En el marco de la Cátedra Cossío, organizada por la Ibero Puebla, Luis Arriaga, SJ, rector del ITESO, señaló que “si en la educación superior el Covid-19 nos ha supuesto enormes retos, en la educación básica los desafíos son mayúsculos”
Una madre soltera cumple con su jornada laboral desde la “comodidad” de su casa en la periferia de Guadalajara, al mismo tiempo está al pendiente de que todos sus hijos e hijas atiendan sus clases a distancia desde sus respectivos dispositivos, aunque la atención no les dure más que unos minutos. Del otro lado de la pantalla, el docente improvisa sus clases con recursos y capacitación limitada para hacer frente a esta situación. Tanto el profesor como la madre de familia han tenido que lidiar con los costos adicionales que implica contar con el servicio de acceso a la internet y los gadgets necesarios para cubrir las nuevas necesidades educativas y laborales que trajo consigo la pandemia, que se suman al desgaste de la vida diaria y al estrés del nuevo contexto social. “Esa es la realidad que han vivido millones de hogares mexicanos”.
Así lo dijo Luis Arriaga Valenzuela, SJ, rector del ITESO, durante el conversatorio “El derecho a la educación y sus retos en tiempos de la pandemia”, llevado a cabo en el marco de la Cátedra Cossío “El Derecho frente al Covid 19”, organizada por la Universidad Iberoamericana (Ibero) Puebla.
Tras suspender la presencialidad de las clases la brecha digital se hizo aún más evidente que en años anteriores no sólo porque impedía que miles de alumnos pudieran acceder a clases en línea, “sino también porque la educación en casa es en sí misma potenciadora de desigualdad: no se vive de la misma manera en las colonias más privilegiadas de Guadalajara que en los barrios más marginados de nuestra periferia urbana”, dijo.
“Si en la educación superior el Covid-19 nos ha supuesto enormes retos, en la educación básica los desafíos son mayúsculos”, afirmó el jesuita. La brecha digital agudizada por la pandemia es un ingrediente más para un potencial abandono masivo de la escuela de hasta 24 millones de estudiantes de todo el mundo, desde educación básica hasta el nivel universitario, acorde con proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En México, cuarenta y cuatro por ciento de los hogares contaba con una computadora y de estos, poco más de la mitad tenían acceso a internet desde casa, de acuerdo con datos de 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y la cifra de deserción podría llegar hasta seis millones, dijo el rector citando datos de la organización Mexicanos Primero.
El panorama internacional y nacional
Alejandra Nuño Ruiz Velasco, directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ, (CUDJ) del ITESO, apuntó que son diversos los tratados, declaraciones y protocolos internacionales los que reconocen el derecho a la educación y lo señalan como inherente a todas las personas, sin distinción. Se trata de una educación “orientada hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana, el sentido, la dignidad, los derechos humanos, las libertades fundamentales, el pluralismo ideológico, la justicia y la paz”.
La titular del CUDJ mencionó que son éstos instrumentos los que señalan que el Estado debe respetar, proteger, abstenerse de inferir y asegurar este derecho, llevando a cabo las acciones necesarias. En el contexto de la pandemia, debe ser menester hacer accesible el derecho a la educación, aún a luz de la ponderación del derecho a la salud y otros, dijo.
Marcos Francisco del Rosario Rodríguez, coordinador de la Licenciatura en Derecho del ITESO, dijo que el marco mexicano faculta al Consejo de Salubridad General para establecer las reglas vinculantes para todas las autoridades cuando ocurre una situación como la pandemia actual. Las medidas pueden suspender o restringir de manera extraordinaria determinados derechos humanos, si bien “los derechos de las niñas, niños y adolescentes son de carácter superior y cuando se ven afectados se tienen que establecer los mecanismos por parte del Estado para garantizarlos”, tal es el caso del derecho a la educación.
El académico consideró que, de seguir con las medidas de aislamiento, el potencial abandono educativo supondría “un retroceso que va a marcar a toda una generación y que probablemente sea irreparable. No existe ningún instrumento judicial o política pública que pueda reparar esto. Creo que ha habido una omisión parcial, la cual a nivel constitucional e interamericano podría tener consecuencias jurídicas, sobre todo en afectación de derechos humanos”, mencionó.
Del Rosario Rodríguez retomó lo dicho por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en relación con que el acceso a la educación es un soporte necesario para el desarrollo humano y social, por lo que “si se limita o restringe, total o parcialmente, hay una afectación emocional pero también social”.
En este sentido, recalcó que el artículo primero de la constitución obliga a todas las autoridades a promover, respetar y garantizar los derechos humanos. “No se puede quedar en stand-by permanente justificando un discurso legítimo, que es la salvaguarda del derecho a la salud. Los derechos humanos están correlacionados, si se prioriza sobremanera un derecho humano habrá violaciones concatenadas a otros derechos”, dijo.
¿Qué sigue?
El Rector lamentó que, si bien nadie es inmune a la pandemia, “los efectos sí se viven más álgidamente desde ciertas identidades y lugares sociales” y el derecho a la educación no es la excepción.
“Las secuelas de la pandemia en la educación no cesarán con la disminución de la crisis sanitaria. Su efecto en el plano educativo se sostendrá en el tiempo y las instituciones educativas deberemos desarrollar análisis y diagnósticos para paliar los efectos más inequitativos de este impacto”, dijo.
Para tomar los primeros pasos en esa dirección, las instituciones que forman parte de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (Ausjal) firmaron el Pacto Educativo Global convocado por el Papa Francisco. Asimismo, se han redoblado esfuerzos para desarrollar proyectos relacionados con la pandemia que incidan en la sociedad y beneficien a sectores vulnerables, además de extender esquemas de ayuda financiera a los integrantes de las comunidades universitarias como parte del compromiso para no reproducir la desigualdad.
Nuño aplaudió que, a lo largo del último año, las instancias internacionales han emitido pronunciamientos cada vez más integrales. Sin embargo la académica urgió a evaluar las acciones que se tomaron en la inmediatez de la emergencia sanitaria, a la luz del aprendizaje obtenido y desde un enfoque de derechos humanos.
Resaltó que el Comité de Derechos del Niño, la CIDH y la Relatora Especial de la ONU para el Derecho a la Educación emitieron una serie de preocupaciones y recomendaciones que coinciden en temas de digitalización de la educación, brecha digital y la reapertura segura de centros educativos. La CIDH recomienda preparar los espacios educativos para la presencialidad con las medidas de prevención de contagio, pero siempre acatando las decisiones de las autoridades de salud.
Estas instancias urgen a que el sistema educativo cuente con presupuesto suficiente para implementar las estrategias necesarias, además de que “el comité recomienda a los Estados considerar los impactos sanitarios, sociales, educativos, económicos y recreativos de la pandemia”.
En la actividad también participaron Ana María Vázquez Rodríguez, directora del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, y José Antonio Bretón Betanzos, coordinador de los posgrados en derecho de la Ibero Puebla. La Cátedra Cossío cuenta con la participación de la Ibero Ciudad de México-Tijuana, León y Torreón, además del ITESO, y se lleva a cabo de manera virtual del 22 al 26 de febrero.
