La semana pasada se presentaron dos proyectos relevantes para la educación superior. Uno tiene que ver con dinero; el otro, con aprendizajes. El primero confirma que la educación superior no es prioritaria en la agenda del gobierno desde hace por lo menos tres sexenios. El otro significa el reconocimiento de que los aprendizajes acumulados por los estudiantes y egresados de escuelas y universidades son insuficientes para adaptarse a las nuevas circunstancias laborales.
El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el año 2026 castiga una vez más a la educación superior pública, que no se compensa con las políticas de “becarización” educativa que se han adueñado de la retórica oficial desde el sexenio pasado. Al colocar en el centro el dinero en el bolsillo de los estudiantes, se omite o minimiza la relación que guarda el apoyo económico con los aprendizajes efectivos, pues el abandono de las prácticas sistemáticas de evaluación de los desempeños escolares a lo largo de los últimos años impide valorar objetivamente la relación entre presupuestos y aprendizajes.
La instalación de la “Comisión Nacional de Aprendizaje a lo Largo de la Vida” por parte de las autoridades de la SEP es una clara señal de reconocimiento del elefante en la habitación. La insuficiencia de la calidad y pertinencia de los procesos educativos de la población mayor a los 15 años que alcanza un promedio de 10 años de escolaridad (es decir, el primer año de bachillerato) se refleja en la búsqueda de los individuos por incrementar sus capacidades y habilidades laborales a través de cursos, talleres, seminarios, diplomados, programas de licenciatura y eventualmente de posgrado, que han crecido vertiginosamente como opciones de consumo privado, que alimentan un gran mercado de formaciones rápidas y de bajo costo en modalidades virtuales, presenciales o mixtas.
La paradoja es evidente: mientras se reduce en términos reales el presupuesto público a la educación superior, se incrementan las exigencias y necesidades de cualificación de las formaciones individuales de millones de personas. Esto lleva a cuestionar nuevamente la relación entre dinero y aprendizajes. ¿Más becas significan, automáticamente, mejores aprendizajes? Las políticas nacidas bajo el oficialismo morenista desde el sexenio pasado suponen que sí, y ese es un componente central de la Ley General de Educación Superior aprobada en 2021. Ese supuesto se combina con el hechizo de las retóricas innovadoras que colocan a los medios por delante de los fines, a pesar de las restricciones presupuestales que un año tras otro se reflejan en el deterioro de los contextos, capacidades y climas académicos universitarios.
Las políticas presupuestarias y las políticas de los aprendizajes miran en sentidos opuestos. Una supone menos apoyos a las instituciones y más apoyos a los individuos. La otra supone que con microcredenciales los individuos mejorarán la calidad de sus empleos. El problema central tiene que ver nuevamente con las desigualdades sociales e institucionales que cruzan todo el espectro de las realidades y comportamientos esperados por las políticas. Las pérdidas acumuladas en términos reales de los presupuestos institucionales en educación superior en la última década se reflejan ya en la atención de los asuntos rutinarios de los programas de pregrado y posgrado de las instituciones públicas universitarias y no universitarias: recortes a las nóminas del personal de apoyo, restricciones a la contratación de nuevas generaciones de profesores, condicionamientos crecientes a las becas de posgrado, o a los apoyos a programas universitarios de movilidad estudiantil.
¿Hacer más con menos?
Las realidades y potencialidades prácticas de microcredenciales que certifiquen nuevos aprendizajes están sujetas a las posiciones y aspiraciones de los individuos en la distribución de sus capitales escolares. Los sistemas de créditos que se diseñaron para facilitar el tránsito por los programas universitarios de licenciatura son considerados insuficientes o inadecuados para mejorar las oportunidades laborales en los mercados de trabajo. Desde esa perspectiva, el ensanchamiento y alargamiento de sus cualificaciones académicas, técnicas o profesionales a través de nuevas formas de credencialización/acreditación de nuevas habilidades y talentos se propone como la solución a los problemas de empleabilidad de los egresados universitarios.
En estas circunstancias, la agenda de la nueva Comisión Nacional está marcada por dilemas y tensiones académicas, técnicas y presupuestales. El viejo lema de hacer más con menos que pusieron de moda los gobiernos neoliberales para emprender la reforma del Estado en los años ochenta se mantiene como el emblema de las políticas presupuestarias y de aprendizajes de los gobiernos antiliberales. La experiencia internacional muestra una relación positiva entre el mejoramiento de los presupuestos públicos y la calidad de los aprendizajes escolares. Y también enseña que entre menores sean los recursos públicos, peores serán los resultados académicos. El caso de México se acerca más a este espectro de resultados de experiencias de políticas fallidas en educación superior, donde la apuesta central se ha concentrado en las becas a los individuos más que en los apoyos a las instituciones. La lección desde hace tiempo es la misma: no basta tener más cobertura o mejor eficiencia terminal. Es necesario mejorar la calidad y pertinencia de los aprendizajes.
La viabilidad de la nueva Comisión dependerá en buena medida de revisar la política presupuestal hacia la educación superior. La expedición de nuevas credenciales sobre competencias académicas ya circula desde hace tiempo a través de programas virtuales como “Coursera” (fundada en 2012), que se ha consolidado como una empresa que vende cursos cortos de actualización en varias disciplinas, y que incluso ya son válidos como créditos escolares reconocidos en no pocas universidades públicas y privadas mexicanas. La estrategia de acumular aprendizajes a lo largo de la vida se ha convertido en un buen negocio, aunque todavía están por verse sus impactos en la movilidad y mejoramiento laboral de las trayectorias de los egresados.
