Pronto veremos si estamos ante un punto de inflexión de las relaciones público-privado en el ámbito de la investigación
La semana pasada planteamos la interrogante de si la escasez de recursos financieros es el motor principal para acotar y desdeñar la participación del sector privado en el terreno científico y tecnológico o, más bien, la razón de la hostilidad habría que encontrarla en una impronta ideológica que busca separar lo público y limitar lo privado.
Algunas evidencias muestran que se trata principalmente de lo primero, porque fundamentalmente es el impacto de una política de austeridad que lleva al límite, mínimo, los recursos públicos en toda la administración, sacrificando lo que haya que sacrificar y, a contrapelo, los canaliza a los 30 programas y proyectos que tiene marcados como prioritarios. Los recursos quiebran su cauce por lo no prioritario.
Sin embargo, también es probable que la restricción de recursos financieros encuentre un punto de convergencia con las motivaciones ideológicas. El asunto es que, sea una o ambas, las medidas podrían alterar el funcionamiento del sistema en su conjunto y tener efectos colaterales más relevantes.
Tal vez lo que ocurrió con el programa de becas de Conacyt sea una buena ilustración del caso. El programa, entre fines de los años 80 e inicio de los 2000, se denominó becas-crédito porque, en realidad, era un crédito. O sea, los estudiantes firmaban un pagaré por el apoyo recibido, al finalizar sus estudios obtenían un porcentaje de condonación dependiendo de si obtuvieron o no el grado y del tiempo que se demoraban para obtenerlo.
La posibilidad de una bonificación parcial o total del crédito también dependía de si el joven maestro o doctor ingresaba a laborar como profesor o investigador en una institución pública nacional, al menos un tiempo equivalente al periodo en el que estuvo becado. Una especie de tasa de retorno y también para asegurar su incorporación en las instituciones públicas.
Posteriormente, las autoridades reconocieron que había una gran desorden en la base de datos de los becarios, en la devolución de créditos y en la efectividad para hacer válidos los pagarés. Al final, se argumentó, resultaba más costoso la cobranza del crédito que no hacerlo.
El programa cambió de ser beca-crédito a simplemente programa de becas y se modificó todo el reglamento. Sin embargo, aparte de las dificultades administrativas, seguramente una de las principales razones para la reforma del reglamento fue la posibilidad de que los jóvenes posgraduados de alto nivel también se pudieran incorporar a laborar en las instituciones particulares, no solamente en las de carácter público, ya fuera porque estas últimas no podían absorberlos o por alentar la participación del sector privado.
Las relaciones entre los sectores público y privado tiene raíces hondas y múltiples componentes. Desde luego, corresponde a una esfera más amplia de cambios en la intervención del Estado, en la política económica y en la planeación del desarrollo. Pero tiene una clara expresión en las diferentes áreas de la administración pública.
Tal vez sea suficiente recordar la fuerte crítica que se desató hacia la calidad de la educación pública en los años ochenta —cuyos ecos todavía hoy resuenan—y su contención, lo mismo que el crecimiento exponencial de las instituciones de educación superior particulares que se produjo a pesar de la crisis de aquellos años.
En fin, no son nada irrelevantes las modificaciones a las normas, por pequeñas que sean, porque no solamente tienen un efecto evidente, directo, también tienen otros impactos colaterales y expresan tendencias.
Por la misma razón, algunas de las universidades privadas más destacadas a nivel nacional, como el Itam, la Ibero, la Salle, las Américas, la Panamericana, Anáhuac, el Tec, la del Valle de México, entre otras, la semana pasada, en desplegado público en diferentes medios, incluido Campus, llamaron a reconocer el “carácter público del conocimiento e innovación que se genera en las instituciones de educación superior privada por su personal académico adscrito al Sistema Nacional de Investigadores” (19.05.2021).
Las 29 universidades que se pronunciaron públicamente están agrupadas en el Consejo de Universidades Particulares e Instituciones Afines (Cupria). Este Consejo es el órgano colegiado de la ANUIES, responsable de coordinar el trabajo de las instituciones particulares asociadas.
Y sí, la principal la principal demanda de las instituciones firmantes es que se garantice la “inclusión e igualdad de trato a todos los investigadores de las instituciones públicas y privadas en todos los programas de Conacyt, incluyendo la restitución de los estímulos económicos a los investigadores de las instituciones particulares”.
El actual reglamento del SNI, el que se publicó el mes pasado, suprime el apoyo económico a investigadores de instituciones privadas, aunque les conserva el nombramiento correspondiente (Diario Oficial de la Federación 20.04.2021).
Actualmente, después de amagos y retractaciones, todavía están vigentes los convenios de colaboración entre instituciones particulares y el Conacyt, pero si el reglamento no cambia, la eliminación del apoyo será efectivo a partir del año próximo. Pronto veremos si la hostilidad es un efecto colateral o estamos ante un punto de inflexión de las relaciones público – privado.
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Pie de página: La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, informó el 25 de mayo: “A nivel nacional, precisamente tenemos un 81.5 por ciento de los 3.1 millones de precisamente personal que trabaja en las instituciones, llevamos un promedio de dos millones 564 mil 406 personal precisamente vacunado”. Eso dijo.
