La Casa Rosalina actúa ante los intentos de modificar su Ley Orgánica y afectar su gobernanza
La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) enfrenta, desde hace unos días, una embestida por parte del H. Congreso del Estado de Sinaloa, que intenta vulnerar el principio constitucional
de Autonomía de esta máxima casa de estudios y con ello afectar a su comunidad universitaria.
La Universidad inició una lucha legal en la cual se mantiene, ya que el 1 de marzo de este año se publicó la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa mediante la cual, al margen de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y excediéndose en lo contenido en la Ley General de Educación Superior, el Poder Legislativo Local pretende realizar consultas tendenciosas con el propósito de modificar la Ley Orgánica de la UAS, ley orgánica que genera gobernabilidad y calidad académica al interior de la institución.
De igual forma pretende burocratizar la entrega de los recursos al plantear que estos estén sujetos a la voluntad de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del gobierno del estado, lo que pone en riesgo la calidad académica y la estabilidad laboral; así también pretende que todo el personal universitario se sujete a la Ley General de Responsabilidad Administrativa, como se maneja con los funcionarios públicos, dejando de lado los procedimientos y acuerdos bilaterales entre el sindicato y la administración, lo que afectaría los mecanismos que regulan las relaciones laborales.
El Congreso estatal pretende también que las licenciaturas y programas educativos que ofrece la Universidad, ahora tengan que ser autorizados por la Secretaría de Educación Pública estatal, violentando así la libertad educativa y también busca, bajo el argumento de transparencia someter a la UAS a revisiones y auditorías por parte del Congreso, pese a ser la institución de educación superior más auditada por la Federación, con un total de 33 auditorías en los últimos años.
Apoyo interinstitucional
Esta situación ha generado que organizaciones educativas como la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) y el Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex) hayan manifestado su apoyo a la UAS y su rechazo a la forma de actuar del Congreso de Sinaloa por considerar que violan flagrantemente la autonomía universitaria, sobre todo al ser la Universidad Autónoma de Sinaloa una institución pública con una trascendente misión social en el plano educativo.
La Universidad Autónoma de Sinaloa también recibió el apoyo incondicional de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu), la cual establece que la autonomía universitaria es producto de la lucha y esfuerzo a lo largo de la historia, en la idea de respetar el autogobierno, la libertad de cátedra, la trasparencia y rendición de cuentas, lo que constituye un derecho fundamental de las casas de estudios del país.
Para enterar de la situación, la UAS emprendió una jornada de información con la comunidad universitaria, los padres de familia, los sectores productivos y la sociedad en general, para exhortarlos a defender a la institución que brinda educación de calidad a miles de jóvenes sinaloenses y de otros estados del país.
Mientras tanto, la UAS mantiene sus actividades sustantivas como son la academia, la investigación, la cultura y el deporte, como parte del compromiso establecido con la sociedad y su desarrollo.
