Arreglos formales e informales con particulares terminan afectando economía y salud de la población
Las concesiones legales e ilegales para extraer agua en México han generado cos-tos de transacción muy elevados a los habitantes de las localidades, sostuvo Delia Montero Contreras, académica del Departamento de Economía de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Los arreglos formales e informales con particulares —que tuvo su auge entre 2000 y 2018— se han incrementado con la llamada Cuarta Transformación, afectando a los consumidores que deben comprar pipas, pagar consultas médicas porque enferman debido a la mala calidad del líquido o adquirir productos embotellados.
El gobierno ha reducido el presupuesto para muchas actividades de regulación y monitoreo de cuánto se saca de los ríos, mientras estados y municipios dan concesiones por entre cinco y hasta 50 años, que empiezan a crear externalidades negativas que transfieren los costos a los pobladores, precisó en el Primer Coloquio Internacional de la Red Mexicana de Estudios Institucionales, capitalismo, cambio institucional y comportamiento humano.
Aun cuando el Estado detenta los derechos de propiedad del bien, también tiene ciertas obligaciones, una de ellas la vigilancia, que implica costos de transacción y falta, tanto de personal calificado como de recursos, lo que en la actual gestión “es más evidente”.
Las industrias minera y embotelladoras cuentan con transferencias de derechos por muchos años, como presentaron en un mapa profesores de la Unidad Cuajimalpa de la UAM, refirió Montero Contreras en su ponencia La transferencia de los derechos de propiedad del agua del sector privado en México y su deliberado incumplimiento.
Lourdes Romero Navarrete, especialista del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, dijo que contrario a lo que se esperaría, la administración federal ha dado más títulos, por ejemplo, las otorgadas a tres empresas lecheras en la región de La Laguna.
“Resulta preocupante la distribución del uso del recurso por parte de la Comisión Nacional del Agua: 30 por ciento al sector ejidal; 43 por ciento a municipios y tres por ciento a familias de empresas que reciben 27 por ciento”.
El organismo incumple el marco legal y “favorece la crisis de disponibilidad y el deterioro, por comisión u omisión”, refirió en la conferencia Los derechos de propiedad en la gestión del agua en México, en el caso de La laguna, Coahuila-Durango.
A esos tres grupos se confirieron cinco concesiones en 2017 y 11 más un año después, pero en 2019 recibieron 116 y en 2020, en plena pandemia, 61 adicionales.
