Una oportunidad de cumplir la agenda pendiente en materia de derechos para esta población
El pasado 17 de diciembre fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas, un Segundo Decenio Internacional Afrodescendiente que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2025 y se extenderá hasta 2034. Por consenso, la Asamblea acogió la propuesta de dar continuidad al Primer Decenio (2015-2024) pues se reconocen los pocos avances obtenidos y ha existido una fuerte presión por parte del movimiento afrodescendiente a nivel global para atender las demandas históricas y las brechas de desigualdad respecto a otras poblaciones.
Aunque usualmente en México tendemos a pensar que las personas afrodescendientes son una minoría o extranjeros, vale la pena recordar la presencia histórica de población de origen africano desde la Colonia, en prácticamente todos los estados del país, vinculados a la producción económica en múltiples oficios. Igualmente mencionar que en toda América Latina y el Caribe la población afrodescendiente asciende a más de133 millones de personas, es decir corresponde a la cuarta parte del total regional. En ese sentido, el Segundo Decenio nos interpela de manera directa, abriendo una serie de oportunidades y obligaciones para los Estados de implementar realmente el Plan de Acción pendiente en la primera década del Decenio.
Un antecedente importante de esta lucha global fue la Conferencia Internacional contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, realizada en Durban, Sudáfrica en 2001, durante la presidencia de Nelson Mandela. El Plan de Acción aprobado en Durban reconoce por primera vez la trata esclavista como un crimen de lesa humanidad y compromete a los Estados a desarrollar acciones de reparación histórica en diversos ámbitos de la vida incluyendo la educación la salud el acceso a la justicia, a los derechos, a condiciones económicas dignas, entre otros aspectos.
“Reconocimiento, justicia y desarrollo” continúan siendo los ejes principales en este segundo periodo. Un balance del Primer Decenio muestra que aunque hubo algunos avances en el ámbito del reconocimiento, no ocurre igual en materia de justicia y desarrollo. La población afrolatinoamericana y caribeña presenta indicadores de mayor rezago social, brechas en el acceso a la educación, especialmente en el nivel medio y superior, niveles de violencia exacerbada incluyendo violencias policiales, así como mayores razones de mortalidad respecto a otros grupos poblacionales en el contexto de la covid-19.
En México durante este periodo se aprobó la reforma constitucional que reconoce a la población afromexicana; se han desarrollado iniciativas para el combate al racismo desde Conapred; por primera vez se incluyó la variable afromexicano(a) en el Censo 2020 y en materia de educación se han empezado a incorporar lentamente algunas modificaciones en los libros de texto escolares de primaria y secundaria, relativas a la historia y aportes de las personas afrodescendientes en México. En suma, hay una mayor visibilidad y pequeños avances de inclusión. Sin embargo, persiste una subrepresentación política y rezago en los indicadores de desarrollo económico, brecha digital, redistribución de recursos y garantía de derechos colectivos incluyendo la preservación de los territorios en un contexto de fuerte presión sobre la tierra.
El segundo Decenio afrodescendiente requiere un compromiso total de los Estados con una agenda antirracista y avanzar en la creación de políticas públicas, institucionalidad, estrategias de reparación, inclusión y desarrollo para las personas afrodescendiente en México. Eso incluye a quienes viven de manera permanente como a quienes están en condición de tránsito, dando especial relevancia a niños, niñas, adolescentes y mujeres.
Otros desafíos son profundizar la visibilidad estadística de la población afrodescendiente y poder contar con datos desagregados. Esto es fundamental para comprender no solamente la situación sino también para identificar acciones futuras, lo cual es particularmente relevante en el caso de salud donde no contamos con perfiles epidemiológicos específicos que permitan diseñar acciones. Igualmente ocurre en el ámbito de la justicia pues al no tener información desagregada no es posible conocer, por ejemplo, la situación de violencia enfrentada por mujeres afromexicanas.
En materia de educación es indispensable cerrar las brechas en el acceso, particularmente en niveles medio y superior. Recientemente se inauguró la Afro universidad Politécnica Intercultural, ubicada en el municipio de Santa María Cortijo lo cual es un hito; pero será necesario asegurar su funcionamiento y la generación de mecanismos de inclusión en todas las universidades del país que permitan potenciar el ingreso de estudiantes afrodescendientes y garantizar su permanencia y egreso.
Igualmente ampliar el número de quienes realizan estudios de posgrado pues existen rezagos importantísimos respecto a otros países de la región. Resulta urgente una política específica desde la SEP y la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación para promover el acceso de las personas afrodescendientes a la educación superior y a la investigación; como un mecanismo fundamental para la equidad racial y de género.
