El 20 de enero se cumplió un año del segundo mandato del presidente Donald Trump, y parece que Estados Unidos —y el mundo— nunca será el mismo. Es difícil exagerar el impacto sísmico del Trump 2.0 en casi todos los ámbitos de la política nacional e internacional. Pero pocos sectores han sufrido la embestida del magnate republicano como la educación superior; sobre todo, las universidades de élite. Bajo el pretexto de una supuesta explosión de antisemitismo en los campus universitarios, entre otras razones, su gobierno congeló casi 4 mil millones de dólares en fondos federales para la investigación científica, interrumpiendo cientos de pruebas clínicas y frenando avances en áreas críticas como el combate al calentamiento global. Además, revocó más de 8 mil visas a estudiantes extranjeros, algunos de los cuales fueron deportados en violación de órdenes judiciales, y quitó el estatus libre de impuestos a universidades con grandes fondos patrimoniales. Lo anterior forma parte de una campaña de intimidación en contra de un sector que el vicepresidente J. D. Vance ha denominado “el enemigo”.
A lo largo de 2025, Trump firmó 19 órdenes ejecutivas que buscan acabar con siglos de autonomía universitaria y libertad académica. Destaca la orden titulada “Poniendo fin a la discriminación ilegal y restaurando la oportunidad basada en el mérito”, firmada en su segundo día en el poder. Esta prohíbe las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) en cualquier institución o programa que recibe fondos federales. La medida llegó dos años después de que la Suprema Corte, dominada por jueces conservadores nombrados por Trump durante su primer gobierno (2017-2021), pusiera fin a las políticas de acción afirmativa en la educación superior. En conjunto, representan un golpe de gracia a medio siglo de políticas de derechos civiles en el país.
Trump y sus aliados también han lanzado una campaña de censura política dentro de las universidades. En 2025, se introdujeron 93 propuestas de ley en 32 estados, aprobándose 21 que prohíben la enseñanza de temas sobre raza, género, LGBTQ+, así como la historia de la esclavitud, entre otros contenidos considerados dañinos a la “identidad nacional”. Como resultado, decenas de profesores y varios presidentes universitarios perdieron sus trabajos o fueron sometidos a investigaciones por supuestamente violar los nuevos reglamentos.
Además, en nombre de la “diversidad de perspectivas” (viewpoint diversity) en la academia, se adoptaron distintas estrategias para obligar a las instituciones a garantizar la misma proporción de profesores conservadores que progresistas. Destaca el llamado Pacto por la Excelencia en la Educación Superior (Compact for Academic Excellence in Higher Education), una propuesta enviada por la administración en octubre pasado a nueve universidades de élite, incluyendo Texas, Pennsylvania y Dartmouth. El pacto ofrece acceso favorable a fondos federales a cambio de cumplir con la visión de la Casa Blanca en las políticas de admisión (que no deben considerar la raza de los estudiantes) y la contratación de nuevos profesores (preferentemente conservadores), entre otras áreas. No obstante, siete de las nueve universidades rechazaron la oferta de forma inmediata, alegando que atenta contra su autonomía e implica “derechizar” a las instituciones; las otras dos no han comentado públicamente.
La guerra contra la Ivy League
La ofensiva contra las universidades comenzó en marzo, cuando el gobierno de Trump amenazó con cancelar 400 millones de dólares en fondos federales para la Universidad de Columbia, en Nueva York. La administración acusó a la universidad —una de los solo 8 miembros de la prestigiada Ivy League— de fallar en la protección a estudiantes judíos en medio de las protestas contra la guerra en Palestina. Un mes después, las autoridades detuvieron a Mahmoud Khalil, un estudiante de posgrado palestino y prominente activista, e intentaron deportarlo, a pesar de contar con residencia permanente. El gobierno citó una ley anticuada que permite deportar a personas peligrosas en tiempos de guerra (según el presidente, Estados Unidos libra una guerra contra la migración ilegal). Aunque un juez federal temporalmente detuvo la deportación, Trump amenazó que el proceso contra Khalil sería el primero “de muchos por venir”, desatando indignación y miedo en las universidades. Además, en marzo, una profesora de la Universidad de Brown, especialista en trasplantes de riñones, también fue deportada en contravención de una orden judicial.
