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Desaparecer el Inai sería más costoso que mantenerlo: Académicos del ITESO

Especialistas coinciden en que sería un retroceso en materia de transparencia, combate a la corrupción y participación ciudadana

Pocos son los temas que logran unir al país en una actualidad política que pareciera la más polarizada en décadas y da la impresión de que el derecho de acceso a la información de los ciudadanos mexicanos es uno de ellos. En fechas recientes, el presidente Andrés Manuel López Obrador desdeñó el quehacer del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y sugirió su desaparición.

Graciela Bernal Loaiza, académica del Departamento de Estudios Socioculturales (Deso) del ITESO e integrante del consejo directivo de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), considera que tan sólo esa intención del ejecutivo “desconoce el proceso de lucha ciudadana y los procesos de democratización del país”.

El derecho de acceso a la información fue reconocido en México como derecho fundamental en 1977, pero no fue sino hasta 2002 que se aprobó la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo cual derivó en la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (Ifai), antecesor del Inai.

José Bautista Farías, académico del Centro de Interdisciplinario para la Formación y la Vinculación Social (Cifovis) del ITESO, recapitula que los organismos autónomos, incluido el Inai, surgieron en un contexto de alta violación a los derechos humanos en el país, así como de una fuerte desconfianza en el gobierno por parte de la sociedad que hasta el momento poco ha mermado, “y que sería aún peor si no existiesen estos organismos autónomos”.

”Si desaparece el Inai, se perdería un contrapeso importante frente al gobierno en materia de acceso a la información y se afectaría la imparcialidad y objetividad de las resoluciones especialmente en los casos altamente politizados, ya que hay riesgo de que el gobierno sea juez y parte en la controversia por derecho a la información”, dice Bautista Farías, también integrante de la Amedi capítulo Jalisco y presidente del consejo consultivo del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (Itei) en 2015.

Bernardo Masini Aguilera, titular de la Coordinación de Investigación y Posgrado (CIP) del ITESO, señala que “el argumento de Andrés Manuel López Obrador (para desaparecer al Inai) es ahorrar dinero. Es cierto que la nómina de los organismos autónomos es costosa, pero eso deja de soslayo que también le ahorran mucho dinero al Estado mexicano, en tanto logran su propósito. Si el Inai logra contener la opacidad en la administración de la función pública, logra ponerle un dique significativo a la corrupción, misma que cuesta mucho más de lo que cuesta el organismo per se”, dice.

Masini, quien fuera presidente de la Amedi Capítulo Jalisco de 2015 a 2017, señala que fue el mismo López Obrador quien argumentó durante su última campaña presidencial que aproximadamente uno de cada 10 pesos del erario era absorbido por la corrupción.

¿Es viable la desaparición del Inai?

Si la propuesta del presidente fuera a concretarse, el camino a seguir sería largo: una iniciativa de reforma constitucional tendría que ser presentada al poder legislativo para su revisión y aprobación, tras lo cual se tendrían que modificar las leyes orgánicas de las secretarías de estado que fueran a asumir las funciones y atribuciones del Inai.

“Eso implicaría una reingeniería de las secretarías, que sería tanto o más cara de lo que ahora cuesta el Inai debido a las capacitaciones para el personal y la creación del vínculo con las unidades de trasparencia y todos los sujetos obligados de todo el país, y tan sólo en Jalisco hay más de 600. Sería mucho más oneroso que mantener las cosas como están hoy en día”, dice Masini.

Para Bautista, la comunidad internacional también estaría en desacuerdo con la medida propuesta por el presidente, toda vez que México ha firmado diversos acuerdos con organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Comunidad Económica Europea (CEE) que lo comprometen a crear leyes para combatir la corrupción, promover la participación ciudadana y fortalecer la democracia por medio de la transparencia y el acceso a la información.

“No es tan sencillo que el gobierno decida desaparecer estos organismos autónomos. Los organismos internacionales le van a pedir cuentas al gobierno y van a ponerle freno en el tema. El factor internacional va a tener mucho peso”, expresa el investigador.

Bernal agrega que esta exigencia de mantener al órgano garante como autónomo se debe además a que “México es un modelo a seguir en el plano de la norma, de las instituciones que ha creado y de los mecanismos que han buscado ser más eficientes y oportunos a favor de la promoción y garantía de este derecho y no de la protección a los sujetos obligados. En ese sentido, es de avanzada, inclusive la ley de Jalisco”.

”De suceder (la desaparición del Inai), se confirma un retroceso hacia un modelo autoritario que va minando las posibilidades de acción democrática de la ciudadanía. La sociedad civil organizada va a estar muy atenta para que eso no ocurra”, dice la académica.

El INAI debe mejorar

A pesar de los logros en materia de transparencia y acceso a la información hasta ahora alcanzados, los académicos coinciden en que hay mucho espacio para la mejora del instituto nacional, entre los cuales destacan fomentar la autonomía y capacidad de agencia propia de los organismos locales en pro de la descentralización, continuar con la profesionalización del instituto y promover la cultura del conocimiento y ejercicio de este derecho.

“Se requiere un esfuerzo coordinado entre muchos actores sociales para ir sentando una cultura política colectiva y el entendimiento de que el uso de ese derecho nos va a permitir conocer más sobre cómo se gobierna, para denunciar actos de corrupción, promover la rendición de cuentas y vigilar a nuestros gobernantes. El gran reto es hacer prevalecer el derecho de acceso a la información pública”, finaliza Bernal.

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