión sobre los distintos significados de la evaluación y de la calidad, algunos de sus distintas dimensiones y alcances, sus usos para la proliferación de los rankings internacionales sobre las universidades, la descripción de los actores y agencias relacionados con los procesos de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad tanto al nivel del pregrado como del posgrado. El texto reconstruye la historia de un lenguaje que llegó con la idea de la modernización de la educación superior, un lenguaje que marcó nuevas narrativas sobre viejos problemas de la educación terciaria mexicana. Desde esta perspectiva, y parafraseando a von Clausewitz, la evaluación se convirtió en la continuación de la política por otros medios.

En el caso del libro de Alarcón —un joven académico chileno estudioso del gobierno de organizaciones complejas como la universidad—, el interés se centra en examinar los procesos de gobernanza desde la perspectiva de la teoría de la agencia, una aproximación que coloca el foco en las relaciones de dependencia entre el “agente” (directivos, funcionarios universitarios) y el “principal” (organos colegiados, grupos y comunidades frente a los cuales los directivos gestionan asuntos de interés colectivo para la organización).

Desde este perspectiva, se examina la coexistencia entre las tradicionales formas colegiadas del gobierno universitario y los modos gerenciales que arribaron con las políticas de modernización de la educación superior en América Latina desde los años noventa. Una suerte de neo-contractualismo entre las universidades y sus entornos modificó los viejos arreglos institucionales entre las universidades y el Estado basado en el modelo de patrocinio beningno y negligente, para dar lugar a un condicionamiento financiero basado en la evaluación de resultados. Pero también se modificaron los arreglos internos de la distribución de la autoridad y el poder en las universidades públicas. Esa historia reciente del gobierno universitario está en el centro explicativo del libro de Alarcón, una historia realizada desde la lente conceptual de las relaciones agente-principal.

Ambos textos ayudan explicar las articulaciones entre la evaluación y el gobierno universitario. Bajo un nuevo marco de regulaciones normativas y restricciones fácticas, la evaluación se constituyó como un elemento central en la conducción de los procesos académicos y administrativos de la vida universitaria. Aunque sus resultados fueron heterogéneos y no poca veces difusos y contradictorios, los límites de la autonomía universitaria fueron reconfigurados tanto por los procesos de evaluación como de la nueva gobernanza institucional.

Hoy, bajo la sombra de un entorno internacional, político y de políticas diferente, las reglas del juego parecen desvanecerse sin un horizonte claro de nuevos arreglos institucionales. En el caso mexicano, a pesar de la expedición de una nueva Ley General de Educación Superior, los viejos fantasmas de la ingobernabilidad se combinan con la burocratización o irrelevancia de la evaluación en la hechura de las políticas públicas, mientras nuevos desafíos políticos, organizativos y académicos se acumulan rápidamente dentro y fuera de los campus universitarios. Aunque la evaluación se mantiene como una práctica burocrática, su sentido como herramienta de gobernanza institucional parece desvanecerse entre nuevas incertidumbres políticas, crónicas restricciones financieras, y endurecimiento de añejas desconfianzas de las élites gubernamentales nacionales y subnacionales.