Aún más audaz e inesperada fue la campaña de Trump contra la Universidad de Harvard. El 11 de abril, el Departamento de Educación envió a la universidad una lista de demandas, incluyendo cambios en el proceso de admisión, en la contratación de profesores y en la administración de programas académicos, los cuales quedarían sujetos a la supervisión federal. Además, el gobierno amenazó con congelar 2.2 mil millones de dólares de apoyos federales para la investigación en caso de no cumplirse las demandas. Otra vez, alegó que Harvard se hizo de la vista gorda ante las amenazas contra estudiantes judíos, aunque no se mencionaron las presiones que enfrentaban los estudiantes palestinos.
El gobierno también amenazó con quitarle a Harvard el permiso de recibir estudiantes extranjeros, afectando a más de 6 mil alumnos. A diferencia de Columbia, que aceptó las condiciones del gobierno a cambio de conservar sus fondos de investigación, Harvard no claudicó. El resultado fue una batalla legal que sigue hasta la fecha, con algunas victorias temporales para la universidad. Otras instituciones, como la Universidad de California, en Los Ángeles, también han logrado detener la embestida del gobierno federal, que amagó con quitarle 1.2 mil millones de dólares en fondos para la investigación. No obstante, el clima de miedo persiste en las universidades.
Fuga de estudiantes cerebros
Como resultado de las medidas persecutorias, el número de estudiantes extranjeros cayó en agosto por primera vez en tres años, según el National Student Clearinghouse Research Center. Los programas de posgrado sufrieron el mayor golpe, con 10 mil alumnos extranjeros menos en el año académico 2025-2026, mientras hubo 5 mil extranjeros menos en programas de licenciatura. El impacto no fue solo cultural, sino económico, ya que los más de 1.2 millones de estudiantes extranjeros contribuyeron con unos 43 mil millones de dólares a la economía estadunidense en el periodo 2024-2025, según el informe Open Doors, del Instituto de Educación Internacional.
A su vez, las medidas en contra de las políticas de equidad impactaron en la proporción de estudiantes de minorías raciales en las universidades de élite. Un análisis de 27 universidades selectas encontró que 25 sufrieron caídas en la proporción de estudiantes afroamericanos y 21 tuvieron menos latinos, según Bloomberg. En Harvard, los estudiantes negros representaron 11 por ciento de la matrícula en 2025, una caída de 3 puntos, mientras que la proporción de esos estudiantes cayó de 5 a 1.6 por ciento en el California Institute of Technology y de 9 a 5 por ciento en la Universidad de Princeton.
Mientras tanto, numerosos investigadores han buscado empleo en otros países, aumentando el espectro de una fuga de cerebros en la academia estadunidense. Una encuesta de la revista Nature a mil 600 académicos reportó que 75 por ciento estaba “considerando dejar los Estados Unidos debido a la disrupción causada por Trump”. Algunos inclusive aprovecharon ofertas de distintos países, desde Canadá a Europa, para recibir a los científicos de Estados Unidos, aumentando los miedos de un declive en eldominio científico del país.
La lucha de la academia y el panorama futuro
Si bien muchas administraciones universitarias han claudicado ante las amenazas de Trump, diversos grupos de académicos han promovido 56 juicios legales contra la administración por censura. Sin embargo, la mayor defensa a las universidades ha venido de los tribunales, que han obligado al gobierno a restituir la mayor parte de los fondos federales para la investigación y han frenado varias deportaciones —por lo menos de forma temporal—. A su vez, el pasado 16 de enero, el juez federal William G. Young emitió un juicio que protege la libertad de expresión de estudiantes extranjeros, quienes, dijo, no pueden ser deportados “por venganza”.
No obstante, también hubo retrocesos. El 15 de enero, un tribunal federal de apelaciones revocó la decisión de otra corte de frenar la deportación de Mahmoud Khalil, el activista palestino, reviviendo los miedos entre los extranjeros. Al final, todo indica que Trump seguirá con su guerra contra las universidades en 2026, prolongando el caos y la incertidumbre. Las implicaciones para millones de estudiantes y profesores, y para la ciencia estadunidense, son graves.
