La salida de la crisis institucional en la UV

El miércoles 27 de agosto el rector presentará su cuarto y último informe sobre su gestión. Como es frecuente se tratará de difundir un discurso optimista, en el que todo son logros. Ahí se expondrán como propios los resultados del trabajo académico de los profesores e investigadores, se considerarán los hechos como avances sin una perspectiva histórica. Se seguirá engañando a la comunidad con datos presentados a modo y eludiendo un balance crítico y autocrítico sobre la situación que vive la Universidad.

Es poco probable que se reconozca la ausencia de un proyecto académico de largo aliento para una universidad de excelencia pues en estos cuatro años nada se ha avanzado en la modernización y desarrollo del modelo de enseñanza, nada se ha avanzado en los procesos de digitalización para ampliar la oferta académica, no hubo claridad para impulsar la actualización de los planes de estudio en los temas principales: igualdad de género, sustentabilidad, derechos humanos, cultura digital. No es probable que se reconozca públicamente el fracaso de las aulas híbridas y la ausencia de un proyecto tecnológico con base académica. Nada se dirá de la fragilidad de nuestros cuerpos académicos, de la ausencia de políticas de fomento a la investigación científica, del abandono de los proyectos de vinculación, del fracaso de las políticas de posgrado. Quién sabe qué se vaya a decir ahora sobre la difusión cultural universitaria como balance de los cuatro años de gestión.

No hay un proyecto académico para cada una de las regiones y la UVI está casi abandonada; el campus de Agua Dulce es un ejercicio improvisado, desligado del proyecto del corredor interoceánico y desvinculado de los cuerpos académicos universitarios y de las comunidades. La Universidad ha perdido su papel de vanguardia tecnológica y científica en Veracruz.

Si el informe fuera autocrítico, debería reconocerse que ha habido un nulo avance en la lucha por el 4 por ciento del presupuesto; que la negligencia y el burocratismo han hecho que se devuelvan millones de pesos por subejercicios y malas planeaciones; que muchas de las obras realizadas han sido de escasa calidad y que se ha estado haciendo un uso político de las inauguraciones de comedores, bodegas, pasillos y otras obras menores.

Enredados en el autoelogio, seguramente se tratará de justificar la prórroga y se seguirá insistiendo en el falso discurso del aval jurídico y del respaldo de la Junta de Gobierno.

Aunque sea visible a todas luces, no se hablará del proceso de colonización de la Junta por un grupo de interés que durante esta gestión fue depurando progresivamente a 5 integrantes y sustituyéndolos a modo. No se hará un balance crítico del actuar de la Junta y su reiterada violación de la legislación, su desprecio por la comunidad y su papel activo en la crisis institucional que vive la Universidad.

Este cuarto año de gestión está marcado por dos hechos oprobiosos para la Universidad y su comunidad: la solicitud del rector para prorrogar su gestión por cuatro años más (sin tener atribuciones para ello y sin cumplir el requisito de la edad) y la jugarreta de la Junta de Gobierno para aceptar la solicitud, inventarse un procedimiento de análisis y consulta (por fuera de las normas y de sus competencias y atribuciones), y luego otorgar la prórroga con el voto de siete de sus integrantes. Violando lo que está establecido por la ley, la Junta de Gobierno omitió expedir la convocatoria, abrir el registro de aspirantes, favorecer la reflexión y el contraste de propuestas entre la comunidad, entrevistar a los candidatos y realizar una verdadera auscultación. La Junta ha actuado de modo faccioso, coludida con el rector, para mantener el gobierno de la Universidad sometido por el mismo grupo de interés.

Un informe institucional debería reconocer la emergencia de un enorme movimiento universitario contra la prórroga y la necesidad de escuchar y atender sus demandas por legalidad. Tal informe debería reconocer la naturaleza de la crisis institucional pues al violar la Ley Orgánica, la Ley de Autonomía y su propio reglamento interno, la Junta de Gobierno ha traicionado la confianza de los universitarios, ha perdido toda legitimidad y es objeto del repudio de la comunidad universitaria y de la opinión pública veracruzana. El informe debería considerar que en oposición a la transgresión de la ley y las prácticas institucionales de la UV se han expresado una veintena de ex integrantes de la Junta, un amplio grupo de juristas expertos, cuatro exrectores de la Universidad, 80 destacados académicos del SNII, las voces indignadas de los consejeros universitarios, cartas y desplegados de profesores y estudiantes de muchas facultades. Debería observar que en la Red UV por la legalidad se integran casi mil estudiantes, profesores, trabajadores administrativos y manuales, jubilados y egresados que se movilizan contra la prórroga en todas las regiones del estado de Veracruz. Debería consignar que se han interpuesto al menos 5 amparos que siguen en proceso. Que en la esfera pública, se han publicado más de 250 artículos y notas editoriales en todos los medios contra la prórroga. Que nadie, salvo el oficialismo, respalda al rector. Que desafiando la estrategia de amenaza, hostigamiento y control autoritario de la administración central, hasta ahora se han realizado un par de manifestaciones por las calles de Xalapa, la toma simbólica y pacífica de la Rectoría y se preparan nuevas y más significativas expresiones públicas contra la prórroga y la violación de las leyes universitarias.

Más allá del Informe, el Consejo Universitario deberá discutir y resolver las demandas del movimiento que representan la verdadera salida de la crisis institucional: la revocación del acuerdo de la prórroga, la disolución de la actual Junta de Gobierno, y la elección en el Consejo Universitario General de una nueva Junta que retome el camino de la legalidad y convoque a la renovación de la rectoría. El Consejo Universitario puede, por lo demás, designar de manera interina una persona como titular de la Rectoría.