Los ciudadanos y su relación con la tecnología y el gobierno comienzan a ser temas importantes en la agenda política y lo serán más en el futuro
La participación ciudadana en el uso de las nuevas tecnologías encara el reto de alcanzar la democracia digital y la generación de conocimiento mediante el uso de software libre concebido como como un bien común para combatir la monopolización de la información, coincidieron académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
En el ciclo Big Brother: discurso político, vigilancia y control de Martes UAM de Humanidades, María del Pilar Berrios Navarro, profesora de la Maestría en Sociedades Sustentables de la Unidad Xochimilco, manifestó que la tecnología debe ser puesta al servicio de la ciudadanía para que pueda contribuir a la democracia digital, por lo que se requiere además una economía en crecimiento que destine recursos para contar con una infraestructura robusta que dote del servicio a los ciudadanos.
“Desde hace una década se ha discutido el e-gobierno con la vertiente de una cultura digital dentro de la administración cuyo avance fue muy lento hasta que la pandemia detonó muchos procesos”, reconoció al intervenir en la mesa Democracia digital y participación ciudadana: innovación democrática y nuevas tecnologías.
Lo que se busca “es que el e-gobierno genere un discurso sobre la democracia deliberativa bajo el supuesto de la igualdad, la inclusión y la no discriminación, por lo que organismos multilaterales han incorporado este aspecto como una de las medidas más oportunas y necesarias para los estados por ser un mecanismo para tratar de evitar la involución”.
En este proceso la ciudadanía ha sabido adaptarse a las nuevas tecnologías en los diversos estamentos de la sociedad “y se dice que el ciudadano se convierte en un poder real que accede a la toma de decisiones, el uso de ese conjunto de técnicas le permite un empoderamiento, un mayor civismo, de tal forma que se aprenden nuevas formas de apropiación política para mejorar la democracia”.
Sin embargo, el desafío para la clase política y la administración pública estriba en superar la resistencia para la incorporación digital, para cuyo propósito son necesarios nuevos liderazgos que entiendan la urgencia de agregar esa dimensión y de trabajar de manera conjunta para hacer valer el estado de derecho a partir de la tecnología.
Jesús Elizondo Martínez, académico del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Unidad Cuajimalpa, compartió el resultado de su investigación sobre el monopolio del conocimiento, entendido como conglomerados comunicacionales en el marco del big data, que amenazan la democracia mediante la acumulación de información, además de dominar espacios de la sociedad civil.
“El saber es un bien común que está sujeto a las presiones monopólicas que tratan de apropiarse y agotar esos recursos de la comunidad, como ha sucedido con los bienes comunes para privatizarlos. Ese fenómeno que vimos en la sociedad industrial en el ámbito mundial parece repetirse en la colectividad del conocimiento por los nuevos actores económicos en el big data”, explicó el profesor.
Por tanto, “debemos arribar a un movimiento ecologista cultural con políticas que nos permitan primero ver y luego preservar el dominio público para comprender sus contribuciones al arte, la tecnología y cultura, teniendo como elemento central el uso del código abierto”.
