El canario en la mina

Cuando la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) preparó en 2018 el documento Visión y Acción 2030, con propuestas para fortalecer el sector en el país, realizó un llamado a los entonces candidatos presidenciales para asistir a la asamblea extraordinaria de la institución. Todos los aspirantes acudieron al llamado. Excepto quien terminaría ganando la elección: Andrés Manuel López Obrador.

Era una advertencia de lo que sería su gobierno: la educación no es una prioridad para su gestión.

La separación entre el presidente y el medio ha sido evidente. No sólo ha acusado que las personas mejor preparadas están en contra de su gobierno, sino que ha restringido el presupuesto para las instituciones públicas educativas y ha lanzado una campaña en contra de las universidades más representativas del país. Se trata de una búsqueda por deslegitimizar a las clases académicas e intelectuales del país e instaurar la propia (e importarla, si es necesario).

Tras los señalamientos infundados desde el gobierno federal sobre la labor de los estudiantes durante la pandemia, “sugiriéndose que la Universidad Nacional Autónoma de México impidió a las y los alumnos, en sus diferentes grados académicos, participar con las autoridades sanitarias federales y locales en la lucha para la superación de la crisis sanitaria que tantas vidas cobró en nuestro país”, la respuesta de la comunidad ha sido enérgica.

Las instituciones de educación del país no sólo acudieron al llamado por seguir generando espacios adecuados para dar certeza a los estudiantes y al personal educativo, lo hicieron pese a los recortes presupuestales. Las universidades estatales mexicanas levantaron la mano y cumplieron sus funciones a cabalidad. Se tratan de las pocas instituciones que se mantuvieron relevantes y siempre vigentes ante una sociedad acéfala.

La pandemia, además, exhibió las enormes carencias de acceso a oportunidades para los más vulnerables. En enero de este año, la Comisión de Educación de la Coparmex dio a conocer que en los ciclos escolares 2018-2019 y 2020-2021 la deserción escolar alcanzó a un millón 47 mil 227 alumnos a nivel nacional.

“De esta cifra, 374 mil 261 alumnos pertenecían a escuelas públicas y 770 mil 727 a escuelas privadas. Además, 37 mil 734 docentes se quedaron sin empleo en el país”.

Más preocupante aún es que la proporción de niños que viven en situación de pobreza de aprendizaje en México, antes de la pandemia era del 53 por ciento, cifra que alcanzó un 70 por ciento.

En días recientes, la “Encuesta para la Medición del Impacto covid-19 en la Educación” (Ecovid-ED) del Inegi contabilizó 32.9 millones de estudiantes entre 3 y 29 años inscritos en el ciclo escolar 2020-202.

“Sin embargo, 35.2 por ciento de los estudiantes inscritos careció de internet fijo en su vivienda, principalmente por sus limitados recursos económicos (74.1% por ciento), por falta de infraestructura en su localidad (10.8 por ciento) y, desinterés o desconocimiento de su uso/utilidad (9.2 por ciento).

Según un análisis de la firma The Competitive Intelligence precisamente la carencia de una computadora, otro dispositivo o de conexión a internet “provocó la no conclusión del ciclo escolar 2019-2020 para 17.7 por ciento de los 265 mil estudiantes inscritos pero que no concluyeron sus estudios. Mientras que esta fue la razón para que 21.9 por ciento de los 3.3 millones de estudiantes no continuaran inscritos en el año escolar 2020-2021”.

Y, sin embargo, no existe iniciativa o política para atacar las enormes carencias educativas que surgieron en la pandemia. La crisis evidenció las diferencias de acceso educativo entre clases socioeconómicas y manifestó la necesidad de insertar al país en las tecnologías de la información. Pero para el gobierno federal, no hay motivo para distraerse de sus propósitos políticos.

La educación está en una crisis absoluta. Lo manifiestan así las cifras de deserción, de inversión y la intimidación a los académicos y científicos del país desde el aparato del poder. La resiliencia de las universidades está alcanzando un límite: las restricciones presupuestarias y la falta de un proyecto educativo que cobije a las instituciones las mantiene sin rumbo a más de la mitad del sexenio.

Es claro que la educación no está ni estará en la agenda gubernamental. La inacción de un presidente lejano a la educación costará décadas a las nuevas generaciones. El daño a los más jóvenes es casi irreparable ya, más cuando no hay la intención de implementar un plan para rescatar el sector.

En las minas, los canarios son una especie de animal centinela, usado para medir los gases tóxicos a los que se exponen los trabajadores que ahí se encuentran. Si México es una mina, la educación suele ser el canario que sirve como advertencia a los que ahí excavan en condiciones deplorables. Y, si las acciones desde el gobierno federal son los gases tóxicos que ahí se acumulan, el canario lleva tiempo luchando por su vida, pese a las inauditas circunstancias.

La ausencia del actual presidente de México al llamado de Anuies en 2018 fue ese canario en la mina, esa advertencia de la crisis que estaba por venir. Pese a ello, supuestos defensores de la educación descendieron a las fauces de la tierra y legitimaron a un candidato sin el menor plan o intención de sacarlos de ahí. Con ello, dejaron expuestos a los más vulnerables: los estudiantes del país.

El canario se aferra a la vida, sí, pero requiere de la absoluta voluntad de todas las partes por recuperar el tiempo perdido y dar una oportunidad a los jóvenes de salir a la luz.